Este jueves, tras denuncias realizadas por diversas organizaciones sociales de la comuna de Huechuraba, el diputado Andrés Giordano junto a la diputada Maite Orsini, el consejero regional Leonardo Jofré y la concejala Elizabeth Roco solicitaron a Contraloría que se investigue la situación del Helipuerto Santiago en Huechuraba -entre cuyos dueños figuran dos ex ministros de Sebastián Piñera-, el cual estaría operando desde el año 2019 sin recepción final, con un permiso de edificación provisorio que se encontraría caducado desde enero de 2021 -motivo por el cual el municipio ha cursado dos infracciones hasta la fecha-, además de no haber informado el almacenaje de altas cantidades de combustible a pasos de la población El Barrero, y generar ruidos molestos a las vecinas y vecinos del sector.
Según un reportaje de un medio independiente, el helipuerto en cuestión es propiedad de Alfredo Moreno, ex ministro de Obras Públicas hasta el pasado 11 de marzo, del empresario Juan Riesco, quien habría donado un terreno aledaño al helipuerto para la construcción de un cuartel de la PDI, y de Félix De Vicente, ex ministro de Economía durante el primer gobierno de Piñera.
El diputado independiente por el distrito 9 Andrés Giordano, afirmó que “estamos acá junto a movimientos sociales relevando su actuar en la denuncia del caso ‘El Pincoyazo’, y para nosotros la señal es muy clara; no podemos permitir que quienes creen que por tener dinero e influencias políticas, pueden pasar por encima de las comunidades y la ley. (…) No ha habido una respuesta clara por parte del municipio del alcalde Carlos Cuadrado a las organizaciones, por lo tanto esperamos que Contraloría se pronuncie, investigue estos hechos e identifique las responsabilidades administrativas”.
Max Bazán del Movimiento Vida Digna de Huechuraba, explica que el helipuerto “genera ruidos molestos a distintas horas, sobre todo en los momentos de descanso en nuestras poblaciones, porque está a pocos metros de nuestras viviendas. (…) Es una situación muy preocupante para todos los vecinos y vecinas de la comuna. Estamos aquí para que la Contraloría pueda investigar y establecer cuál es la situación legal del helipuerto, si tiene que ser demolido o no, que es lo que nos parece que corresponde porque no cumple con la normativa mínima”.
Asimismo, Elizabeth Roco, concejala de la comuna, indicó que “hemos querido canalizar esta demanda de los vecinos respecto de las irregularidades que están ocurriendo, porque si bien había una autorización que otorga la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ese es un permiso que en la interpretación del artículo 124, establece que tiene un carácter provisorio de máximo tres años, plazo que caducó hace un año y tres meses, y donde el municipio no ha generado las acciones para hacer cumplir la ley”.
“Hoy nos encontramos con que los afectados, que son nuestras vecinas y vecinos, enfrentan ruidos y peligros inminentes al haber dos estanques de almacenamiento con 42 mil litros de combustible, a 400 metros de viviendas, en su mayoría de material de madera. Tampoco está la certeza de que se hayan solicitado los estudios de impacto ambiental para que esos estanque estén ahí, por lo tanto no sólo hay una vulneración de la ley, sino que tampoco se ha resguardado la calidad y la seguridad para nuestras vecinas y nuestros vecinos”, agregó.
Finalmente, el consejero regional Leonardo Jofré (CS) sostuvo que “hacemos viva la necesidad de fiscalización, y de velar por que el poder empresarial no pase por encima de la justa vida digna de las vecinas y vecinos de Huechuraba. Es un compromiso de Apruebo Dignidad luchar por justicia y equidad territorial, por lo tanto no permitiremos que este tipo de iniciativas ocurran sin estar con apego correcto a la legalidad y sin estar de acuerdo con visiones de los vecinos y vecinas”.
