La audiencia de formalización se realizó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que resolvió la prisión preventiva de seis de los imputados. Una de las víctimas es una menor de edad, descubierta en el sector de Plaza de Armas.
La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella ante del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual en contra de diez personas. Al menos desde 2021 este grupo obligó a varias jóvenes, entre ellas una adolescente, a ejercer el comercio sexual en la comuna de Santiago.
Los perpetradores individualizados hasta ahora son los ciudadanos venezolanos L.R.P.O., J.G.R.M., L.J.O.R., A.M.M.I., C.E.J.M., R.S.P.H. y M.G.D.S., los colombianos K.A.L.E. y B.A.V.H. y el chileno C.S.R.M. Durante la tarde de este 26 de enero se realizó la audiencia de control de detención y formalización de cargos contra seis imputados, quienes quedaron en prisión preventiva, porque el tribunal consideró que existen antecedentes que acreditan el delito, la participación de las personas individualizadas y una evidente necesidad de cautela.
Esta trama quedó al descubierto luego de que la Brigada de Trata de Personas de la PDI detectó a una adolescente extranjera ejerciendo la prostitución en el sector de Plaza de Armas. Ella fue obligada a realizar estas labores a modo de pago por una supuesta deuda que contrajo con los perpetradores, quienes la trajeron de Iquique hasta Santiago cuando estaba sin dinero. Ejercía esta labor en habitaciones del Portal Fernández Concha.
El hallazgo de esta adolescente llevó a la ubicación de otras mujeres, quienes estaban en circunstancias semejantes. Una de las víctimas fue contactada en Perú y le ayudaron a ingresar ilegalmente a Chile, tras lo cual fue llevaba primero a Iquique, luego a Antofagasta y finalmente a Santiago, donde la alojaron en un edificio en calle Lira, también en el centro de Santiago.
Otras dos víctimas, también extranjeras, relataron su traslado hasta la capital mediante un sistema de postas. Una vez en Santiago fueron obligadas a prostituirse en la intersección de avenida Vicuña Mackenna con Diez de Julio. Las víctimas debían entregar un pago diario por el derecho a ocupar sus habitaciones o por el “territorio” donde ejercían el comercio sexual.
La querella relata que otra de las víctimas recibió un impacto de bala en una pierna por una “multa” que debía a los miembros de la banda. En total, se supo la situación de seis mujeres a quienes, mediante diversos mecanismos, los integrantes de la asociación ilícita captaban en el extranjero o dentro de Chile. Les hacían ofertas que redundaban en que ellas tenían que pagar una deuda adquirida por el viaje o por alojamiento.
De acuerdo con la presentación del INDH, todo esto se hacía engañándolas y aprovechándose de una situación de vulnerabilidad de las mujeres, en especial “por su condición socioeconómica y por la urgente necesidad de proveer al sustento de su familia y en muchos casos de sus hijos menores de edad que se encuentran en el extranjero”. Eran obligadas a pagar mediante coacción y amenazas.
