Myriam Carmen Pinto, periodista.
A través de un comunicado emitido este 20 de marzo del año 2023, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) informó del envío de nuevos documentos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se adjuntará a su denuncia ingresada a dicho tribunal para perseguir la responsabilidad de las autoridades políticas, policiales y militares por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el período de la revuelta social, según señala «única forma de impedir que la Impunidad de tan graves crímenes se consolide y normalice en nuestro país».
La solicitud ingresada a la Corte Penal Internacional en 2021, de conformidad a lo establecido en el Estatuto de Roma y en la Ley N°20.357, denuncia al ex Presidente de la República, Sebastián Piñera; ex ministros del Interior, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado; ex subsecretarios del Interior, Rodrigo Ubilla y, Juan Francisco Galli; ex ministros de Defensa, Alberto Espina y Mario Desbordes; ex General Director de Carabineros, Mario Rozas; ex Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y al General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Los nuevos hechos e informaciones aportados son el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2022”, emanado del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; los antecedentes del caso de la víctima, Moisés Órdenes Corvalán, y la negativa a declarar en los procedimientos penales en curso relativos a los distintos hechos perpetrados por la policía uniformada, por parte del actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien a la fecha de la revuelta social ostentaba el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile.
El Informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, junto con señalar que “el Ministerio Público no elaboró y/o implementó una política de persecución penal oportuna y seria para investigar las violaciones de derechos humanos producidas a partir del 18 de octubre del 2019”, constata un grave incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación, vulnerando las garantías y obligaciones de oficiosidad, el deber estatal de promover e impulsar la investigaciones correspondientes. El antecedente respecto del caso de Moisés Órdenes, golpeado brutalmente por Carabineros en la Plaza Ñuñoa, dice relación a que pese a transcurrido más de tres años no hay condenados y que tanto la Corte de Apelaciones como el respectivo Juzgado de Garantía, han adoptado decisiones que conducen necesariamente a la impunidad de los agentes estatales responsables.
Otras situaciones de extrema gravedad, constatadas por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, dan cuenta de la escasa cooperación por parte de los funcionarios policiales, destacando la negativa de comparecer a declarar ante el Ministerio Público por parte del Director General de Carabineros, Ricardo Yañez Reveco, a pesar de haber sido citado en reiteradas oportunidades, lo que llevó a los querellantes de la causa, a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDD) interpuso la denuncia ante la Corte Penal Internacional, en conjunto la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED).
