Periodista.
En los últimos días, futuras autoridades del gobierno de José Antonio Kast, dirigentes de los partidos de ultraderecha que lo sustentan, incluso el propio presidente electo, se han dedicado a transmitir un guión preparado en las oficinas republicanas que el presidente de ese partido, Arturo Squella, resumió con las siguientes frases: “la crisis fiscal es al parecer, más grave aún que la de seguridad. Nos hemos encontrado con que vaciaron las arcas fiscales”.
Una frase diseñada para indignar. Para asustar. Para justificar lo que viene. La frase no busca describir una quiebra sino construir un clima para justificar posibles recortes en programas sociales; reducción del empleo público y paralización de reformas estructurales.
Aparte de que a todas luces es otra de las mentiras como solían emitir durante el proceso electoral las derechas de este país, -el catálogo es extenso- surgen de inmediato varias interrogantes: ¿cuáles arcas? ¿dónde las vieron?, ¿cuáles son las pruebas de lo que están diciendo? ¿ya dejó de ser rentable lo de la seguridad?
Complicado panorama tiene al frente el nuevo gobierno. Porque suman y siguen las interrogantes. Tanto que algunos expertos en política concluyen que todas las señales indican que las derechas están buscando un pretexto para tener a mano la justificación a recortes para cortar programas sociales; despedir funcionarios públicos (la “grasa” como lo llaman) y ¿quién sería el culpable? Obviamente el gobierno de Boric.
Hay que recordar que cuando asume esta administración, en marzo de 2022, Boric recibió al país con un déficit fiscal histórico en 2020-2021 por la pandemia. Por lo mismo hubo un gasto extraordinario por IFE y las ayudas masivas. La deuda pública estaba creciendo fuertemente, con caída en ingresos estructurales y desgraciadamente con el cobre muy volátil. En definitiva, la herencia que dejó Piñera fue un déficit fiscal muy elevado, producto del gasto en la pandemia.
Cuando asumió Gabriel Boric, recibió al país con una inflación disparada; gasto extraordinario agotado, el crecimiento en caída y una deuda que ya no era baja en estándares históricos chilenos.
Pero, -y de eso no dice nada la derecha- llegó un ministro de Hacienda de lujo, Mario Marcel, que impulsó un fuerte ajuste y pudo mostrar ese año un superávit efectivo por sobre–ejecución y altos ingresos del litio y cobre.
El último año de Sebastián Piñera cerró con un déficit muy elevado producto del gasto COVID. Y aunque 2022 tuvo un ajuste fuerte logrando el superávit mencionado, los años 2023-2024 vuelven los déficits estructurales por menor crecimiento económico; caída del precio del cobre en algunos períodos, menor recaudación tributaria de lo proyectado y la negativa -obvio- de las derechas a aprobar la reforma tributaria propuesta por Boric.
En resumen, al entregar Piñera el poder a su sucesor, el déficit fiscal de Chile era alrededor de un 7,6 % del PIB, una cifra históricamente elevada y marcada por el contexto de crisis sanitaria y económica internacional. No hubo voces en ese período, tocando las campanas a rebato por la pesada herencia que dejaba la derecha, ni gritando a todo pulmón que el país recibido estaba en bancarrota.
¿Por qué arrecian los ataques?
Ahora entonces, ad portas del cambio de gobierno y luego del veranito de San Juan, donde los triunfadores ponían su mejor cara cuando iban a reunirse con sus pares salientes y poco faltaba para cantar “somos amigos, somos hermanos”, Kast terminaba sus vacaciones en el sur y lentamente todo volvía a su estado natural, es decir, ni somos amigos, ni somos hermanos.
Se reabrió entonces la temporada de ataques, solo que ahora los misiles están teledirigidos, estratégicamente preparados desde la moneda chica. ¿El blanco? De nuevo el presidente Boric y sus ministros. Ellos serán los culpables futuros de cualquier problema que Kast y sus boys no puedan resolver o los responsables de los ajustes que “obligatoriamente” deberán hacer, cortando la “grasa” del Estado o programas sociales que para ellos son innecesarios.
