Periodista.
Si se hubiese aceptado desde el principio los términos que proponía la oposición para las ayudas familiares en medio de la crisis sanitaria y sus repercusiones económicas y sociales, no hubiese sido necesario sacar ningún 10% de los fondos previsionales de los trabajadores para pagar la crisis. Así de taxativo es Hernán Frigolett, economista y ex Tesorero General de la República, frente a las discusiones que se han estado registrando entre el retiro de los fondos previsionales, las ayudas del Gobierno y los llamados “mínimos comunes”.
Frigolett, académico de la USACH e investigador de la Universidad de Los Lagos, junto a otros profesionales del área, forma parte del equipo económico que propuso recientemente las medidas tributarias de la candidata presidencial Paula Narváez para enfrentar la crisis social, que incluye medidas para el corto, mediano y largo plazo.
Una cosa está clara: un ajuste de las cuentas públicas, por la vía del aumento de la recaudación, que apunten a disminuir los desequilibrios fiscales será prácticamente inevitable para cualquier administración que conduzca el país en los próximos periodos.
Frigolett detalla los términos de la propuesta de Narváez: una disminución importante de la evasión y la elusión, donde se inserta el fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos, que implique herramientas como levantar el secreto bancario y la aplicación por parte del organismo de las normas generales antielusivas (evasión “inaceptable” que llega al 20% en el IVA y otro tanto en el impuesto a la renta), y avanzar en una mayor desintegración del impuesto de primera categoría que pagan las grandes corporaciones y que hoy un 65% de ese impuesto sirve como crédito para los impuestos personales (donde se propone el estándar de la OCDE de que exista cero crédito para los impuestos personales).
Como se sabe que esa discusión tiende a ser relativamente larga, se busca aplicar un impuesto patrimonial que sea permanente y cuyo objetivo de recaudación esté en torno al 1% del PIB, es decir, aproximadamente a unos US$3.000 millones, con “tasas razonables como las que están en los países de la OCDE que lo aplican”. Dice que como varias naciones lo están aplicando, eso va a ayudar a que haya menor fuga de capitales, además que se busca una tasa que evite el arbitraje tributario.
En términos del royalty, discusión que ha tomado fuerza dados los altos precios que ha estado mostrando el metal rojo y más allá de eso, se propone una profundización del impuesto específico a la actividad minera, aplicando un impuesto que sea ad valorem y además sea en función tanto del precio internacional, como de las leyes que tengan los yacimientos “y con eso lograría tener una recaudación que sea mucho más eficiente y que obviamente permita recuperar la renta del recurso natural”.
Dice que “en eso se ha sido cauto dado que se está tomando como referencia lo que han hecho los noruegos con la rentas del petróleo”, en términos de generar una acumulación importante que permita financiar procesos de desarrollo productivo y no simplemente gasto corriente.
Asimismo, una revisión importante en lo que tiene que ver con exenciones tributarias, donde “la mayor parte de estos son de beneficiarios finales nuevamente de altos patrimonios o ingresos” y revisar el impuesto a la herencia “porque sabemos que hay muchas anomalías sobre todo en los grandes patrimonios en que hay traspasos que finalmente no se traducen en el pago de impuesto respectivo”.
“Raya para la suma: lo que estamos proponiendo es hacer más eficiente la progresividad de nuestro sistema tributario” y esa mayor recaudación, se estima que “por lo menos en los próximos cuatro años, el próximo gobierno, debiéramos tener un incremento de la recaudación equivalente a un 5% del PIB, en forma permanente y en forma gradual ir avanzando en ese sentido”, precisa el economista.
-¿Si esto es gradual por dónde se propone empezar?
– Se propone empezar por la eliminación de las exenciones y obviamente el fortalecimiento de la capacidad del SII para controlar la evasión y la elusión y con eso debiéramos tener en torno al 1 a 2% del PIB que se incremente la recaudación en el corto plazo. El resto de las reformas son para el mediano plazo, y debiéramos ir avanzando consecutivamente hacia obtener un incremento de la carga tributaria de 1% por año del PIB.
