Periodista.
Semanas para el olvido tienen al gobierno y sus partidos de ultraderecha casi al borde de un ataque de nervios. Los últimos días han sido testigos de caras largas, explicaciones que más bien complican y presiones en distintos grados -dentro y fuera del Ejecutivo-, para detener la caída estrepitosa en la aprobación del Mandatario a raíz fundamentalmente del incumplimiento de sus promesas en áreas sensibles como la economía y la seguridad. Un millón de cesantes es prueba de ello.
El gobierno de Kast y el ministro Jorge Quiroz llegaron prometiendo reactivar la economía. Siete meses después, las cifras todavía no muestran esa recuperación. El dato político central es que mientras el gobierno espera que sus reformas impulsen el crecimiento en 2027, los últimos indicadores de 2026 muestran una economía que no consigue recuperarse. Y no son pocos los expertos que dudan de las proyecciones del gobierno para el próximo año.
Hasta unas semanas atrás, se escuchaba en La Moneda y los partidos que sustentan al gobierno, que, si bien se reconocía la existencia de un descenso en las encuestas, se afirmaba que mientras el guarismo de la aprobación no bajara del 30%, no había que preocuparse mayormente. Y ocurrió más pronto de lo deseado. Para el oficialismo, si Kast cruzaba esa barrera, el escenario cambiaría. Ese umbral ya quedó atrás. La última encuesta Criteria situó la aprobación del Mandatario en un 27%, mientras que un 82% de los consultados afirmó que el gobierno está por debajo de sus expectativas.
La tranquilidad, entonces, dio paso al nerviosismo. Comenzaron a aparecer cifras, ninguna de ellas favorables para el común de la gente. Así, quedó en evidencia que Chile enfrenta una situación económica muy preocupante. Las cifras fueron cambiando mes a mes. El desempleo llegó al 9,6%, la inflación anual se mantiene sobre el 4% y la actividad económica cayó un 1% en agosto. El Banco Central ha rebajado sus expectativas de crecimiento a menos del 1% para todo 2026. El problema no es solamente que la economía crezca poco. También se están perdiendo puestos de trabajo, la inversión muestra señales de retroceso y las familias siguen enfrentando precios elevados día a día.
Peor aún fueron las cifras entregadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los organismos regalones de las derechas: acaba de reducir su proyección de crecimiento para Chile a solamente 0,6% en 2026, según su informe publicado el 13 de octubre. Esto representa una caída muy significativa respecto del 2,4% que proyectaba en abril.
Y suma y sigue. Porque el millón de chilenos y chilenas sin trabajo, ha hecho agitarse las aguas en La Moneda. Estas cifras han llevado a un debate intenso sobre la efectividad de la administración de Kast y la necesidad de ajustes en la política económica para mejorar la situación del país. Pero, en Hacienda no se inmutan mayormente y el ministro Quiroz sigue señalando que el futuro, más bien el próximo año, será esplendoroso.
Desencuentros y enojos
La situación ha golpeado internamente a las derechas y particularmente al gobierno de Kast. La información de estos primeros siete meses de administración ha dejado en evidencia conflictos entre ministros, problemas de coordinación en La Moneda, numerosas salidas de autoridades, diferencias entre los partidos que apoyan al Ejecutivo y disputas sobre las reformas económicas y de seguridad.
Hasta el 6 de octubre pasado, 53 autoridades han abandonado el primer barco, sea por salidas, remociones, cambios de puesto o nombramientos frustrados. El número de reemplazos ha obligado a los partidos y al propio Ejecutivo a examinar la selección de autoridades, la estabilidad de los equipos y la continuidad de la gestión. De ahí la desconfianza imperante.
Desconfianza que aumenta cuando el jefe de la billetera fiscal es protagonista de la tensión con otros integrantes del Ejecutivo. Como ejemplo está lo ocurrido con el ministro Alvarado. En agosto, Quiroz presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional sin que el ministro del Interior estuviera informado oportunamente. Alvarado se enteró por la prensa y comentó: “A alguien se le pasó tomar el teléfono”. A lo que Quiroz respondió: “Yo no tengo por qué informarles a todos”. Pero, las tensiones siguieron; en abril fue con el ministro Iván Poduje, por los recortes presupuestarios. En mayo: diferencias con José García Ruminot sobre los plazos de la megarreforma. En julio: un nuevo desencuentro con García Ruminot tras dificultades con los votos parlamentarios. En agosto hubo una controversia por el requerimiento al Tribunal Constitucional.
Lo concreto es que los desencuentros entre ministros, las controversias por decisiones no comunicadas y la reorganización de vocerías son hechos que apuntan a dificultades de coordinación. De hecho, ya están saliendo ministros que emiten declaraciones distintas a la postura oficial de Quiroz, lo que ha provocado que desde el oficialismo reclamen ahora en voz alta, la necesidad de una vocería que aúne el discurso oficial. Y la pregunta que surge es ¿quién coordina la posición común del gobierno antes de que sus ministros anuncien medidas, expresen desacuerdos o comprometan decisiones?
