Antonio Frey y Proyecto de Ley sobre Protección de Fuerzas de Orden: “Es un Guiño a la Derecha más Dura”

Benjamín Poza Solís

periodista.

Antonio Frey (PPD), ex subsecretario de Prevención del Delito -durante el segundo mandato de Michelle Bachelet- y miembro de la Comisión Independiente de Reforma Policial, se refiere a la normativa ingresada por el gobierno durante diciembre de 2019 al parlamento, la denominada “Ley de Protección de Fuerzas de Orden”. Esta se debía discutir la semana pasada en la Comisión de Seguridad del Senado, sin embargo, el debate fue aplazado a causa de diversas críticas, como la emitida por José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien aseguró que “la ley podría usarse indebidamente para facilitar la impunidad por los graves abusos cometidos durante el estallido social”.

 -El proyecto de ley de “Protección de Fuerzas de orden” fue presentado por el gobierno a dos meses del inicio de la protesta social. ¿Cree que esta iniciativa aporta a la paz social, considerando el contexto de su ingreso al Congreso Nacional?

-Se debe precisar que todas estas normas ya están vigentes, ya sea en el Código de Justicia militar, en la ley Orgánica de Carabineros o en algunas leyes especiales, por lo tanto no hay nada nuevo. Esto no es más que una sistematización de las normativas que protegen a la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones en el Código Penal. Esto es un error político más que un error técnico.

-¿Por qué califica este proyecto como un error político?

-Porque el anuncio, realizado en diciembre de 2019, es un guiño al electorado más duro de la derecha, sin embargo, está mal realizado, porque no cambia nada de lo que existe, incluso el nuevo proyecto es más exigente que la normativa actual, es menos laxa para el funcionario. Aquí, según mi interpretación, se está restringiendo más que ampliando. Por lo tanto es un error político anunciar esta nueva ley como algo que protege a las Fuerzas de Orden y Seguridad, ya que muchas medidas están vigentes pero se encuentran dispersas en la legislación. Lo que hace el gobierno es incluirlas todas, o gran parte de ellas, en un solo título del Código Penal.

-Según su perspectiva, el nuevo proyecto de ley estaría restringiendo más que ampliando, no obstante, algunos dirigentes de la oposición han sido críticos con esta moción. ¿Por qué cree que se produce?

 -Es un error político que tiene efectos en el electorado de derecha, pero también altera las relaciones con la izquierda. Siento que hay ignorancia respecto al tema, porque esto ya está, no hay nada nuevo. Insisto en que es más lo que restringe, porque es más precisa que la norma vigente. El Ejecutivo dio un paso en falso al anunciar el proyecto de la forma en que lo hizo, le trajo costos desde ambas veredas políticas.

-¿Por qué considera que la norma que, actualmente, está en discusión en el Senado, es más precisa?

 -Porque especifica mejor las hipótesis eximentes de responsabilidad, es mucho más precisa en términos de especificar cuales son las circunstancias y las hipótesis frente a las cuales un funcionario de las Fuerzas de Orden  aplica la legítima defensa o está ejerciendo la función policial. En el fondo se exime de responsabilidad en situaciones muy específicas. Según mi opinión, no es un error técnico, es un error político.

-¿Cree que esta nueva normativa soluciona las desregulación respecto al uso de la fuerza que quedó en evidencia a partir de la protesta social?

 -Las técnicas de control del orden público están amparadas en el Decreto N°1186, elaborado en 1983, en plena dictadura.  Ahí se  faculta a la policía para actuar sin permiso de la intendencia, puede disolver cualquier manifestación.  Le da autonomía total del poder político para hacer lo que quieran.  Eso sí que es un error no cambiarlo, porque finalmente le estás dando la atribución directa a la policía para intervenir cualquier tipo de manifestación, de manera autónoma del poder político, sin control, eso sí que es grave, a mi parecer, y está pendiente.

-El artículo 8 del proyecto de ley agrega un elemento que no está presente en la legislación actual, el cual indica que “se presumirá la necesidad racional cuando el miembro de Carabineros de Chile, de la PDI y de Gendarmería de Chile fuere agredido, comprometiendo su vida o gravemente su integridad física”. Según su perspectiva, ¿Esta presunción abre la puerta para que agentes del Estado hagan uso arbitrario e ilegítimo uso de la fuerza?

-Más allá de que podamos discutir cómo está quedando la ley en su primer trámite en el Senado, la ley nueva es más precisa que lo que hay ahora, por lo tanto deja menos discrecionalidad al actuar policial, a pesar de que es posible todavía cierta discrecionalidad. Yo creo que aquí hay una reacción legítima de la oposición y de los organismos de DDHH que están hasta la coronilla de escuchar discursos del enemigo interno, como el que uso Piñera post 18-O, y eso está bien, y lo encuentro válido, porque fue un error político del gobierno el haberse casado con la tesis del enemigo interno desde el comienzo del estallido, pero se debe distinguir aquello, porque cualquier cosa que haga el Ejecutivo se mirará con sospecha por el contexto político. Pero se debe separar eso de la discusión técnico jurídica. Está bien interpretar que se podría acotar aún más la discrecionalidad en el actuar de carabineros, pero es una discusión, no es algo que tenga que ver con algo que no existe, porque actualmente ya sucede.

