El ex titular del Trabajo, Osvaldo Andrade, sostiene que el problema del mercado del trabajo es algo más complejo que eliminar lo que se denomina “rigideces” en dicho ámbito, sino que tiene que ver con temas más profundos.
El ex ministro Osvaldo Andrade sigue de cerca el acontecer del agitado año en materia laboral: eventual revisión de las 40 horas, cambio del actual sistema de indemnizaciones, nueva normativa para el trabajo por horas. Según él, todo esto tiene una matriz común: desahuciar la posibilidad de diálogo social entre trabajadores y empleadores y una mirada de lo laboral desde el punto de vista del control de los “costos laborales”.
Más de algún dirigente sindical ha expresado que la agenda laboral del Presidente Kast, y las definiciones económicas en general, se parecen mucho al Büchi de Pinochet, cuando se recortó fuertemente el presupuesto de las partidas sociales, incluidas las pensiones, mientras el propio dictador decía sin complejos que “hay que cuidar a los ricos”, porque en algún momento, chorrearía prosperidad para todos.
Han apostado todo a que los ricos, léase los que tienen la posibilidad de invertir, lo harán, dando con ello más empleo, si les mejoran las condiciones y básicamente si los “dejan tranquilos” con esas odiosas regulaciones ambientales, laborales, antimonopolios y otras, con las que- se supone- se busca orientar la función pública hacia el bien común.
-Hay bastantes novedades en materia laboral en estos 100 días de Gobierno, por ejemplo, se está hablando de cambiar el régimen de indemnizaciones actual, por uno a todo evento…
– Yo empezaría por decir que el Gobierno del Presidente Kast tiene dos orientaciones básicas en materia laboral: Una es entregarle al empleador una amplitud de facultades desde su poder de dirección, para regular lo que el Gobierno entiende son los “costos laborales”. Es decir en Chile ya no estamos hablando de trabajadores, ni derechos del trabajo, sino de costos laborales. El Gobierno entiende que una buena manera de promover el crecimiento del país se da en la medida en que los empleadores puedan operar con mayor flexibilidad en los temas de costos laborales. En consecuencia, tiene una marcada intención de entregarle al empleador facultades cada vez más amplias en ese sentido, y por la misma razón, niega un dato básico que se ha ido construyendo con los años, que es lo que se llama la doctrina del dialogo social. Es decir, muchos de estos temas, que son de natural controversia en el ámbito del trabajo, el formato que nacional e internacionalmente se había dado, como fórmula de enfrentar estos temas, es por la vía del diálogo social, es decir, el entendimiento, la conversación, el diálogo entre el empleador y el trabajador organizado, toda vez que todo el mundo entiende que hay allí una relación un tanto desequilibrada. Esas dos cosas: la negativa del dialogo social como fuente de los acuerdos y al mismo tiempo una exagerada entrega de facultades al empleador para organizar los costos laborales, es tal vez, la matriz que está detrás de todas las iniciativas que, en el ámbito laboral, está anunciando el gobierno.
-¿Puede dar más ejemplos?
-Entonces, en ese ámbito hay una intención de modificar lo que fue la ley de las 40 horas, entregándole al empleador mayores facultades para organizar la jornada; está el tema de la indemnización por años de servicio, que se intenta construir por la vía de una indemnización a todo evento, una disminución de ese costo laboral; está el trabajo por hora, que significa la transgresión del principio de la jornada laboral como un derecho de los trabajadores. Es decir, detrás de cada una de estas iniciativas están detrás estos dos principios orientadores: mayor poder al empleador y negación del diálogo como fuente de acuerdos. Esto es bien contradictorio, porque lo que habíamos ido construyendo hace un tiempo atrás era que las leyes permitieran lo que es la ampliación de los pactos laborales, es decir, la posibilidad de que empleador con el sindicato pudiera generar, desde allí, modificaciones a lo que es, lo que se llama, rigideces en el ámbito laboral. Es decir, que los mecanismos de adaptabilidad o flexibilidad fueran pactadas entre trabajadores y empleadores, por la vía de ese diálogo, pero es claro que este gobierno no está en esa voluntad.
-Algo de esto se intentó conversar en su momento…entre trabajadores y empresarios
-Sí, todas estas cosas se han conversado, lo que pasa es que fracasan porque no se entienden que este es un diálogo que debiera ser entre iguales. Es decir, como el empleador tiene un prejuicio respecto del mundo del sindicato y digámoslo también, muchas veces los trabajadores tienen un prejuicio frente a los empleadores… se hace muy difícil la construcción de un diálogo que genere una cierta confianza y por esa razón es que se intenta que sea la ley el que de un modo u otro, supla o reemplace esa voluntad de diálogo o de acuerdo que pudiera existir. En mi opinión, lo que la ley debiera promover es más bien ese diálogo y el acuerdo por esa vía, pero es todo lo contrario de lo que piensa el gobierno.
