domingo, abril 28, 2024
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Chile no está preparado para enfrentar ataques y otorgar protección a la prensa

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En el marco de las preparaciones para la próxima Conferencia Global del Día de la Libertad de Prensa que se celebrará en Chile en mayo, el Observatorio del Derecho a la Comunicación dio a conocer cifras y conclusiones que recogió durante la elaboración de dos investigaciones aplicadas en el país en 2023.

 Entre el 2 y 4 de mayo de 2024, Chile será anfitrión de la XXXI Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instancia que pretende destacar el importante papel que desempeñan la prensa, el periodismo, el acceso y la difusión de la información para garantizar y asegurar un futuro sostenible que respete los derechos de las personas y su diversidad de voces, así como la igualdad de género.

Conscientes de la relevancia del evento y de la oportunidad para visibilizar la realidad del país en la materia, el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC Chile) se reunió con diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las comunicaciones para compartir las conclusiones y los hallazgos que han recopilado y sistematizado.

Entre los principales hechos que se han identificado en los últimos cuatro años, se cuentan amenazas y hostigamiento en redes sociales, acoso judicial y condenas de cárcel bajo acusaciones de injurias y calumnias, espionaje y agresiones por parte de organismos del Estado, y ataques a tiros contra la prensa, incluyendo un asesinato durante la cobertura informativa.

A través de la investigación sobre ‘Aplicación de Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile’, realizada con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de Unesco, la organización analizó hechos recopilados durante octubre de 2019 y julio de 2023, y realizó entrevistas y grupos focales con representantes de entidades estatales y políticas, organizaciones de la sociedad civil, la academia, medios de comunicación, periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, sindicatos, asociaciones, medios comunitarios y organismos internacionales, concluyendo que Chile no está preparado para enfrentar este escenario, ya que no existe una cultura de seguridad en el sector y el marco normativo es ineficiente y obsoleto.

Asimismo, en el Informe Sobre Vulneraciones a la Libertad de Prensa 2023 que ODC Chile realiza para la Red Internacional Voces del Sur, se registraron 80 incidentes, de los cuales más de un 60% corresponden a agresiones físicas y verbales. Otras de las aristas que se registran incluyen detenciones arbitrarias, casos de acoso judicial y restricciones al acceso a la información. En cuanto al perfil de las víctimas, destacan ataques contra reporteros que cubren protestas, equipos de televisión en terreno, periodistas de investigación y medios locales. Además, de un preocupante incremento del hostigamiento y estigmatización contra periodistas, lo que contribuye a un ambiente permisivo para otras formas de violencia.

“El Estado apenas tiene información sobre los temas de seguridad en la labor de la prensa y no cuenta con unidades especializadas en agresiones a la prensa. En este sentido resulta de gran importancia la labor de registro y monitoreo de casos por parte de la sociedad civil, ya que nos permite identificar los principales riesgos y promover actuaciones para enfrentar la violencia”, afirmó el presidente de ODC, Javier García.

Y agregó que “la cultura de seguridad en Chile es muy deficiente, esa valoración se ha repetido en varias entrevistas con diversos actores, tanto desde el punto de vista de las y los trabajadores como de los medios de comunicación masivos o comunitarios. No se toman las medidas preventivas necesarias o no se utilizan equipos adecuados y, además, hay escasa formación tanto en el ámbito académico como en el profesional, de hecho, en las empresas periodísticas apenas hay capacitación interna en temas de seguridad”.

Cabe destacar, que ODC Chile planifica la realización de encuentros con otros agentes involucrados, la academia y organismos estatales, para compartir los hallazgos e impulsar medidas que contrarresten las falencias detectadas.

 

 

 

 

 

 

 

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