La Contraloría General de la República inició una auditoría interna en la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota con la finalidad de investigar y resolver sobre una serie de situaciones que afectan actualmente a esa repartición pública y que estarían vinculadas con posible malversación de fondos; filtración de antecedentes médicos; y hostigamiento y maltrato laboral.
Según trascendió, desde inicios de marzo al menos un 70% de los funcionarios y funcionarias de la Delegación Presidencial habrían sido citados a declarar ante el Órgano Contralor, entre los que también estaría considerado el Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana Oteíza.
Asimismo, fuentes extraoficiales señalaron que la Contraloría Regional habría oficiado al menos en 6 ocasiones entre 2022 y 2023 a la Delegación Presidencial, bajo orden de apercibimiento, para que diera respuesta e iniciara una investigación sumaria ante la gravedad de las denuncias surgidas al interior del Servicio.
Sin embargo, como no se habrían respondido estos oficios en los plazos establecidos, y en atención a que las denuncias datan de agosto de 2022; el Órgano Contralor habría decidido iniciar una auditoría interna e intervenir la Delegación Presidencial, proceso para el que existiría al menos un fiscal con dedicación exclusiva.
Cabe recordar que a esta auditoría interna por maltrato y hostigamiento laboral se suma el proceso realizado por el Tribunal de Disciplina de la Federación Regionalista Verde ante las denuncias recibidas en 2022 en contra del Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana, por maltrato, abuso de poder e invalidación y desconocimiento de la orgánica y las autoridades partidarias nacionales y regionales; frente a las cuales el organismo disciplinario determinó su expulsión de la tienda política el pasado 8 de marzo.
