Periodista.
Ante el incremento de allanamientos, incautaciones y detenciones de pacientes de cannabis medicinal, perpetrados por Carabineros y la PDI, “en procedimientos cargados de abusos y excesos policiales”, un centenar de organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y feministas, entre ellas más de 60 que forman parte de la Mesa Agenda de Género COVID-19 del Senado, junto a senadoras y diputadas, llamaron de manera urgente a la Comisión de Salud del Senado, a poner en tabla la Ley Cultivo Seguro, aprobada en mayo de 2018 en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el 88% de los votos.
Por medio de una declaración pública, a la que también han adherido hasta ahora más de 4 mil personas de forma independiente, las parlamentarias y agrupaciones señalan que la pronta aprobación del proyecto de Ley Cultivo Seguro, que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de la cannabis, es la única manera de proteger a las y los pacientes que cultivan cannabis con fines medicinales, terminando así con la “errada persecución de la Fiscalía Nacional y las policías chilenas”, que tiene graves consecuencias para la salud tanto física como psicológicas de cientos de personas vulneradas en su dignidad e integridad.
Las organizaciones lamentaron el suicidio de un hombre que estuvo más de un año en prisión preventiva por cultivar cannabis para el tratamiento de su hijo, el que se dio a conocer en un reportaje transmitido el lunes 29 de marzo por Chilevisión y CNN.
“Hemos sufrido 10 allanamientos sólo en las últimas semanas”, precisa la declaración. Para Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, existe un aumento explosivo del abuso contra las y los pacientes por parte de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía. “Hay un fuerte recrudecimiento de la persecución de las y los usuarios de cannabis medicinal, hoy día estamos realmente en una alerta dramática”, dijo a Página 19.
Frente a esta realidad, demandan con urgencia el actuar de la Comisión de Salud que preside la Senadora DC Carolina Goic.
Ensañamiento con usuarios/as medicinales
La declaración critica que estos hechos ocurren “bajo el amparo de un Ministerio Público que parece ensañarse con las y los usuarios medicinales de cannabis que nada tienen que ver con la delincuencia, queriendo obviar la amplia jurisprudencia chilena, la que señala con claridad que cuando se está frente a un cultivo de cannabis para fines personales, incluyendo los fines medicinales, no estamos frente a una figura que amerite persecución penal”.
El comunicado advierte que los allanamientos, incautaciones y detenciones han afectado a pacientes de Fundación Daya y de otros centros médicos cannábicos, quienes amparados en la Ley 20.000, “ejercen su legítimo derecho a cultivar sus plantas, según la indicación de sus médicos tratantes”.
Según una reciente encuesta de la Fundación Eutopía, en Chile existen alrededor de 1.800.000 usuarias y usuarios medicinales de cannabis, los que, a juicio de las organizaciones firmantes de la declaración, “corren el riesgo potencial de sufrir estas mismas vulneraciones de derechos, que sólo causará más daño a la población y profundizará la desconfianza hacia nuestras desacreditadas instituciones policiales”, pese a que la mayoría han encontrado en el cannabis el alivio que los tratamientos convencionales no les otorgaron. “Es una invasión a la privacidad y a la libertad de elegir un tratamiento que hoy ya se encuentra disponible en muchos países desarrollados en el mundo”, sentencian.
Critican además que estos casos deban resolverse en tribunales, “si un cultivo personal para fines medicinales está efectivamente destinado a este fin y es por lo tanto lícito, sin existir antecedente alguno de tráfico, más allá de la mera existencia de las plantas. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Esto vulnera el principio de inocencia, al trasladar el peso de la prueba del ente persecutor al imputado”, detallan.
70% personas detenidas son usuarios/as personales
De acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, el 70% de las personas detenidas por la Ley 20.000 -que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas- son usuarias personales, solo un 30% están vinculadas al tráfico. Para las organizaciones, esto resulta en una cuantiosa carga económica para el Estado, “al desviar recursos públicos en esta absurda persecución”, sin lograr por ello afectar las actividades delictuales del narcotráfico.
“No resulta aceptable que la violencia y la criminalización sea la respuesta del Estado de Chile para los pacientes que, muchas veces abandonados por una salud mercantilizada, optan por esta alternativa terapéutica para mejorar sus vidas. Hacemos un llamado al Ministerio Público a detener esta persecución, a cambiar sus protocolos, a dejar de tratar a pacientes como si fueran delincuentes”, enfatiza la declaración.
Para finalizar, el texto asegura que el único fin que busca la Ley Cultivo Seguro, aprobada en la Cámara hace casi tres años, es que la prescripción médica permita acreditar el fin medicinal del cultivo, evitando así la incautación de las plantas, flores, aceites y kits de cultivo, y que no se detenga a las y los pacientes, “que la investigación siga su curso, y si encuentran alguna actividad vinculada al tráfico, recién ahí actúen”, precisa.
Firmantes
La declaración liderada por Fundación Daya, Mama Cultiva y Regulación Responsable Chile está firmada por la Presidenta del Senado, Yasna Provoste; la senadora Adriana Muñoz; las diputadas Gael Yeomans, Andrea Parra, Karol Cariola, Maya Fernández, Claudia Mix, Marisela Santibáñez y Yenny Álvarez y por decenas de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, federaciones, asociaciones, colectivos y ONGs.
Puede revisar la declaración completa y las organizaciones firmantes en las redes sociales de Fundación Daya y en el siguiente link https://n9.cl/d3ki