-Acá el gran argumento es que esto podría redundar en mayores contrataciones y en mayor dinamismo del mercado del trabajo…
-Eso es bien discutible porque el problema del mercado del trabajo tiene que ver con una cuestión un poquito más estructural que es que no se están construyendo puestos de trabajo, entonces, lo que algunos dicen es que son tantas las rigideces, que son tantas las dificultades, que por esa razón no se contrata. Hemos tenido un sostenido aumento de la informalidad, pero yo le quiero decir que la mitad de los trabajadores informales son realmente y en su práctica concreta, trabajadores que tienen un empleador, que tienen un vínculo de subordinación y dependencia , pero que no se declara, porque claro, contratarlos significa hacerse cargo de leyes sociales, entonces, lo que hay detrás es una cosa bien perversa: porque se dice, mire, la única forma de aumentar el empleo es en la medida de que sea más fácil contratar y para que sea más fácil contratar, hay que terminar con lo que algunos llaman ciertas rigideces y otros les llaman derechos , que impiden esto. Entonces… claro, por supuesto que si uno empieza a terminar con ciertos derechos laborales evidentemente va a ser más fácil contratar y si eso es más fácil, va a ser siempre más fácil resolver el tema de empleo. ¡Claro, cuando había esclavitud había pleno empleo, pues! Se olvida eso, porque claro, obvio, si no hay derechos laborales es bien fácil contratar por horas, por medias horas, por un ratito… sin consideraciones de derechos previsionales, etc.
-Acá se habla justamente de una “emergencia laboral”, lo cual se atribuye a la administración pasada básicamente. Y claro, hay un desempleo femenino alto y para que decir juvenil, ¿cómo se ve eso?
-El gobierno del Presidente Kast ganó las elecciones generando la idea de que Chile estaba en una situación de emergencia, de quiebra y de estancamiento; y en consecuencia, se requerían medidas extraordinarias porque en las emergencias hay que tomar medidas extraordinarias y de inmediato. Bueno, los primeros 100 días han sido un poco un fraude de eso y una desilusión en esa medida porque, lo único que hemos sabido es un par de ministras han tenido que salir del gobierno y qué sé yo, un montón de otras cosas. Entonces la teoría de la emergencia a mí me parece que tiene un problema que es que si es cierto, debiéramos el primer día haber enfrentado la emergencia y llevamos 100 días y recién ahora estamos hablando de estas cosas. Entonces, parece que la pretendida emergencia era más bien un slogan de campaña, que fue exitoso sin lugar a dudas, pero que no tenía mucho de realidad.
– ¿Cómo lo diagnostica usted?
-En el ámbito laboral efectivamente tenemos un problema bastante severo en materia de empleo, pero yo creo que el problema que tenemos en Chile tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con una estructura del mercado del trabajo que es bastante exigua. Le doy un ejemplo, se dice que con la sala cuna va a mejorar muchísimo el acceso de las mujeres al empleo. ¿Pero a qué empleo van a acceder las mujeres con eso? Segundo, quien va a pagar la sala cuna; tercero, ¿va a haber copago? y en consecuencia, ¿las que accedan a sala cuna van a ser las que pueden copagar?, eso significa aquellas que tienen un sueldo más importante que el resto, entonces los efectos prácticos de estas medidas no vislumbran necesariamente un aumento del empleo en ese sentido. Le pongo un segundo ejemplo, usted rebaja el impuesto a la renta, las empresas en teoría van a tener más dinero para invertir, pero si yo tengo más plata para invertir y tengo que elegir entre un robot y ocho a diez trabajadores, bueno, ¿voy a pensarlo no? Y en consecuencia, tampoco eso me lo garantiza. El otro día salía en las redes sociales que un robot que llevaba más de 52 horas trabajando y uno sacaba la cuenta y son diez jornadas de 8 horas y en consecuencia 8 trabajadores. Entonces, yo creo que esto es un poquito más complejo que la sola afirmación de la emergencia laboral y estas cosas…Y claro, la perspectiva está en que si yo reduzco derechos laborales, efectivamente voy a tener mayores posibilidades de empleo, porque me va a ser más barato contratar, pero es una lógica súper perversa, porque entonces ¡eliminemos los derechos laborales! y así yo no tengo dudas que vamos a tener pleno empleo.
