Una dura denuncia contra las medidas adoptadas por el Gobierno y la Autoridad Sanitaria (MINSAL) relativa al cierre de unidades de alta complejidad y sus camas críticas, junto al término de los contratos del personal asociado a la alerta sanitaria producto del COVID19, formuló el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
“Nos parece una señal negativa, el que se desarticule los niveles alcanzados, tanto en infraestructura y recursos humanos, retrocediendo sin evaluar el impacto y los efectos que ha provocado la pandemia en la población y en el equipo sanitario”, sostiene el colegio profesional.
E interpelan directamente al Ministro de Salud, Enrique Paris, pidiéndole que considere que la disminución de la tasa de contagio por COVID19 y el control de la pandemia “aún en estado de latencia, no es sinónimo de disminución de la carga laboral para los trabajadores del sector. Debe tener en cuenta el enorme desafío que deben enfrentar una vez controlada la pandemia, como son las grandes listas en espera de atención de personas con patologías médicas, quirúrgicas, crónicas y control de niño sano y adulto entre otros”.
Agregan que les parece imprudente despedir al personal de salud contratado para ayudar al control de la pandemia, “considerando que en este periodo fueron 18 mil personas de las cuales sobre 4 mil son enfermeras y enfermeros. Un número importante de ellos permanece hace más de un año en el sistema de salud, muchos en calidad de honorarios, o en reemplazo. A pesar de esta inestable situación laboral, han enfrentado con gran compromiso y profesionalismo esta crisis sanitaria”.
Y ahondan que, según un estudio de investigación realizado por Marta Simonetti, Enfermera Investigadora de la Universidad de los Andes, se plantea que en hospitales chilenos en un servicio de nivel medio de atención, donde una enfermera/ro es responsable de cuidar a 18 personas hospitalizadas, da cuenta que estos pacientes tienen un riesgo de morir de un 41%, al no contar con el número de enfermera/ro necesario para estos cuidados profesionales.
“Más grave es aún, si consideramos que en varios hospitales públicos la realidad de la dotación es de una enfermera/o por 24 personas hospitalizadas en este nivel, siendo que la recomendación es 1 enfermera/ro por cada 10 personas hospitalizadas”, sostienen.
Finalmente, concluyen que, por lo anteriormente expuesto, “rechazamos los despidos del personal de refuerzo COVID19 y apoyamos las movilizaciones anunciadas para evitar que estos se concreten”.
