La sanción podría costarle la salida de su cargo en la Región. Sin embargo ya hay consecuencias políticas inmediatas.
El delegado presidencial de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana; junto al consejero regional Iván Paredes; y al director Regional de Corfo, Fernando Cabrales, arriesgarían su expulsión de la Federación Regionalista Verde, luego de que fueran notificados junto a otros 4 militantes que se encuentran suspendidos de sus derechos como afiliados a la tienda política, por decisión en primera instancia del Tribunal de Disciplina de su partido, ante el cual fueron denunciados por supuestas faltas graves.
Además de Sanzana, Paredes y Cabrales también fueron suspendidos Andrea Pérez y Luis Pizarro, asesores de la Delegación Presidencial; y Alejandro Páez y Gina Valenzuela, miembros de la directiva FRVS en la Región.
Durante este período, los 7 militantes sancionados no podrán actuar en nombre de la FRVS ni arrojarse representatividad de la tienda en ninguna instancia política o pública.
Respecto a las acusaciones, trascendió que éstas tendrían que ver con situaciones de acoso, maltrato, hostigamiento laboral, misoginia, abuso de poder, abandono de deberes, e invalidación y desconocimiento de la orgánica partidaria, todo lo cual violaría las normas establecidas en los estatutos y el código de ética del partido.
A su vez, los ahora suspendidos militantes se habrían concertado para cuestionar la probidad y legitimidad de la actual directiva nacional, de la presidencia nacional y de la presidencia regional a través de una denuncia, ingresada en el Servicio Electoral el pasado 17 de noviembre, con la que también buscaban invalidar el proceso eleccionario nacional de la FRVS realizado en mayo de 2022, entre otras acciones. Sin embargo, la solicitud fue declarada inadmisible por el Servel en su resolución 0895 del 14 de diciembre de este año.
Investigaciones
La medida de suspensión regirá por 90 días mientras dure el proceso de investigación; tiempo en el cuál las personas suspendidas podrán presentar sus descargos ante el Tribunal, para garantizar el debido proceso.
Las sanciones podrían llegar incluso a su expulsión definitiva, tal como lo establecen los estatutos vigentes de la Federación Regionalista Verde.
