Periodista y editora internacional.
Honduras llegó a las urnas del 30 de noviembre con sus instituciones electorales fracturadas y más allá de la polarización interna. La sombra de la operación Southern Spear, el despliegue militar estadounidense en el Caribe, y la de un presidente norteamericano, Donald Trump, había convertido la elección hondureña en un asunto de política doméstica estadounidense.
El respaldo explícito de Trump al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, acompañado de la advertencia de retirar la ayuda económica si no ganaba, transformó la campaña en un ejercicio de coerción, ya no era influencia sutil, sino de un ultimátum económico dirigido a uno de los países más pobres de Centroamérica.
Los resultados preliminares, con un empate técnico entre Asfura y el liberal Salvador Nasralla -y el relegada a un tercer lugar, la oficialista Rixi Moncada- confirman un giro a la derecha. Hoy, a tres días de las elecciones aún no hay definición clara sobre quién asumirá la presidencia en enero próximo.
Como bien señaló la Misión Observadora de la Unión Europea (UE) el proceso se desarrolló en un ambiente de «politización excesiva» de las instituciones, donde la desconfianza era el principal insumo, sumado a la solicitud de las Fuerzas Armadas hondureñas de auditar actas electorales.
En fin, si el respaldo a Asfura fue la zanahoria, el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) fue el garrote. Condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, Hernández fue liberado por orden de Trump, quien tildó el proceso judicial de «cacería de brujas» de la administración de Joe Biden. ¿Y el mensaje? Uno: Washington elige a sus candidatos. Dos: “reescribe” la justicia (a pesar de sí mismo) para sus “aliados caídos”, aún si el caso fue investigado por la misma DEA y la culpabilidad probada en una corte federal estadounidense.
Es precisamente aquí, donde el argumento se desmorona: el indulto ocurre en el preciso momento en que justifica una escalada militar sobre Venezuela bajo la operación Southern Spear. ¿La razón? Detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos desde Venezuela y eliminar a narcotraficantes que “matan a estadounidenses” con cocaína, y a los cabecillas de “organizaciones terroristas” como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.
En declaraciones recientes, Marco Rubio ha acusado además al gobierno venezolano de permitir la presencia de Irán y la milicia libanesa Hezbolá en su territorio, afirmando que esto representa «un peligro» directo para la seguridad nacional de Estados Unidos y una amenaza de seguridad global. Con esto ha ejecutado un giro estratégico significativo: la ampliación del enemigo.
La ley del más fuerte
Según esta nueva narrativa, Venezuela dejó de ser sólo un problema regional de tráfico de drogas para convertirse en una plataforma de actores hostiles extra-hemisféricos, en una suerte de «caballo de Troya» de Irán en el continente americano.
Esta ampliación retórica es fundamental. Transforma una intervención basada en la guerra contra las drogas —una política con un historial catastrófico y ampliamente desacreditado— en una acción de defensa nacional ante una amenaza terrorista.
Proporciona un casus belli mucho más potente y emocional para la opinión pública estadounidense, justificando niveles de escalada militar que hace sólo un par de años parecían impensables.
La contradicción, nuevamente, es insondable. Por un lado, se libera a un expresidente convicto por narcotráfico, un delito que supuestamente justifica bombardeos y amenazas de guerra. Por el otro, se eleva al rival al estatus de anclaje del terrorismo global.
La estrategia entrelaza varios frentes. En primer lugar, recuperar y “disciplinar” a Honduras mediante presión electoral cruda junto a un “acto de gracia” dirigido que busca borrar el pasado incómodo de un aliado para cohesionar su base política detrás del candidato designado, Nasry Asfura. En segundo lugar, deslegitimar y aislar a Venezuela, inicialmente con la narrativa del narcotráfico, hoy ampliada a la de “alianza con el terrorismo internacional”, construyendo una justificación total para la intervención. Y, en último término, aunque no menos alarmante, enviar un mensaje a toda la región: la lealtad se recompensa, incluso con impunidad, mientras que la desafiliación se castiga con el máximo rigor, sea militar o retórico.
Honduras se encuentra hoy en un limbo, pero ya no es un drama aislado. Es el episodio más reciente de una ofensiva que redefine, una vez más, las reglas del juego en América Latina.
La «doble moral» ha escalado: ya no es sólo narcotráfico versus narcotráfico, o impunidad para el “narcoaliado” versus guerra total al “narco-terrorista-enemigo”, sino que contempla nuevo giro estratégico que, en palabras del secretario Rubio, vincula a Venezuela con Irán y Hezbolá. Estamos ante lo que parece ser la preparación del terreno discursivo para una escalada que podría potencialmente reconfigurar a toda la región latinoamericana.
Y, ojo, en esta “realineación forzada” que Washington impulsa, no hay espacio para la neutralidad ni la autodeterminación. En simple: o se es un aliado obediente, cuya vida puede ser perdonada con un decreto, o se es un enemigo absoluto, cuya amenaza debe ser erradicada. ¿Y el respeto a la soberanía de los Estados? ¿Y el Derecho Internacional? ¿Dónde está el Consejo de Seguridad de la ONU o la OEA?… ¿el Chapulín Colorado? ¿alguien?
