La Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó revisando la denuncia de violación grupal en la sede de Cobreloa -Casa Naranja-, para lo que asistió el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, Eduardo Arévalo, quien aportó con nuevos antecedentes del hecho ocurrido en septiembre de 2021.
Arévalo, que habló “ya no el ‘presunto’ delito, sino que el delito de violación”, aseguró que “hay una serie de inconsistencias respecto a lo que en esta misma sala declararon, y por escrito, los señores Pablo Milad y Marcelo Pérez, presidente de la ANFP y presidente del Club Cobreloa, además de la Federación. (…) Sabemos quiénes son los que cometieron el delito, porque están los nombres, pero no tenemos exactitud respecto a otros deportistas que habitan en la Casa Naranja y que también han sido víctimas y han sido vulnerados sus derechos al estar presentes y al estar expuestos a los hechos que sucedieron. Y digo esto porque no todos participaron”.
“Son ocho jugadores y cuando se habla de cadetes, la gente entiende que son menores de edad; tenían 20 años, son jugadores juveniles, y hoy día creo que tres de ellos pertenecen al primer equipo con contrato de trabajo. Eso yo lo encuentro sumamente grave”, añadió.
Asimismo, aclaró que si bien tanto Milad como Pérez, “se dedicaron a poner especial énfasis en que el Comité Nacional de Arbitraje era incompetente para conocer de estos hechos, excusándose en que no es aplicable el protocolo del Decreto 22 por cuanto la víctima no sería parte de la organización deportiva, sobre ello voy a repetir lo que dije la vez anterior, que la aplicación del Decreto 22 a hechos públicos y graves que involucran a deportistas fuera de los espacios puramente deportivos, puede justificarse a través de la interpretación normativa, apoyándose en los principios y reglas de interpretación contenidas en el Código Civil, específicamente en los artículos 19 al 24”.
“A pesar de que el protocolo no especifique explícitamente su campo de aplicación ni cuente con normas interpretativas propias, es posible llenar esta laguna normativa recurriendo al espíritu de la ley en razón de que el Código Civil opera como norma común, general y supletoria. Se puede argumentar que, aunque el Decreto 22 no se aplique de forma expresa en contexto no deportivo, su espíritu y propósito, que es la protección de los deportistas y la promoción de un ambiente seguro y respetuoso, se extiende a situaciones en las que los deportistas estén involucrados y actúen en representación de su institución deportiva. (…) Y tratándose la Casa Naranja de una instalación que depende del club, no pueden estar ajenos a adoptar las medidas del protocolo”, agregó.
“La responsabilidad dirigencial también puede llegar incluso a una responsabilidad penal presunta, cuando se ocultan hechos tan graves como éstos. A las penas que se arriesgan es a la suspensión de hasta de cinco años por las faltas que cometan. En segundo lugar, si son autores de delito, entiéndase como delito el autor, el cómplice o el encubridor, cualquiera de las tres formas, podemos sancionar a perpetuidad para participar en actividades deportivas”, explicó.
Al respecto, el diputado Andrés Giordano (IND) indicó que “efectivamente se comprueba que los antecedentes estaban, que los nombres de los violadores están en poder de la Fiscalía y que cuando vino el club, cuando vino la ANFP a decir que no sabían, que no tenían información que aportar para la causa, la verdad es que estaban faltando a la verdad. Y con todas sus letras lo que esperamos es que las sanciones administrativas hagan lo suyo, pero asimismo que la investigación penal llegue a fondo y se castigue a los responsables”.
En ese sentido, la diputada Marisela Santibáñez (PC) aseguró que “no vamos a bajar los brazos ni dejaremos que esto quede debajo de la alfombra. Es un caso grave, un caso que requiere toda nuestra atención y desde la Cámara de Diputados y Diputadas nuevamente hemos recibido a don Eduardo con novedades que son importantes, que nosotros como parlamentarios y fiscalizadores vamos a seguir empujando para que tengamos una verdad y para que el fútbol no esté por encima de la ley”.
Finalizada la sesión de la Comisión, Arévalo anunció que “vamos a fijar en una fecha próxima para una audiencia única y concentrada para que las partes involucradas y dirigentes que debieron adoptar algunas medidas del protocolo del Decreto 22, puedan hacer sus descargos y demostrar al Comité Nacional de Arbitraje que implementaron las medidas tendientes a resguardar la integridad física de los deportistas y expliquen lo que sucedió en estos hechos”.
“Esta noticia tiene que servir para que la gente sepa que el Comité Nacional de Arbitraje puede intervenir en este tipo de casos y no es excusa de que la víctima, la niña que fue violada, no sea parte del club”, puntualizó.
A raíz de este caso, en noviembre, el diputado Giordano junto a la diputada Santibáñez, acompañados por el abogado de la víctima, entregaron una carta a la ANFP ante el incumplimiento de los protocolos mencionados anteriormente; solicitando a Pablo Milad que se pronuncie, entregue los antecedentes pertinentes y tome las medidas correspondientes en su rol de presidente de la Asociación.
Asimismo, el diputado Giordano solicitó a inicios de este mes, por medio de oficios, un pronunciamiento a la ANFP y a la Defensoría de la Niñez sobre la situación jurídica y eventual vulneración de niños, niñas y adolescentes que residen en dependencias de clubes deportivos.
