El informe alerta que el monto asignado para el SBAP en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, continúa muy por debajo de las estimaciones que la DIPRES realizó en 2022. El documento advierte sobre la insuficiencia de recursos para personal, infraestructura y operación, y plantea medidas urgentes para asegurar una implementación efectiva del nuevo Servicio encargado de administrar las áreas protegidas terrestres en Chile.
Fundación Terram publicó recientemente el informe “Emergencia en el Financiamiento Público para Áreas Protegidas Terrestres en Chile”, una nueva versión del documento de análisis presupuestario que cada año realiza la organización. En esta oportunidad el informe está enfocado en la evolución del financiamiento estatal destinado a la gestión y administración de áreas protegidas terrestres y las brechas presupuestarias que enfrenta la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027.
El documento hace una revisión al presupuesto asignado a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) que han sido administradas históricamente por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), además de revisar las brechas de financiamiento para áreas protegidas y la implementación del SBAP en relación al Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, evidenciando que la creación de una nueva institucionalidad ambiental no ha resuelto el déficit estructural de recursos que afecta a la conservación del patrimonio natural del país.
Un déficit histórico que persiste
El informe da cuenta que Chile ha mantenido una inversión estructural en conservación muy por debajo del promedio de los países pertenecientes a la OCDE. Según la terceraEvaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del organismo,desde el año 2012 al 2021 el gasto público ambiental del país se ha situado históricamente en torno al 0,1% del PIB, mientras el promedio de los países de la OCDE alcanza aproximadamente el 0,6%.
Este déficit de inversión también se refleja en el financiamiento por hectárea terrestre. Entre 2015 y 2026, el presupuesto promedio alcanzó US$1,58 por hectárea, mientras que en 2026 se situó en apenas US$1,31. Esta cifra representa una caída real de 43% respecto de los US$2,30 registrados en 2017 y se encuentra por debajo del promedio regional de US$1,95 por hectárea.
El análisis plantea que el aumento sostenido de las hectáreas protegidas no ha sido acompañado por un incremento proporcional de los recursos públicos destinados a su administración y gestión, profundizando una brecha que compromete las capacidades del Estado para conservar efectivamente su patrimonio natural.
El autofinanciamiento no reemplaza el aporte fiscal
Otro de los principales hallazgos corresponde a la creciente dependencia de los ingresos de operación, provenientes principalmente del cobro de entradas y concesiones, para financiar las áreas protegidas terrestres, administradashistóricamente por CONAF.
Entre 2015 y 2026, los ingresos de operación representaron, en promedio, el 54,3% del financiamiento total, superando al aporte fiscal en todos los años, excepto 2017. Esta situación evidencia que el autofinanciamiento no ha logrado sustituir de manera estable los recursos estatales y mantiene al sistema expuesto a fluctuaciones en las visitas del público, emergencias e incendios, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 o las paralizaciones de guardaparques de fines de 2022.
A ello se suma que, durante todo el período analizado, el aporte fiscal fue insuficiente para cubrir el gasto en personal. En promedio, este financiamiento alcanzó solo el 61,6% de las remuneraciones, mientras que para 2027 se proyecta una cobertura de apenas 55,9%.
SBAP: una brecha de más de $21 mil millones para 2027
Uno de los principales focos del informe corresponde a la brecha entre los recursos que la propia DIPRES estimó necesarios para implementar el SBAP y aquellos efectivamente asignados en las leyes de presupuesto de los últimos años.
Según el Informe Financiero Sustitutivo N°252 de diciembre de 2022, el SBAP debía contar con recursos adicionales por $35.958 millones durante 2026 y $43.925 millones en 2027, considerando su implementación gradual. Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2026 alcanzó solo $18.089 millones, generando una brecha de $17.565 millones respecto de las estimaciones oficiales. Para 2027, el proyecto de presupuesto contempla $22.304 millones, lo que representa un déficit de $21.621 millones frente a los recursos proyectados por la propia DIPRES.
El informe advierte que esta diferencia no responde a una nueva estimación de necesidades, sino a una asignación presupuestaria inferior a la comprometida originalmente en 2022, con consecuencias directas para la dotación de personal, la fiscalización, el manejo en terreno y la instalación institucional del Servicio.
La incertidumbre que ronda la transición de CONAF al SBAP
El estudio también alerta sobre los riesgos asociados al traspaso de la administración de áreas protegidas desde CONAF al SBAP, proceso que originalmente iba a ocurrir en septiembre de este año, pero que fue reprogramado para marzo de 2027 por el gobierno del Presidente Kast.
Entre los principales nudos críticos se encuentran la incertidumbre respecto de la incorporación de los 570 guardaparques que la DIPRES contemplaba para desempeñarse en terreno, la falta de certeza sobre los $10.120 millones destinados a infraestructura para alojar al personal y la débil instalación territorial del Servicio, con solo seis de sus 16 direcciones regionales contando con un director(a) titular, el resto cuenta con subrogantes.
En materia de dotación, el informe recuerda que actualmente existe un guardaparque por cada 37.200 hectáreas, muy por debajo de la recomendación internacional de uno por cada 2.600 hectáreas.
Asimismo, señala que incluso con la plena implementación del presupuesto proyectado por DIPRES, este permitiría cubrir cerca del 15% de la brecha de inversión y el 56% de la brecha operacional del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) estimada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), sin resolver completamente las necesidades de personal.
Recomendaciones para enfrentar la emergencia financiera
Frente a este escenario, el documento de Fundación Terram plantea una serie de recomendaciones prioritarias para la discusión presupuestaria y la implementación de la Ley N°21.600:
El informe concluye que la creación del SBAP constituye una oportunidad para corregir décadas de brechas en el financiamiento destinado a la conservación de nuestro patrimonio natural, pero advierte que sin una decisión política que asegure recursos suficientes, estables y proporcionales a las necesidades del sistema, la nueva institucionalidad corre el riesgo de reproducir las mismas limitaciones que históricamente han afectado a la administración de las áreas protegidas terrestres enChile.