-¿No hay una especie de confusión entre medidas que son para ahora- para los efectos de la pandemia, por decirlo así-, con otra agenda que es más permanente?
– No, todas las medidas que yo he mencionado hasta el momento son todas permanentes. Lo que pasa es que algunas tiene efecto de más corto plazo y otras que van a tener efecto en el mediano plazo, porque va a existir una discusión legislativa que nunca ha sido simple en Chile y dura entre uno y dos años. Hay otras que son más simples, en que ya hay un consenso, que tienen que ver con eliminar las exenciones y disminuir, más allá de los plazos, el alto nivel de evasión y elusión que tenemos.
– En el tema exenciones al parecer se podrían avanzar más o menos rápido…
– Lo que nosotros esperamos es que se pueda legislar en este Gobierno, para que efectivamente ya tengamos un fortalecimiento de la recaudación y para que el próximo gobierno empiece con un Presupuesto que esté más equilibrado, que no sigamos acumulando déficits gigantescos, porque tanto el año pasado como este año, vamos a terminar con déficits que van a estar entre el 8 y el 10% del PIB y eso nos va a llevar a un incremento importante de la deuda pública y por lo tanto, tenemos que ir cerrando esa brecha de déficit y la única vía de hacerlo es ir incrementando la carga tributaria que hoy por hoy es bastante baja: debiéramos estar en una carga de por lo menos 25% del PIB y hoy estamos en 20%.
– ¿Cómo conversa esta propuesta con la medida de ingreso universal hasta fin de año que hicieron las candidatas Rincón y Narváez, que se indica que constaría algo así como US$40 mil millones y que sería mucha plata para el Fisco?
– Lo que pasa es que hay malos cálculos realizados por quienes atacan la medida. En el fondo se está hablando de un ingreso garantizado de 600 mil pesos y eso es muy parecido a lo que está entregando hoy el Gobierno, el cual ya tiene el IFE sin condiciones y por lo tanto, está entregando 100 mil pesos per cápita prácticamente al 80% de los hogares que está en el Registro Social de Hogares. Si eso lo llevamos al 100% del Registro y le aseguramos a los que estén recibiendo el bono que esté por debajo de los 600 mil pesos entregarle a esos hogares un diferencial de hasta 200 mil pesos, para que nadie quede bajo los 600 mil pesos, y considerando que para los que tengan otros ingresos, si esos los dejan sobre los 600 mil pesos, no habría nada adicional… eso costaría aproximadamente US$3.000 millones mensuales. Lo que estamos hablando es que sean tres meses renovables, asegurar ingresos durante el periodo de invierno y tratando de aplacar fuertemente los indicadores sanitarios. Esto nos permitiría tratar de controlar mejor la movilidad y por esa vía aplacar la positividad que se está dando en distintas ciudades y que probablemente en el invierno podría incrementarse. Estamos hablando de un programa que inicialmente puede costar entre US$7 mil y 9 mil millones por tres meses y si nos fuéramos hasta fines de año, que no creo que vaya ocurrir en la medida en que tengamos un buen resultado en términos de la vacunación, podríamos agregar otros US$7 mil millones, entonces estamos muy lejos de los cálculos de “servilleta empapada” que hicieron algunos…
– Todo el mundo ha planteado que la opción de retirar el 10% de las AFP no era lo ideal y que lo óptimo hubiese sido que justamente el Estado y los que tiene más, hubiesen colocado los recursos…con estas medidas estaríamos en condiciones de asegurar aquello?
