En Chile no estamos viviendo una crisis evidente. No hay colapso económico, no hay ruptura institucional, no hay una caída abrupta del sistema. Y, sin embargo, algo más profundo está ocurriendo: una erosión silenciosa del sentido de la democracia.
Esa erosión no se explica por lo que falla visiblemente, sino por lo que deja de ser comprensible. Cuando la vida cotidiana comienza a volverse incierta —cuando trabajar no garantiza estabilidad, estudiar no asegura movilidad y participar no produce resultados visibles— lo desconocido deja de ser un problema técnico y comienza a transformarse en un problema político.
En ese punto, lo desconocido se politiza.
Y en Chile, esa politización tiene un sujeto claro: una generación que no está fuera del sistema, sino en su centro más tensionado. Los jóvenes adultos entre 25 y 35 años no son marginales ni despolitizados. Han seguido la trayectoria esperada —educación, inserción laboral, participación electoral— pero habitan una experiencia marcada por la inseguridad material.
Los datos permiten entender por qué.
La Encuesta CASEN 2024, elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, muestra que la pobreza multidimensional alcanza un 17,7% de la población. Es una cifra que ha disminuido en comparación con el 20% registrado en 2022, pero que sigue revelando algo más profundo: una base estructural de carencias que no desaparece, solo cambia de forma.
Cuando se observa por edad, la imagen se vuelve más nítida. En el tramo de 18 a 29 años, la pobreza multidimensional llega al 20,1%, superando el promedio nacional. En el grupo de 30 a 44 años desciende a 15,4%, pero esa aparente mejora es engañosa. Lo que ocurre en ese tránsito no es la superación del problema, sino su transformación: de carencia a sobrecarga.
El joven deja de ser pobre en términos estadísticos, pero comienza a cargar con nuevas tensiones: arriendo, endeudamiento, crianza, costos de vida. Ya no falta todo; falta estabilidad.
La vivienda sintetiza bien esta transición. En Chile, cerca del 27% de los hogares arrienda, y uno de cada tres destina más del 35% de sus ingresos a ese gasto. En hogares encabezados por menores de 36 años, esa proporción se aproxima al 60%. Esto no es un dato aislado: es una condición estructural que redefine la posibilidad de proyectar una vida autónoma.
A esto se suma el mercado laboral. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta una tasa de informalidad del 26,2%, equivalente a más de 2.457.000 personas. Esto significa que una parte significativa de quienes trabajan lo hacen sin protección plena, sin estabilidad y con alta exposición al riesgo.
El resultado no es exclusión, sino algo más complejo: una forma de integración débil. Se participa del sistema, pero sin garantías. Se consume, pero con deuda. Se trabaja, pero sin seguridad. Es en ese espacio —entre pertenecer y no poder sostener esa pertenencia— donde se instala la incertidumbre como experiencia cotidiana.
Aquí aparece la primera clave del problema: Chile no enfrenta una crisis abierta, sino una economía que funciona sin lograr integrar plenamente.
El Banco Interamericano de Desarrollo, en su Informe Macroeconómico 2026, describe con claridad este escenario a nivel regional. América Latina ha mostrado resiliencia en un contexto global adverso, con crecimiento constante en torno al 2%. Sin embargo, ese crecimiento es insuficiente para cerrar brechas sociales y sostener trayectorias de bienestar.
No se trata de que la economía no crezca. Se trata de que no alcanza.
La razón de fondo es estructural. Durante décadas, el crecimiento en la región se sostuvo en la expansión del trabajo más que en la productividad. Hoy ese modelo se agota: la población en edad de trabajar crece menos, la productividad no despega y la tecnología transforma el mercado laboral más rápido de lo que las instituciones logran adaptarse.
Esto produce una situación difícil de nombrar, pero fácil de experimentar: estabilidad sin progreso. Una economía que no colapsa, pero que tampoco ofrece horizontes claros.
