La instancia comprobó que existía una política sistemática de venta de artículos falsos y advirtió la necesidad de realizar urgentes cambios en la legislación para proteger a los consumidores. El diputado Daniel Manouchehri, impulsor de la comisión, presentará un proyecto de ley en esa línea.
En una agitada sesión especial, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe emanado por la Comisión Especial Investigadora por el Caso La Polar, por 73 votos a favor y 19 abstenciones de parlamentarios de oposición. La instancia, presidida por el diputado socialista Daniel Manouchehri, advirtió la necesidad de realizar mejoras en la legislación en materia de protección al consumidor, aumentar las sanciones por publicidad engañosay robustecer la institucionalidad.
“La gente está aburrida de los abusos. La Comisión Investigadora del Caso La Polar dejó en evidencia un engaño masivo a la gente, que investiga la Fiscalía, y también debilidades en nuestra legislación. Han sido miles de personas engañadas. Queremos que este tipo de casos no terminen en clases de ética”, señaló Manouchehri, quien destacó el amplio respaldo político respecto a las investigaciones.
“Según lo informado por Aduanas, en el caso en particular que afecta a La Polar S.A solo el monto de las prendas retenidas por la entidad asciende a 2,6 millones de dólares, en un total de 11 procedimientos de suspensión de despacho respecto de la multitienda efectuados entre septiembre de 2022 y junio 2023, con un total de 97 mil unidades retenidas, mayoritariamente de vestuario”, destacó el legislador por la Región de Coquimbo.
Al respecto, Manouchehri afirmó que “estamos en presencia de un modus operandi respecto de la venta de productos falsificados, afectando la fe pública de las personas. Además, creemos que claramente acá hay vacíos legales que han permitido que estas situaciones se puedan generar. Incluso, las marcas pueden llegar al acuerdo con el retail de vender igualmente estas prensas. Entonces finalmente la gente puede ni siquiera enterarse de que está comprando un producto falso”.
“Estamos hablando de Chile como uno de los principales países del mundo de internación de productos falsificados. Nosotros tenemos que hacer modificaciones urgentes a nuestra legislación. No puede suceder que acá las empresas tengan la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellas y puedan concluir la investigación de hechos que son extremadamente graves”, recalcó.
Recomendaciones en materia legislativa
La comisión celebró 12 sesiones, incluida la constitutiva, recibiendo a representantes de entidades como el Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Policía de Investigaciones, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi), Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Asociación Internacional de Marcas paraLatinoamérica y el Caribe (INTA), y la Unidad de Especialidad en Delitos Económicos del Ministerio Público.
Salvo el representante de la marca de ropa Under Armour, las otras empresas involucradas y la multitienda La Polar declinaron asistir a la comisión.
El informe aprobado por la Cámara de Diputados concluye que, respecto a las empresas del retail, “la marca tiene una función social, que le da plena fe a los clientes de estar adquiriendo un producto de ciertas características. Atentar contra esto es meritorio de una sanción, por ello, se requiere adoptar medidas para prevenir la aparición de infracciones, para no afectar a clientes y su credibilidad, como ocurre actualmente con La Polar S.A”.
“Combatir el mercado de la falsificación requiere colaboración público– privada, también de cooperación y coordinación transfronteriza para controlar y fiscalizar el ingreso o salida de esos productos de nuestro país”, agrega el documento.
En ese sentido, la comisión instó a realizar mejoras en diversas aristas:
1. Robustecer la normativa vigente, con el objeto de obtener sanciones ejemplares a la hora de comprobar que existen proveedores que atentan contra el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos.
2. Fortalecer las instituciones e infraestructura pública, dotando de mayores atribuciones y recursos a los organismos públicos competentes.
En esta línea, entre otras medidas se llama a dotar de mayores herramientas y facultades legales a Aduanas para perseguir de mejor manera el contrabando, con la posibilidad que esta institución avance a ser una verdadera policía de fronteras. También fortalecer la capacidad de protección al consumidor y persecución penal por parte del Sernac, mediante el envío de un proyecto de ley desde el Ejecutivo, y entregar atribuciones al SII para el ejercicio de acciones penales en eventuales delitos tributarios.
3. Fortalecer la normativa legal y reglamentaria existente, para que no se vulnere la fe pública ni los bienes públicos en general. Principalmente se recomienda modificar la ley de propiedad industrial vinculada con la persecución penal; revisar la configuración del delito de contrabando contemplado en la Ordenanza General de Aduanas; y avanzar en la tipificación de la mentira como delito, con el fin de resguardar los derechos del consumidor.
4. Establecer mecanismos certeros de reparación e indemnización de los daños producidos por parte de La Polar y otras empresas del retail que hayan infraccionado la ley del consumidor, atentando contra la información verdadera, ofreciendo productos de forma engañosa, especialmente cuando se deposita la confianza en la compra de un producto y su calidad.
