En representación de miles de funcionarias y funcionarios públicos de Chile, el Presidente Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, presentó alegatos ante el Excelentísimo Pleno del Tribunal Constitucional. La organización advirtió que las normas impugnadas no sólo vulneran preceptos constitucionales, sino que también amenazan la soberanía del país, la continuidad en el financiamiento de los derechos sociales, la labor de las instituciones públicas y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
Principales cuestionamientos presentados por la ANEF:
Riesgo a la soberanía tributaria y presupuestaria (Artículo 29). La ANEF denunció que la norma congela la potestad tributaria del Estado por hasta 20 años en favor de un grupo limitado de inversionistas en función de su poder económico. Se advirtió que esto contraviene el artículo 19 N°22 de la Constitución, el cual exige que la estimación del costo de beneficios o franquicias tributarias se incluyan anualmente en la Ley de Presupuestos. Además, se restringe la labor del Congreso y se permite la sustracción de causas del Poder Judicial para someterlas unilateralmente a tribunales arbitrales extranjeros.
Trato discriminatorio y privatización de potestades públicas (Artículos 12 y 13). Se cuestionó la creación de un mecanismo de indemnización automática para inversionistas tras la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental, sin exigir probar la falta de servicio ni requerir un pronunciamiento judicial previo. Asimismo, la norma exceptúa a los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de la acción de repetición por falta grave, generando una discriminación respecto al resto de las y los trabajadores del Estado (salud, municipios, SII) y distorsionando la regla general del artículo 38 de la Constitución.
Entrega de funciones estatales a privados (Artículo 6°). La ANEF alertó sobre la privatización de potestades públicas al permitir que privados —pagados por el propio titular de un proyecto— certifiquen si una actividad se ajusta a derecho. Según la organización, esto excede el mero apoyo técnico, otorga atribuciones decisorias de órganos públicos y genera incentivos para la captura del Estado por parte de poderes económicos.
“Que el país pueda revisar cada cuatro años su política tributaria no es una anomalía; es, precisamente, la forma en que funciona la democracia”, expuso José Pérez Debelli, Presidente Nacional de la ANEF.
Llamado final al Tribunal Constitucional
Desde la ANEF remarcaron que sus objeciones no responden a una evaluación de mérito político —tarea que le compete al Congreso Nacional—, sino a la presencia de vicios constitucionales directos que buscan dejar decisiones democráticas fuera del alcance de las instituciones y tribunales del país.
Por estas razones, la Agrupación solicitó formalmente al Excelentísimo Tribunal Constitucional acoger los requerimientos presentados en resguardo de la función pública, la democracia y las familias chilenas.
