Periodista.
Justo cuando en algunos días más el Mandatario entregará su segunda cuenta pública al país y en medio de varios problemas de gestión y de lealtades, entre ellos lo de la frontera norte ya en camino de control; o de los” gustitos personales” que se dan equivocadamente algunos, como la vicepresidenta del PPD que se atrevió a atacar a su compañera de partido, la ministra Carolina Tohá; o de parlamentarios oficialistas que defienden su parcela atacando a una administración evidentemente debilitada; de los problemas comunicacionales que tiene el gobierno del Presidente Boric según varios parlamentarios; y de la continuación de los conflictos en la macrozona sur del país, se suman y se suman una cantidad de acciones del gobierno en beneficio de los ciudadanos que pocos conocen hasta ahora.
Un ejemplo esperanzador. Una abuela de Punta Arenas recibió hace un mes un llamado de su policlínico. Tenía que presentarse en pocos días más en el hospital porque su operación para instalar una prótesis en su hombro, se había programado para el sábado siguiente. Hacía cuatro años que esperaba esa llamada. Hoy está de regreso y feliz en su humilde residencia.
¿Qué había ocurrido? Algo que están experimentando lento, pero seguro centenares de chilenos que integraban las famosas listas de espera de atención en salud. La pandemia –cuyas consecuencias aún están presentes- obligó a atender a los pacientes afectados por Covid-19, provocando la ralentización del tratamiento al resto de las dolencias de chilenos y chilenas.
Se implementaron diversas estrategias para ir solucionando el doloroso problema que ha servido para ataques varios por parte de una oposición que no logró solucionar las dificultades: entre otras, se extendieron los horarios de trabajo; se están realizando procedimientos los fines de semana; se recuperaron pabellones en desuso; aumentaron las cirugías mayores ambulatorias. Hasta el 31 de marzo pasado, la malhadada lista asociada a intervenciones quirúrgicas era de 304 mil 812 personas que esperaban en promedio 330 días. En la misma fecha del año pasado la espera promedio era de 490 días y la lista para las intervenciones quirúrgicas era de 330 mil 452 personas. En cuanto a tiempo, hubo una reducción del 32,7 por ciento.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), cree que “a partir de estas cifras se puede plantear que en un año la red de servicio de salud podría llegar a medianas de espera de menos de 200 días, lo que podría significar alcanzar un récord histórico y nos acercará a cifras de países OCDE como España”. Y adelanta que la meta final para el término del gobierno “se espera que sea entre 100 y 150 días”.
Suma y Sigue
El gobierno lleva en el poder poco más de un año y en los últimos meses contabiliza tal cantidad de logros que obviamente dejan pálidas a administraciones anteriores. Para una nota periodística sería interminable reseñar lo existente. (https://www.gob.cl/chileavanzando/) Pero baste enumerar algunas de las más sentidas aspiraciones de chilenos y chilenas para saber lo que se ha hecho en tan poco tiempo.
El pasado 20 de mayo se hizo realidad una eterna aspiración de las mujeres chilenas. Comenzó a regir la nueva Ley de Pensión de Alimentos, también conocida como Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, una iniciativa del Gobierno que busca efectuar la persecución del patrimonio del deudor para dar solución concreta a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y acabar con la violencia económica sobre las madres.
Así, el Estado se convierte en persecutor del patrimonio del deudor de pensión alimenticia cuyo objetivo fundamental es establecer un mecanismo de pago de carácter permanente de la deuda de pensión de alimentos que mantiene la persona deudora con uno o más de sus hijos y/o hijas.
La semana pasada se aprobó uno de los proyectos más importantes para el futuro del país impulsados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric: la ley de royalty minero que instruye un impuesto de 46,5% a las empresas extractivas de cobre y litio. Así, se recaudarán 450 millones de dólares que serán distribuidos en tres fondos que ayudarán a la inyección de recursos en más de 300 comunas del país, los que irán directamente a distintos gobiernos regionales y municipalidades de todo el territorio nacional. De ellos, cerca de 390 mil millones de pesos se distribuirán en tres fondos: Fondo para la Productividad y el Desarrollo; Fondo de Comunas Mineras; y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. La recaudación del royalty comenzaría a llegar a las regiones el 2025. Pero, hay una serie de recursos para los gobiernos subnacionales, que comenzarán a regir el 2024.