– Si el año pasado y este año, en los periodos más álgidos de cuarentena y de positividad hubiésemos tenido un IFE como el que se está aplicando ahora, sin restricciones y haber entregado los 100 mil pesos per cápita por hogar, probablemente no habríamos tenido ninguno de los retiros. Los retiros aparecieron porque el Gobierno tuvo un mal diseño de su política de transferencia de recursos a los hogares para paliar los efectos de la cuarentena y de la prohibición del desarrollo de muchas actividades que son intensivas en empleo. Entonces los retiros del 10% aparecieron como una solución que emanó del Legislativo frente a la incapacidad del Ejecutivo de diseñar un programa de transferencias que fuera eficiente, en función de la crisis sanitara y de la crisis económica derivada de la prohibición de desarrollar muchas actividades muy intensivas en mano de obra. Entonces finalmente, es un costo, desde el punto de vista de futuro, que probablemente va a tener que asumir el Fisco porque todos los que han quedado sin saldo, se ratifica una situación en que el sistema actual de pensiones no les proveía ninguna solución. Son capitales tan chicos que con tres retiros quedaron prácticamente en cero, en el mejor de los casos estamos hablando de capitales que llegaban a los tres millones de pesos y obviamente con esa cantidad uno no va a financiar una pensión por 20 años. Por lo tanto, obviamente se sinceró una situación en la cual se va a tener que expandir el pilar solidario, en términos de mayor cobertura, y con una pensión básica solidaria, que algunos están planteando que se transforme en pensión básica universal y que provea un flujo de ingresos que este superando la línea de la pobreza, es decir, un pensión que esté en un mínimo digno…
– Hay una propuesta que hizo RN, volviendo al tema tributario, que tiene que ver con el FUT, con cambiar ese mecanismo que dice que es mucha más plata y que sería mucho más fácil de recaudar, ¿qué comenta?
– Lo que ellos están proponiendo ellos es un gran perdonazo, porque ponen una tasa ridículamente baja. Hablamos del FUT, el Fondo de Utilidades Tributarias, y lo que significa que hay impuestos pendientes, que son impuestos adicionales al impuesto de primera categoría que se pagó en su momento. Entonces había un impuesto de primera categoría que era el 17% o el 20% de las ventas y para esos créditos, ellos pretenden poner una marginal que sea del 5%, es decir quedarían niveladas prácticamente todas esas utilidades y eso es pan para ahora y mucha hambre para el futuro, porque en el futuro esas utilidades quedarían libres de pago de impuesto adicional y por lo tanto, las empresas lo que harían sería empezar a sacar con cargo a esas utilidades y obviamente eso dejaría al Fisco sin ninguna capacidad de recaudación. Así que es una avivada, en términos de “si nos están planteando impuestos por otros lados, bueno aquí nos resarcimos y quedamos igual que siempre”.
– Usted plantea que estaríamos con un déficit fiscal cercano al 10%, ¿cuánto de toda esta situación va a afectar a un próximo gobierno, sea cual sea?. Esto al parecer va a demorar años, para equilibrar mejor la situación fiscal y parece imposible si no hay un ajuste tributario…
– Si, la reforma tributaria es clave, va a ver que hacer una reforma tributaria y buscar el respaldo suficiente para que esto se gestione rápidamente en el Congreso y por eso es importante ir decantando los ejes y ese fue el propósito de la propuesta de Paula Narváez. En términos de poner claridad en términos de dónde iba a estar el foco en términos de la recaudación y clarificarle a la mayor parte de la población que estén tranquilos, de que su carga tributaria no se les va a modificar, sino que va estar concentrada en aquellos que tienen capacidad de pago y hacen una contribución insuficiente en función de las rentas y patrimonios que tienen y, obviamente, de las necesidades que van a tener las finanzas públicas en el futuro. Eso es insoslayable, o sea cualquier administración que venga va a tener que administrar un déficit fiscal que va a tener que corregirlo a la baja y la vía socialmente equilibrada de hacerlo es incrementando los ingresos y no recortando los gastos porque vamos a seguir teniendo necesidades crecientes, en salud, en previsión y obviamente en todo lo que tenga que ver con educación y también que tendremos que preocuparnos de cómo reactivar la economía, y el rol desde el punto de vista de la infraestructura, el rol del Gobierno en esta materia, va a tener que ser bastante más agresivo de lo que ha sido porque tenemos que recuperar capacidad productiva y capacidad competitiva del país.