Porque, las disputas por influencia dentro del oficialismo están a la orden del día. RN, Republicanos y la UDI no siempre coinciden en el papel que deben tener los partidos ni en cómo resolver las diferencias. Aparecen también las discrepancias sobre las políticas públicas. El Presupuesto 2027, la reforma de seguridad, las expulsiones migratorias y los indultos han generado desacuerdos sustantivos. Y malestar en algunos, no solamente en Chile Vamos. De acuerdo a versiones de prensa, dirigentes republicanos han cuestionado la influencia del llamado Segundo Piso de La Moneda en decisiones políticas; la escasa consulta a los partidos; la falta de definiciones sobre posibles indultos a ex uniformados; el menor protagonismo que esperaban tener en las negociaciones de la megarreforma. Y lo más importante para ellos, la postergación de asuntos valóricos relevantes para su sector.
Problemas del patio trasero
A los problemas internos, se le ha sumado al gobierno lo que está sucediendo en su relación con Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con el embajador de Estados Unidos en Chile, designado por Donald Trump, -el policía fronterizo Brandon Judd, protagonista de numerosos episodios non sanctos en las prácticas diplomáticas-, que poco a poco han ido colmando muchas paciencias.
Hasta ahora, no es fácil encontrar una voz con peso en la política chilena, que lo defienda. Y eso es porque lejos de respetar las reglas básicas de la diplomacia, este embajador ha intervenido públicamente en asuntos internos del país en áreas estratégicas como telecomunicaciones, comercio, seguridad, relaciones con China y soberanía territorial. De ahí a vincular su actuación con la estrategia hemisférica del gobierno de Trump, hay menos de un paso.
Y es por eso, también, que en Chile gradualmente aumentaron las críticas de la oposición y siguió un curioso semi silencio en el oficialismo. Es que la evolución de los acontecimientos en relación con Estados Unidos, han dejado en evidencia que la afinidad política entre presidentes no elimina los conflictos entre los intereses nacionales de ambos países. Más bien, los agrava.
Desde el mes de febrero hasta ahora, los desacuerdos entre Chile y Estados Unidos han pasado de un proyecto tecnológico y sanciones personales a asuntos comerciales, militares y territoriales.
Queda una cuestión especialmente relevante para investigar: qué compromisos concretos ha asumido Chile con Estados Unidos en seguridad, tecnología e infraestructura estratégica, cuáles son jurídicamente vinculantes y cuáles siguen siendo declaraciones políticas.
Lo ocurrido con el cable chino, fue lo primero que puso a Judd en el escenario político chileno. El 20 de febrero de 2026, el Departamento de Estado estadounidense revocó las visas de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de la época, Juan Carlos Muñoz, a raíz de la tramitación del proyecto Chile-China Express, un cable submarino que conectaría Valparaíso con Hong Kong. Washington sostuvo que determinadas actuaciones comprometían infraestructura crítica y la seguridad regional. El canciller chileno Alberto van Klaveren rechazó tal imputación
Los cables submarinos transportan enormes volúmenes de comunicaciones internacionales. Su importancia es económica, tecnológica y también estratégica. En Chile existen dos proyectos que permiten entender la disputa: Proyecto Chile-China Express y Cable Humboldt proyecto entre el Estado chileno y Google para conectar Sudamérica con Asia-Pacífico.
Y ahí Chile se entronca con la estrategia geopolítica de Trump. Estados Unidos sostiene que la infraestructura china podría generar riesgos para la protección de datos y las comunicaciones sensibles. Judd incluso ha planteado que podría afectar la confianza necesaria para compartir información de inteligencia. En definitiva, se trata de que ambas potencias compiten por la infraestructura tecnológica que conectará a América Latina con el resto del mundo.
Eso fue lo primero. Y si faltaba otro botón de muestra, ahí está lo del Estrecho de Magallanes. Los ojos de Estados Unidos están puestos ahí a propósito de los rumores sobre la situación del canal de Panamá. Por eso el Estrecho se ha transformado en un bien apetecible y Estados Unidos cuenta con la complicidad de su más férreo y servil apoyo: el gobierno de Milei
El 7 de octubre, durante una actividad sobre comercio global, Judd vinculó la cooperación estadounidense en seguridad y la protección de los derechos de Chile sobre el estrecho de Magallanes con la disposición chilena a colaborar en las prioridades de Washington.
Su formulación fue interpretada por diversas autoridades como un condicionamiento de la cooperación bilateral.
Judd respondió posteriormente que sus palabras habían sido sacadas de contexto y negó haber condicionado la soberanía chilena. Es lo que él afirma. De ahí a creerle, es otra película…