Otra de las medidas más sentidas por la población y que está en pleno desarrollo, es el Copago Cero en Salud. Permite a los beneficiarios y beneficiarias de Fonasa, pertenecientes a los tramos C y D, acceder a la gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud: AUGE/GES, urgencias que requieren hospitalización, medicamentos, prótesis, tratamientos odontológicos y de salud mental, programas especiales (cirugía bariátrica, fertilización in vitro), entre otros.
Con esta medida, las personas ya no tendrán que pagar el 10% (tramo C) y el 20% (tramo D) de las prestaciones recibidas, y al igual que los tramos A y B las atenciones serán gratuitas en consultorios, hospitales, entre otros.
También el gobierno logró que se aprobara la Ley 40 que reduce la extensión de la jornada cuya aplicación se realizará de forma gradual con un plazo máximo de 5 años, aunque las empresas pueden adelantar su implementación de forma voluntaria. Esta ley modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada ordinaria de 45 a 40 horas semanales, lo que se hará con gradualidad y responsabilidad para no afectar el empleo y las Pymes. Permite, además, dar un mayor descanso efectivo a los regímenes especiales, como los de las trabajadoras de casa particular, y a los excepcionales, que requieren de procesos operativos continuos, como la minería. Así, se establecen medidas de corresponsabilidad social que permitirán conciliar la vida laboral con la personal y familiar.
En seguridad
Demás está señalar que el problema de la seguridad sigue siendo un muro difícil de derribar particularmente en el imaginario colectivo, bombardeado incesantemente por matinales y noticieros de TV cuyas páginas policiales se exacerban hasta lo indecible.
Sin embargo, poco o nada se dice de todas las medidas adoptadas para mitigar los efectos del narcotráfico y el crimen organizado que efectivamente se están instalando en Chile.
Hay en todo caso medidas ya adoptadas que permitirán perseguir esos flagelos. Para comenzar, y reconocido por las propias policías, se han sentido más que apoyados por el gobierno, pese a todo lo que vocifera la oposición.
La Ley de presupuesto 2023 aumentó en 4,4% en materia de orden y seguridad pública, respecto del año anterior, de los cuáles M$1.285.017 fueron destinados exclusivamente a Carabineros, para reforzar gastos de operación, continuidad de la dotación vigente, incremento de cupos para llamados de servicio, aumento de contratas para funciones de apoyo, cupos nuevos para el ingreso a la escuela de carabineros, entre otros.
Este incremento es el más significativo en materia de seguridad de los últimos años. Los focos principales son: combate al narcotráfico y al crimen organizado y recuperación del espacio público. Adicionalmente, el presidente anunció un aumento de 1.500 millones de dólares en régimen, destinados a financiar los nuevos planes de seguridad pública y prevención, como el Plan Calles Sin Violencia, así como para fortalecer el financiamiento del conjunto de instituciones y políticas públicas que abordan la seguridad. Esta inyección de recursos es la más relevante desde el retorno a la democracia, y representa un incremento del 40% de financiamiento dedicado a la seguridad pública.
El plan de reforzamiento a Carabineros considera, entre otros, aumentos sustantivos en el presupuesto anual, modernización y adquisición de nuevo equipamiento y una amplia agenda legislativa.
En el marco del 96 aniversario de la institución, el presidente anunció en Puerto Montt el aumento presupuestario para la asignación de riesgo a Carabineros, lo que implica una importante mejora en las condiciones laborales de la policía uniformada, e hizo referencia a un amplio paquete de medidas, legislación, planes, políticas y reformas que permitirán hacer más efectiva y eficiente la labor de la policía.
Parece mentira, pero es cierto. Al inicio de este gobierno, Carabineros tenía el 55% de su dotación de vehículos con vida útil vencida. En 2022 se entregaron 647 vehículos y en 2023 serán 1054 autos nuevos, destinando para eso M$26.199.707. No sólo esa vergüenza: hace 22 años no se renovaban los equipos portátiles. Se destinó una inversión de $ 4.818.321.343 para adquirir nuevos equipos radiales que tienen mayor compatibilidad con el resto de las radios del país, y mayor autonomía más autonomía (entre 8 a 12 horas).