En ese contexto, el rol del Estado se vuelve inevitablemente problemático. Las presiones por reducir el gasto público —en torno a un 3%— y rebajar impuestos a empresas desde el 27% hacia niveles cercanos al 23–24% se explican, en parte, por condiciones estructurales: tasas de interés globales elevadas, mayor costo de la deuda y menor margen fiscal, tal como advierte el BID.
Pero el problema no se agota en la técnica.
En una sociedad donde amplios sectores viven en condiciones de fragilidad, la reducción del Estado no elimina la incertidumbre. La desplaza. La traslada desde el sistema hacia las personas. Menos Estado no significa menos problema; significa más exposición individual al riesgo.
Aquí se instala una paradoja central: el Estado es percibido como insuficiente e ineficiente al mismo tiempo. Y su reducción, lejos de resolver esa tensión, puede profundizarla.
Sin embargo, la incertidumbre no se convierte automáticamente en conflicto político. Para eso, necesita ser interpretada.
Aquí entramos en una dimensión distinta del problema. Como plantea George Lakoff, las personas no entienden la realidad a partir de datos, sino a través de marcos interpretativos: estructuras mentales que organizan el significado de lo que se experimenta. En otras palabras, la precariedad no se explica sola; necesita un relato.
Pero esos relatos no emergen en el vacío. Como advierte Noam Chomsky, en las democracias modernas el poder no opera principalmente por coerción, sino por la capacidad de estructurar el campo de lo pensable. No todas las interpretaciones circulan con la misma fuerza. Algunas se instalan, otras quedan fuera.
Y más profundamente aún, como sugiere Michel Foucault, el poder no solo organiza discursos, sino que produce formas de experiencia. Es decir, no solo define qué se piensa, sino cómo se vive lo que se piensa.
Esto permite entender un punto clave: la incertidumbre estructural se transforma en experiencia individual. El joven que no puede acceder a vivienda, que trabaja sin estabilidad o que no logra proyectar su futuro no necesariamente interpretar su situación como resultado de una estructura económica. La vive como una frustración personal, como un problema inmediato que requiere explicación.
Y es en ese punto donde la política entra a operar con mayor eficacia.
Las nuevas derechas populistas han demostrado una notable capacidad para intervenir en este terreno. No eliminan la incertidumbre, la reorganizan. Lo hacen simplificando la realidad, identificando causas claras y ofreciendo respuestas directas. El problema deja de ser complejo y pasa a tener nombre: el Estado, los impuestos, la élite.
Esa simplificación no es necesariamente falsa, pero sí estratégicamente incompleta. Reduce lo estructural a lo identificable, y lo identificable a lo emocionalmente movilizador.
Su eficacia se vuelve evidente cuando se observa el comportamiento político. Con voto obligatorio, la participación electoral alcanzó el 86% en las elecciones municipales de 2024. En el caso de los jóvenes entre 20 y 29 años, llegó al 89,8%. Lejos de estar despolitizados, están profundamente involucrados.
Pero participan desde la incertidumbre.
Y eso cambia todo.
La democracia no se debilita cuando la gente deja de votar. Se debilita cuando vota sin certezas, cuando lo hace buscando respuestas rápidas a problemas que no logra comprender en su complejidad.
En ese escenario, la política deja de ser solo gestión de intereses y se convierte en disputa por el sentido. ¿Qué explica lo que estamos viviendo? ¿Quién tiene la narrativa más convincente? ¿Qué interpretación logra ordenar la experiencia cotidiana?
Chile no está enfrentando una crisis institucional clásica. Está entrando en una fase más compleja: una donde la estabilidad no alcanza para sostener legitimidad, donde la participación no garantiza sentido y donde la incertidumbre se convierte en el principal insumo político.
Ahí, en ese espacio intermedio entre lo que se vive y lo que se entiende, es donde lo desconocido deja de ser una pregunta abierta y se transforma en una respuesta política cerrada.
Y es en esa transformación —silenciosa, cotidiana, persistente— donde se está jugando, hoy, el futuro de la democracia chilena.
