La Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos de la Mujer manifiestan su profunda preocupación ante el debilitamiento de los equipos técnicos del Plan Nacional de Búsqueda, el retiro del Plan de Derechos Humanos de la Contraloría General de la República, los anuncios referidos a indultar a condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y el proyecto de ley sobre suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad.
En una declaración pública dada a conocer hoy exigen: Garantías claras de continuidad y fortalecimiento del Plan Nacional de Búsqueda; Transparencia en las decisiones adoptadas respecto de los equipos encargados de su implementación; Pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación integral, asegurando además garantías efectivas de no repetición y el rechazo a cualquier medida que implique impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
Frente al cese de funciones de las abogadas Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos; Magdalena Garcés Fuentes, jefa del Área de Búsqueda y Trayectorias; y la socióloga Tamara Lagos Castro, jefa del Área de Archivo e Investigación Documental, mencionan que más allá de las facultades invocadas por la autoridad, lo relevante es el cumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile, tanto en el ámbito del Derecho Público interno como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de modo que el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda no se vean afectados por debilitamientos en sus equipos, restricciones operativas o cambios de orientación que comprometan su continuidad.
Sobre los anuncios referidos a indultar a condenados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, que dejó más de 3.700 víctimas, muchas de ellas con secuelas irreparables, como el trauma ocular, mencionan que esta pretensión resulta incompatible con los principios del Derecho Público, en cuanto a que el Estado y sus agentes están al servicio de la persona humana y por tanto tienen como finalidad promover el bien común. Al respecto mencionan: «No es admisible que quienes deben garantizar los derechos fundamentales se vean favorecidos frente a sus propios ilícitos, especialmente cuando estos constituyen violaciones graves a los derechos humanos».
En la misma línea, agrega que el proyecto de ley sobre suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, así como el retiro desde la Contraloría General de la República del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, una política de Estado sostenida en el tiempo y establecida en el marco de la Ley N° 20.885, apuntan en una dirección contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país.
La concreción de estas medidas contravendría las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de sanción efectiva, proporcional y adecuada de estos crímenes y agregan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que dichas obligaciones son independientes de la tipificación interna y que las penas no pueden transformarse en mecanismos de impunidad mediante remisiones, conmutaciones o reducciones indebidas.
Finalmente reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y declaran que se mantendrán vigilantes frente a cualquier retroceso en esta materia.
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