Se estructuró una Política Nacional contra el Crimen Organizado que permitirá fortalecer a las instituciones que combaten el crimen organizado, destinando M$39.302.153 en el presupuesto 2023. Se adquirirán equipamientos y herramientas para Carabineros, PDI, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería. Además contará con un enfoque de pertinencia territorial a través de los 10 Consejos Regionales contra el Crimen Organizado. De esos 39 mil 302 millones, se destinarán a Carabineros de Chile la suma de $12.898.334.226 para adquisición de equipamiento como identificadores balísticos, recuperadores balísticos, drones, vehículos especializados, protecciones, entre otros.
Se suma la llamada Ley Antinarco, que mejorará la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Para el Presidente Boric “Chile tendrá, por fin, una ley que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, impidiendo que estas organizaciones y sus miembros se enriquezcan a través de la comisión de delitos y esta ley es un paso muy importante en esa dirección. Hay muchas (organizaciones criminales) que se acostumbraron durante demasiado tiempo a ostentar el producto de sus delitos y se generó una cultura de ostentación que pareciera haberse naturalizado. Como sociedad no la podemos naturalizar”, indicó el mandatario. .
La nueva normativa aumenta penas contra quienes provean drogas a niños y crea nuevo delito contra quienes las suministran a terceros sin su consentimiento. Golpea el negocio del narcotráfico al ampliar el comiso de sus bienes y ganancias, incluso a casos sin condena. Además, permite que los recursos provenientes del narco sean destinados a fortalecer la investigación y persecución de las policías.
En ese sentido, el Mandatario explicó que la Unidad de Análisis Financiero podrá fiscalizar nuevos tipos de empresas: compraventas de autos, joyas, equinos, entre otros.
Otra medida esperada por la población es el Plan Calles Sin Violencia, que ha sido diseñado por el Ministerio del Interior en coordinación con ambas policías para enfrentar la delincuencia en las comunas con mayor concentración de delitos graves. Este plan se focalizó en comunas que representan un tercio de la población nacional y que concentran el 50% de los delitos violentos. Está acompañado, además, de recursos destinados a fortalecer sus áreas verdes, sus espacios de deporte y sus espacios educativos que son, también, formas más eficaces en el largo plazo para combatir la delincuencia.
Y en lo económico
Y en lo económico, hubo de dulce y agraz. El miércoles 8 de marzo, el Ejecutivo sufrió un duro revés, cuando la Cámara de Diputados rechazó su propuesta para legislar una reforma tributaria. Fue un fracaso legislativo que puso en peligro el financiamiento de importantes reformas sociales, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, la reducción de las listas de espera en los hospitales y el incremento de los recursos para la salud primaria, entre otras.
Así y todo, el gobierno ha tenido logros en materia de gestión económica: logró un superávit fiscal, algo que no se observaba desde hace una década en el país sudamericano. El saldo positivo en las cuentas fiscales se explica por un importante ajuste del gasto público tras el fuerte desembolso realizado en los años 2020 y 2021 para hacer frente a la pandemia de covid-19.
También hubo ingresos importantes del cobre y el litio, cuyos mercados se reactivaron. La inversión extranjera también dio buenas señales en 2022, superando los US$17 mil millones, su registro más alto desde 2015, según la agencia InvestChile.
Y, ahora, la inflación parece estar tendiendo a la baja. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una sorpresiva caída en febrero de -0,1%, cuando el mercado esperaba un alza de hasta 0,4%.
Javier Sajuria, doctor en ciencias políticas y académico de la Queen Mary University of London, le dijo a BBC Mundo que «definitivamente el manejo de la economía, en un tiempo muy turbulento, es el principal logro del gobierno de Boric». Y añadió: «Boric ha tenido mucha resistencia y hostilidad por parte del empresariado chileno y aun así ha logrado estabilidad económica en medio de un escenario internacional complejo. Y creo que hay una directa relación entre los esfuerzos del gobierno en esta materia y los resultados que vemos ahora».
Habría mucho más que comentar. Baste decir que, efectivamente, hay avances. Sólo que se conocen poco.
