La asociación gremial AFUNSEG expuso esta semana ante parlamentarios una serie de preocupaciones sobre el proceso de instalación de la SSP. Entre los puntos críticos figuran la rotación de autoridades, la reciente solicitud de renuncia de 3 de los 5 jefes de división del servicio y la desvinculación de profesionales con experiencia en el área, que afecta al funcionamiento del servicio y agrava las condiciones laborales principalmente en las SEREMI de diversas regiones del país.
La Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública (AFUNSEG) presentó el pasado 9 de junio una minuta a la bancada parlamentaria en la que detalló las condiciones actuales en que opera la institución. El documento, de carácter interno, retrata un cuadro de incertidumbre que, según el gremio, dificulta la continuidad de los procesos de gestión interna que afectan directamente a los funcionarios /as y amenaza el buen funcionamiento del servicio, poniendo en riesgo la implementación de la política de seguridad pública.
Uno de los ejes centrales apunta a la falta de jefaturas. Según AFUNSEG, a la fecha las vacantes no han sido cubiertas, manteniendo al servicio en un estado de constante re-ordenamiento interno a punta de improvisación y sin poder tomar decisiones técnicas definitivas respecto de temas de relevancia para los equipos a nivel país, principalmente en materias de personas, jurídica y administrativas, entre ellas las respuestas acerca de la disponibilidad presupuestaria 2026 para la nivelación de los administrativos con los grados mas bajos del servicio, situación que quedó nuevamente sin respuesta una vez conocida la salida del ex subsecretario Andres Juannet.
Un segundo eje de interés y preocupación para la asociación es la falta del reglamento general del ministerio, el que fue retirado por la ex Ministra Steiner de la contraloría general de la república , sin ser a la fecha, reintegrado para su revisión, aumentando la incertidumbre de los funcionarios/as, al no contar con perfil de cargo asociado a sus labores, que permita hacer un correcto proceso calificatorio acorde a su desempeño técnico.
Otro punto es el déficit de capacidades institucionales en las SEREMI de Seguridad Pública en distintas regiones del país. AFUNSEG describe una brecha significativa entre los desafíos que enfrenta hoy la Subsecretaría y los recursos humanos y técnicos disponibles para abordarlos, en equipos que aun no terminaban de instalarse con dotación completa y que hoy han sido aún mas precarizados a través de la desvinculación de profesionales con experiencia en el área y en sus territorio. En este sentido, el esfuerzo de los profesionales que han levantado las SEREMI a nivel regional, no alcanza para responder adecuadamente a las crecientes demandas institucionales y a las legítimas expectativas de la ciudadanía sin que esto signifique una permanente sobrecarga laboral de los equipos, haciendo indispensable fortalecer dicha dotación y no debilitarla con desvinculaciones injustificadas, como ha ocurrido.
Otro de los asuntos de preocupación que identifica el gremio es la incorporación de Gendarmería de Chile a la institucionalidad de la Subsecretaría. A juicio de AFUNSEG, este proceso avanza sin planificación ni modelo de gestión conocido, que refleje adecuadamente el impacto en el orden institucional, lo que genera incertidumbre tanto para los funcionarios del servicio penitenciario como para los de la propia SSP.
Además, los funcionarios que participaron desde el origen de la institución, traspasados de la subsecretaria de interior, servicio gobierno interior y subsecretaria de prevención del delito, han visto en desmedro su condición laboral, perdiendo beneficios de arrastre de sus instituciones de origen que en el momento del traspaso fueron comprometidos de mantener, como las GIF Cards y el pago de horas extras para los administrativos y las mejoras de grado para los profesionales de grados más bajos, entre otros, lo cual afecta hoy en el deterioro del clima laboral. AFUNSEG solicita que se considere el bienestar de los y las funcionarias públicas como un factor relevante para la operación del servicio.
El gremio pide que se protejan la estabilidad y las condiciones laborales de los y las trabajadoras y que las necesidades del servicio sean atendidas antes de que la situación derive en una crisis institucional de mayor envergadura.
