La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes visibilizó a través de dos informes la realidad que viven en la frontera de Chacalluta donde centenares de personas, de distintas nacionalidades, buscan salir del país por diferentes razones. Entre los motivos, dice la organización, se encuentra mayoritariamente “el maltrato recibido durante años por la administración del Estado” al no poder regularizar su situación migratoria, conseguir documentación requerida de manera posterior al ingreso de solicitudes, denegación a solicitud de refugio o contar con una orden de expulsión jamás ejecutada.
Por medio de un comunicado, la Red señala que solicitó con urgencia un corredor humanitario que permita la movilidad de quienes desean salir del país, lo que hasta la fecha no ha tenido resultados positivos. “Necesitamos soluciones permanentes que permitan la movilidad. Sabemos lo que significa pretender detener la movilidad. El establecimiento de un puente aéreo por iniciativa del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que comenzó con un primer vuelo la madrugada de este domingo 07 de mayo, es una medida positiva: parcial, pero positiva”, indica.
El texto añade que el mencionado vuelo cubre sólo a una parte de las personas que están varadas en frontera, ya que allí permanecen personas de otras nacionalidades que también desean movilizarse por vía terrestre y no cuentan con esa posibilidad, debiendo tenerla. “Asimismo, existen personas venezolanas que, aun deseando salir de Chile, por diversos motivos no quieren regresar a Venezuela”, explican.
La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes manifiesta que “estamos siendo testigos de todas las perturbaciones que provocan las medidas restrictivas de los flujos migratorios en fronteras, tanto para el ingreso como para el egreso. De parte de las autoridades chilenas en las fronteras de Chacalluta y Colchane se sigue reconduciendo gente e impidiendo la salida por exigencias de tramitaciones administrativas. A muchas personas se les está reenviando a otras ciudades, distantes a cientos de kilómetros, para hacer esos trámites, lo cual es un obstáculo considerando que la conectividad es casi nula y que en muchos casos son grupos familiares numerosos en desplazamiento. ¿Cómo no contar con oficinas de PDI en frontera que tengan la capacidad de facilitar y realizar los trámites necesarios para que estas personas puedan salir del país?”
En la declaración manifiestan que todas estas dificultades, lejos de fomentar la regularidad en la migración, lo que hacen es incentivar la irregularidad a mediano y largo plazo. “No ver las causas que provocaron la irregularidad actual y repetir los errores incurridos en años anteriores sólo conduce a generar más problemas al país y violar los derechos de las personas migrantes”, advierten.
La Red menciona que han recibido información sobre el abordaje en frontera de temas y necesidad urgentes, como la salud, sin embargo, “no vemos más que esfuerzos municipales y locales, de quienes desconocemos su capacidad para cubrir estas necesidades, a veces críticas, que se producen a diario producto de las condiciones de vida extremas a las que las personas migrantes se sometidas en frontera. Mujeres embarazadas, lactantes, niños y niñas, adultos mayores con enfermedades crónicas y, en general, personas desgastadas y muy debilitadas, arriesgan entrar en crisis en cualquier momento”.
Critican ausencia del Estado
Para la organización, existe un abandono del Estado “en asumir que parte de la situación administrativa en que se encuentran hoy dichas personas son resultado de sus malas políticas migratorias. No todo es responsabilidad de quienes desean hoy salir de Chile”.
Esa ausencia de Estado, dicen, se muestra en la realidad que viven a diario personas migrantes, “muchas de ellas víctimas de la negligencia estatal” y agregan que han sido principalmente organizaciones de la sociedad civil e instituciones religiosas quienes en la medida de sus posibilidades han contribuido “para mitigar las condiciones de vida precarias y carentes del reconocimiento de su dignidad, para llevarles un poco de humanidad”.
La Red manifiesta su preocupación por la situación de niños y niñas que se encuentran en frontera con un solo familiar directo y las implicancias que ello tiene para su tránsito. “Es relevante que su movilidad pueda facilitarse, de manera segura, gestionando sus permisos de salida, por ejemplo, a través de medidas alternativas como la declaración de dos testigos en ausencia de uno de los padres”.
El comunicado agrega que, si se considera el comienzo de los flujos migratorios contemporáneos hacia Chile, “llevamos 30 años de retraso en políticas migratorias de Estado, sin perspectivas interculturales, basadas en la evidencia y respetuosas de los estándares internacionales de derechos humanos que habrían puesto a la población en otra disposición frente al fenómeno social que representa la migración y el país hubiera recibido más aportes de estas personas en movilidad”.
Por último, enfatiza en que el Estado chileno se ha comprometido a velar por los derechos humanos de las personas que se encuentren en su territorio, sin importar nacionalidad, sexo u orientación sexual. “Los acuerdos regionales y globales son para dar soluciones comunes a problemas comunes. Estamos en alerta frente a tanta inacción, durante tanto tiempo, en que el Estado maltrata, mientras sigue recibiendo los beneficios económicos provenientes de esta migración que tanto esconde tras discursos criminalizadores y repletos de estigmas”.
