Periodista.
Cinco estudiantes de la Universidad Diego Portales (UDP) iniciaron, este martes 10 de septiembre, una huelga de hambre, como medida de presión ante la negligente respuesta a la nueva movilización y toma, que se prolonga por dos semanas y que partió en rechazo a las medidas adoptadas luego que un grupo de alumnas de Derecho denunció por acoso sexual a un profesor ayudante de la carrera, hecho tras el cual la casa de estudios rompió el acuerdo de confidencialidad, compartió información personal de las afectadas, no respetó los plazos, ni tomó medidas de protección.
La huelga de hambre fue anunciada en un comunicado de la Asamblea Feminista de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de esa casa de estudios, donde explican que se da “en rechazo al incumplimiento y abandono del acuerdo firmado anteriormente, y a las distintas negligencias que ha cursado la universidad en el proceso de denuncias de víctimas de violencia sexual”.
Las estudiantes aseguran que la medida “no será depuesta hasta que se respeten los acuerdos del año pasado, se firmen las garantías mínimas, se negocie nuestro actual petitorio y se retracten de los tribunales de honor emitidos durante las movilizaciones”.
Rector Peña
Por su parte, el rector de la UDP, Carlos Peña, entregó una dura respuesta al movimiento en un comunicado a la comunidad universitaria, donde calificó el petitorio presentado ayer por las estudiantes como “tardío y desproporcionado” y condicionó el diálogo al término de las tomas.
Según la autoridad académica, se plantean “exigencias cuyo carácter incondicional no es posible aceptar. Lo que queda por hacer entonces es impedir, por medios legales y reglamentarios hoy vigentes, que esta situación, que daña gravemente a la Universidad, continúe”.
El también columnista de El Mercurio aseguró que la casa de estudios adoptará una serie medidas para perfeccionar sus protocolos de acoso sexual, “entre ellos, la creación de un órgano encargado de vigilar la calidad de nuestros procedimientos y una propuesta de agravar las sanciones cuando ellas sean procedentes- y debe estar, desde luego, abierta a discutir medidas adicionales”, pero todo ello -sostuvo- “habrá de hacerse mediante sus órganos regulares».
Mayo feminista de 2018
El contar con protocolos de acoso sexual en las universidades fue una de las principales demandas de la movilización feminista del año 2018, conocido como “el mayo feminista”, que permitió visibilizar masivas denuncias por acoso y abuso sexual contra profesores y estudiantes en distintas casas de estudios en todo Chile, la falta de mecanismos para enfrentarlos, procesos deficientes y carentes de respuesta para las afectadas.
La Asamblea Feminista de Derecho de la UDP, critica que las diversas denuncias de acoso de parte de estudiantes de la facultad, por medio de los procedimientos que la universidad destinó para estas situaciones, “no ha asegurado ninguna protección para aquellas. No ha cumplido con las formalidades necesarias para asegurar un debido proceso, ni menos aún con las garantías que la propia normativa estipula, como su privacidad, su seguridad personal, además de exponerlas en frente de toda una comunidad mediante la ruptura del acuerdo de confidencialidad, de una de las denuncias, por parte de la Directora de Carrera y luego difundido por el jefe del Departamento de Derecho Público”.
Acusan que la institución ha tenido un “tratamiento negligente y revictimizante de la normativa que se ve reflejado en las múltiples denuncias que han sido desestimadas dudosamente, las insuficientes sanciones que han recibido los denunciados y, por sobre todo, la terrible vulneración de la integridad física, mental y emocional que han tenido que sufrir nuestras compañeras, que por lo demás fueron insistentemente motivadas a denunciar en distintas instancias por las propias autoridades e incluso por profesores de la universidad, transmitiendo que la mejor manera de canalizar esto era mediante el conducto regular”.
Por esta razón, demandan que “el piso mínimo que debiese garantizar la universidad es un debido proceso basado en perspectiva de género, respeto y cuidado para y por las víctimas”.
