Los diputados del PS Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron el proyecto denominado “Fundaciones Transparentes”, que genera nuevas obligaciones de transparencia a las fundaciones, regula la asignación de recursos estatales y privados e impone drásticas sanciones a su incumplimiento. Esto en el marco de las irregularidades denunciadas en el “Caso Convenios”, particularmente a raíz de la investigación en curso respecto de las transferencias de recursos que ejecutó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Región de Antofagasta, a través de su Seremi con la Fundación “Democracia Viva”.
Al respecto, el diputado Manouchehri señaló que “a la corrupción se le combate con acciones concretas. Llegó el momento de tener fundaciones 100% transparentes. Hemos presentado el proyecto ‘Fundaciones Transparentes’ buscando garantizar que la ciudadanía tenga acceso a saber quién ha entregado recursos a las fundaciones, los montos y en que se gastan esos dineros”.
“Que no se formen fundaciones a la rápida para postular a recursos, y que se sancione drásticamente a los que incumplen. En recursos públicos y también privados, porque está es una oportunidad también para que transparentemos que privados financian a las fundaciones. Transparencia total es lo que se requiere” indicó el legislador de la Región de Coquimbo
Por su parte, la diputada Daniella Cicardini indicó que “no podíamos quedarnos tranquilos ni ajenos del gran debate en torno a las fundaciones, sino que teníamos que hacernos cargos como legisladores, y por ello trabajamos para hacer ingreso esta semana de nuestro proyecto “Fundaciones Transparentes’”.
“Lo que proponemos en esta iniciativa es que el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro sea de total dominio y acceso público. 2 años de antigüedad para poder recibir aportes del Estado. La obligación de publicar remuneraciones, contrato, monto, origen y destino de los aportes, y equipararlo así a lo que ya se exige a las empresas estatales en la ley de transparencia. Y el deber de devolver el dinero en caso de incumplimiento. Además de 5 años de no poder recibir recursos como sanción”, agregó la diputada por la Región de Atacama.
“Queremos garantizar a la ciudadanía el buen uso de los recursos públicos, y proteger a las fundaciones y organizaciones serias, honestas y comprometidas, que sí realizan una labor vital en nuestra sociedad. Y transformar esta crisis en una oportunidad de avanzar otro escalón hacia un nuevo estándar de probidad. Recuperar la confianza social y ciudadana es esencial para proteger la democracia, y este proyecto busca contribuir con aquello”, recalcó Cicardini.
El proyecto “Fundaciones Transparentes” contempla modificar la ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana, estableciendo obligaciones que deberán cumplir las organizaciones a fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos públicos que perciban.
En esa línea, la moción propone que el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que actualmente está a cargo del Registro Civil, sea público y que cualquier persona pueda tener acceso. Así, modifica el estatuto de la ley vigente, que no indica nada sobre la publicidad del Registro de actos que determinen la composición de los órganos de dirección y administración de las personas jurídicas.
Además, se propone que las entidades sólo podrán recibir aportes del Estado cuando tengan a lo menos dos años de antigüedad, para evitar que se constituyan organizaciones solo para efectos de postular a fondos públicos. También, se obligará a publicar en sus sitios electrónicos los contratos suscritos, informar el monto, origen y destino de los aportes que reciben, como también las remuneraciones que perciben sus directivos y trabajadores con el objetivo de aplicar exigencias similares a las que actualmente contempla la ley N°20.285 de Transparencia en los organismos públicos y empresas donde el Estado tiene participación.
Finalmente, se dispone que, en caso de no cumplir con las exigencias, deben devolver el dinero percibido y no se podrá recibir fondos públicos por un periodo de cinco años.