-¿Cree que este artículo busca dar impunidad a los uniformados que causen lesiones graves o asesinen a manifestantes, como acusó José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch?

-La afirmación de Vivanco me parece correcta, el problema es que esto ya sucede actualmente con la norma vigente. El proyecto de ley de “Protección de Fuerzas de Orden no dará impunidad a los policías, porque esto ya sucede, más que con la normativa que se está proponiendo. Pero si adhiero en que se debe buscar que el actuar de carabineros quede lo menos impune posible. El trabajo de los efectivos  a cargo del control del orden público , aunque parezca un despropósito, es ejercer la fuerza pública, por lo tanto, debe existir una regulación lo más fina posible. La actual es más laxa.

-Diversas organizaciones internacionales que promueven la defensa de los DDHH, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han denunciado que, a partir del 18 de octubre, se violaron en múltiples ocasiones los derechos fundamentales de  muchos manifestantes. A esto se suma el cuestionamiento de la oposición y la opinión pública sobre la labor de Carabineros en el control del orden público. A su juicio, ¿se debería realizar una reforma a la institución policial? ¿En qué dirección se debería apuntar?

-Creo que lo central es dejar de ver a la policía como protectora del Estado y sus instituciones. Se debe pasar de frentón, y es lo que he planteado en la mesa de trabajo del gobierno, de esa doctrina de protección del Estado y sus instituciones, a una doctrina de protección de las personas y sus derechos. Hoy día eso es marginal, no es la misión central de la policía. Debemos pasar a una policía del pueblo, por decirlo de alguna forma. Esto existe en algunas partes del mundo, como Inglaterra o los países nórdicos. Si no hacemos eso, Carabineros tendrá cada vez menos legitimidad, y lo que muestran los números es que su respaldo se ha ido en caída, aquello ocurre porque la ciudadanía siente que las Fuerzas de Orden están para otras funciones y no para protegerlos.

-¿Considera que proyectos como el de “Protección de las Fuerzas de Orden, la “Ley Anti Saqueos”, la “Ley de Protección Infraestructura Crítica” o la “Ley Anti Capuchas” criminalizan las protestas ciudadanas?

-Tengo la impresión de que el gobierno confunde el fenómeno de la protesta social, y por lo tanto la criminalizan en ese sentido, con actos delictuales y meten en el mismo saco problemas que son completamente distintos y que deben ser abordados de manera diferente. Hay que ser inteligente, por lo tanto, se deben crear políticas públicas y no andar golpeando. Si hay una sensación de inseguridad y tu le metes más violencia como reacción del Estado, lo más probable es que hayan escaladas año a año y se agrave la situación.

-¿Cree que este tipo de proyectos de ley caen en el populismo penal?

 -Hay que tratar de -y este es un mensaje directo para el gobierno-, dejar de lado esta idea de hacer anuncios que son falsos, en la medida técnica jurídica. El populismo penal no nos ha traído nada bueno en los últimos 30 años , no ha mejorado en nada la sensación de seguridad ni la situación de las cárceles, ni tampoco  las causas de fondo que provocan la violencia y los delitos. Es estupidez política insistir por ese carril.

-¿Cómo evalúa el rol de jueces y fiscales en los casos vinculados a personas detenidas en manifestaciones? 

-Es un error pensar que hay un criterio distinto aplicado a los presos por desórdenes públicos o manifestaciones sociales. En Chile, el sistema judicial, muchas veces, encarcela a personas sin tener los antecedentes necesarios, ni la investigación para ello. Además,  algunas investigaciones son muy lentas y poco pulcras, por lo que no se obtienen las pruebas determinantes para aplicar cárcel.  Por eso el sistema debe ser mucho más ágil, de esa forma se evitaría que  personas, cuyas pruebas no están disponibles, sean encarceladas un año. Es un absurdo de todo punto de vista: desde los DDHH y desde el financiero. El sistema está funcionando mal por falta de inteligencia, coordinación y gestión.

-Respecto al proyecto de indulto para detenidos durante manifestaciones que han impulsado un grupo de senadores, ¿cuál es tu opinión?

-Lo del indulto es materia del presidente y del Ejecutivo. Él tendrá que ver. Más allá de las mociones parlamentarias, él deberá decidir si es que utiliza este recurso. Recordemos que producto del incendio de la cárcel de San Miguel y la catástrofe del hacinamiento, Sebastián Piñera promulgó un indulto, lo que tuvo un impacto importante en la población penal, ya que teníamos cerca de 50 mil personas al final del primer gobierno de  Michelle Bachelet y con la medida bajó a 44 mil. Por lo tanto, esta no sería la primera vez que lo hace. Es una herramienta jurídico criminal, si es que  se aplica a una población específica se debe analizar el criterio de fondo.