La incertidumbre sobre la situación penitenciaria de Patricio Mamani Órdenes, condenado a ocho años de presidio por delitos sexuales contra niñas, mantiene en alerta a las familias. El caso involucra antecedentes relacionados con 13 estudiantes de Matilla, Pica y Alto Hospicio y se conoce en medio de la controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.
Tarapacá, noviembre de 2026.— “No puede ser que las familias tengamos que seguir viviendo con miedo mientras quienes cometieron estos delitos recuperan su libertad”. Con estas palabras, Catalina Cortés, madre de una niña víctima de abuso sexual, exige al Gobierno y al Ministerio de Justicia información urgente sobre la situación penitenciaria de Patricio Orlando Mamani Órdenes, profesor condenado a ocho años de presidio por delitos sexuales contra su hija y otra menor de edad.
Según los antecedentes que maneja la familia, Mamani ha sido condenado dos veces. En la primera oportunidad fue condenado a 8 años por el abuso a dos niñas en Pica. La segunda fue condenado a 61 días por el abuso cometido a 5 niñas en Alto Hospicio, siendo reincidente.
La preocupación se intensificó luego de conocerse, en octubre, antecedentes sobre 56 rebajas de penas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad durante el Gobierno del presidente José Antonio Kast, situación que abrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados y las garantías de protección para las víctimas. Si bien no existen antecedentes que acrediten que Mamani haya recibido una rebaja mediante estos decretos, la familia exige conocer si alguna resolución judicial o administrativa ha modificado su situación penitenciaria.
Un caso que involucra antecedentes de 13 niñas
La historia comenzó en la escuela de Matilla, comuna de Pica, donde Catalina denunció los delitos sexuales cometidos contra su hija. Durante su búsqueda de justicia, reunió antecedentes relacionados con otras niñas de la localidad y de Pica.
A estos hechos se suma una segunda condena dictada el 30 de diciembre de 2019 por el Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio, por el delito de ultraje público a las buenas costumbres, en una causa relacionada con conductas hacia cinco alumnas del Colegio Nirvana.
En total, los antecedentes reunidos comprenden a 13 niñas de Matilla, Pica y Alto Hospicio, aunque no todos los relatos dieron origen a denuncias o condenas judiciales.
La segunda sentencia estableció una pena de 61 días de presidio, sustituida por remisión condicional durante un año, cuyo cumplimiento debía comenzar una vez que el condenado recuperara su libertad por la primera causa. La familia también exige aclarar el estado actual de esta resolución y las condiciones de supervisión correspondientes.
“El Estado debe hacerse responsable de las víctimas”
Para Catalina Cortés, la preocupación no termina con el cumplimiento de una condena. Durante años, su familia ha debido financiar asistencia jurídica, tratamientos psicológicos y acompañamiento para enfrentar las consecuencias de los delitos.
“Quiero que el Estado se haga responsable de las víctimas. Que existan tratamientos, psicólogos, terapias y rehabilitación hasta que esas niñas puedan recuperarse. No basta con condenar al agresor. También hay que ayudar a sanar a quien sufrió el abuso”, sostiene.
Ante esta situación, las familias solicitan al Ministerio de Justicia, Gendarmería y las instituciones responsables de protección de víctimas que informen oficialmente la situación penitenciaria del condenado, esclarezcan cualquier beneficio o resolución que afecte sus penas y dispongan medidas de protección, acompañamiento psicológico y reparación para las víctimas.
Asimismo, piden revisar los procedimientos de rebaja de condenas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, garantizando que las víctimas sean informadas oportunamente de las decisiones que puedan afectar su seguridad.
“Yo no hice esto por mí. Lo hice por mi hija. Y si hoy vuelvo a hablar, es porque sé que hay otras niñas que necesitan que alguien las escuche”, concluye Catalina Cortés.
La exigencia de las familias es clara: una condena puede terminar, pero la responsabilidad del Estado de proteger y reparar a las víctimas no puede tener fecha de vencimiento.