La dureza de los ataques obedecería a que la actual oposición necesita instalar un relato que justifique eventuales recortes o ajustes. El concepto “dejar las arcas vacías” que perifoneó el republicano Squella, cumple tres funciones: deslegitimar la gestión saliente, justificar supuesta austeridad, preparar el terreno para reducir el gasto social.
Pero, de acuerdo a todos los indicadores y los análisis de expertos en economía, no hay tales “arcas vacías”. Chile no está en default ni en crisis de pagos, la deuda pública ha aumentado respecto a niveles históricos bajos, pero sigue moderada en comparación a los países de la OCDE. Y hay consenso en que el problema no es la quiebra del Estado, sino el menor crecimiento, la menor recaudación, la presión por mayores demandas sociales, la rigidez presupuestaria. Es cuestión de mirar los índices sin que el fanatismo perturbe la mente para darse cuenta que Chile no se ha caído a pedazos como vociferaron tanto en la campaña.
Y para desazón de los nuevos gobernantes, no son “las arcas vacías” la preocupación mayor de los chilenos. Sigue siendo la seguridad, delincuencia y orden público la preocupación principal de la ciudadanía, de acuerdo a la encuestadora Plaza Pública Cadem. Entre los resultados, se señala que el 66% de los encuestados quiere cambios en el país durante los primeros 12 meses de la nueva administración. De ese grupo, el 35% cree que estos avances se materializarán incluso en menos de seis meses. Menuda tarea que se le avecina a Kast.
Así se entienden los intentos de cambiar el eje de la agenda hacia las supuestas “arcas vacías”. Porque está claro que el próximo gobierno deberá dar respuesta rápida a la ansiedad de los chilenos que ellos mismos alimentaron. Porque Kast basó parte importante de su promesa electoral prometiendo reducir la delincuencia y la sensación de inseguridad existente.
No es el único problema que enfrentará el nuevo gobierno. Deberá resolver muy rápido la sensación de desconfianza que se abrió con la designación de Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad. Las críticas surgieron cuando el diario “la Tercera” dio a conocer las sociedades que comparte el parlamentario por la Región de La Araucanía con diferentes empresarios, quienes han sido formalizados o imputados en causas penales por presuntos delitos vinculados a hechos de corrupción. Todas son sociedades que se constituyeron, no han sido disueltas y a la fecha ninguna se encuentra activa.
Lo que se denunció es que Jouannet comparte dos sociedades con Emilio Yang, empresario chino imputado por tráfico de influencias en la causa que se indaga a la senadora electa, Karol Cariola (PC). A esta firma se suma Impresiones Quizapú Limitada, constituida en 2015, en la cual el futuro subsecretario de Seguridad es socio de Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas. Estos fueron integrantes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden), gremio que fue investigado por financiar irregularmente la política en 2019. Y en el caso de Salazar, ha sido indagado por su participación en el mercado ilegal de las casas de apuestas online como representante de EstelarBert. Sin embargo, Salazar recientemente sumó una nueva causa judicial, también relacionada a las apuestas online.
Kast defendió a su futuro subsecretario: “Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”, señaló. “Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea de atención mediática y pública antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”.
Junto con el inicio de la nueva gestión gubernamental, comenzará el nuevo ciclo parlamentario. Con una novedad: el Servicio Electoral anunció que trece partidos políticos tendrán que ser disueltos. Entre ellos figura el Partido Radical -cuya raigambre como movimiento en Chile data de 1863-, Evolución Política (Evopoli), la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Demócratas, Amarillos por Chile, el Partido Ecologista Verde, Acción Humanista, el Partido Social Cristiano, el Partido Igualdad, el Partido Popular, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el Partido Humanista y el Partido Alianza Verde Popular.
Entre medio, los que queden o ingresen tendrán que lidiar con el plan “Desafío 90”, la hoja de ruta diseñada para aterrizar en el Gobierno con medidas específicas para los primero 90 días de gestión. El diseño se centra principalmente en cinco áreas críticas: economía, seguridad, salud, vivienda e infraestructura.
Tienen conciencia de que si el gobierno no empieza rápidamente a solucionar o a mostrar avances rápidos en sus promesas podría aparecer descontento en la población. Tienen un cronograma que anunciarán a fines de febrero.
