Myriam Carmen Pinto, periodista.
Este lunes 30 y martes 31 de marzo, el juez Michael Lee de la Corte Federal de Australia encabezará las audiencias de revisión de las impugnaciones presentadas por la defensa de Adriana Rivas González, agente de la DINA, siguiendo sus intentos de frenar su extradición a Chile, basándose en una interpretación de la Ley de Amnistía de 1978 que no se ajusta a derecho, razones de salud y falta de seguridad carcelaria en Chile, entre otros argumentos.
Adriana Rivas, agente operativa y secretaria de Manuel Contreras, director general de los servicios de seguridad (DINA) se encuentra detenida en Australia desde el año 2019, a la espera de la resolución definitiva de la extradición solicitada por Chile en 2014 y declarada procedente por la Justicia australiana en 2020. La justicia chilena la requiere para proseguir su juzgamiento en los procesos pendientes por su participación de los secuestros tortura y desaparición de siete militantes del partido Comunista en 1976.
Tras décadas de vivir en Australia como prófuga desde 1978, está acusada de participar en el secuestro, tortura y desaparición de Víctor Díaz, ex secretario general del Partido Comunista (PC) y de los dirigentes del mismo partido: Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, tecnóloga médica, quien al momento de su detención tenía 29 años y estaba embarazada de cinco meses.
Francisco Ugas, abogado defensor de las familias señala que estas nuevas audiencias de carácter administrativo podrían considerarse diligencias en una recta final del caso, tras los fallos judiciales confirmatorios de tribunales de primera instancia y de apelación, en los cuales se reitera que no existen causales por motivo de derechos humanos, nacionalidad y otros para negar el curso propio del proceso de la extradición a Chile. Al respecto, opina que desde un comienzo se ha intentado dilatar el caso, preguntándose sobre quién está a cargo de financiar la defensa de Rivas en Australia.
En la antesala de estas audiencias, Marisol Berríos y María Luisa Ortiz, se reunieron la mañana del 27 de marzo con Fernanda Garcés, jefa de la división jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, quién les aseguró que para Estado de Chile el compromiso y seguimiento del proceso en Australia sigue siendo una prioridad institucional.
 se encuentra detenida en Australia desde el año 2019, a la espera de la resolución definitiva de la extradición solicitada por Chile en 2014 y declarada procedente por la Justicia australiana en 2020.){kind=link}