A dos meses de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, uno de los principales focos de preocupación para el oficialismo comenzó a instalarse silenciosamente en el Senado. Más allá de las reformas impulsadas por el Ejecutivo o de la tensión política entre gobierno y oposición, las investigaciones judiciales que afectan a parlamentarios cercanos o funcionales al bloque de derecha amenazan con alterar completamente el delicado equilibrio de fuerzas en la Cámara Alta.
Desde el 11 de marzo de 2026, el Senado quedó conformado por 50 integrantes y presidido por Paulina Núñez, acompañada en la vicepresidencia por Iván Moreira. Aunque el oficialismo logró instalar una mayoría relativa tras la victoria presidencial de Kast, nunca consiguió un dominio total del Congreso.
Actualmente, el bloque afín al gobierno —compuesto por Republicanos, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, Demócratas y sectores cercanos— suma 25 senadores. Renovación Nacional lidera la representación con 9 escaños, mientras que Republicanos y la UDI poseen 5 cada uno. En paralelo, la oposición de izquierda y centroizquierda reúne 23 parlamentarios distribuidos entre el Partido Socialista, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana y otras fuerzas progresistas. A ellos se suman dos independientes considerados votos bisagra en las discusiones más estrechas.
La situación judicial de Camila Flores y Miguel Ángel Calisto
En ese contexto, las investigaciones que hoy enfrentan la senadora Camila Flores y el senador Miguel Ángel Calisto comenzaron a instalar un escenario político que podría transformarse en una amenaza directa para la gobernabilidad del Ejecutivo.
La situación de Flores es particularmente delicada para Renovación Nacional. La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga a la parlamentaria por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, en una causa vinculada al eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias mediante un mecanismo conocido informalmente como “la cuota Flores”. Según los antecedentes de la investigación, asesores habrían debido devolver parte de sus remuneraciones, provocando un eventual perjuicio fiscal cercano a los $300 millones. La causa es desarrollada por la Unidad Regional Anticorrupción junto al OS9 de Carabineros, mientras el Consejo de Defensa del Estado evalúa acciones judiciales.
Aunque la senadora ha negado categóricamente las acusaciones y asegura que colaborará con la investigación, en el oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que la Fiscalía avance hacia una solicitud de desafuero. De concretarse, Flores quedaría suspendida de sus funciones parlamentarias mientras dure el proceso judicial, perdiendo el derecho a participar en sesiones, integrar comisiones y votar proyectos en el Senado.
El escenario se vuelve aún más complejo al considerar la situación judicial de Miguel Ángel Calisto. Aunque fue electo en un cupo de la FRVS, el senador por Aysén mantuvo durante los últimos años una articulación política cercana a Demócratas, el partido liderado por Matías Walker y la ministra de Energía Ximena Rincón. En la práctica, Calisto era considerado un voto cercano al oficialismo en materias clave.
Actualmente enfrenta una investigación por presunto fraude al fisco asociado al eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias entre 2018 y 2022. La Fiscalía Regional de Aysén y el Consejo de Defensa del Estado sostienen que existirían asesorías presuntamente falsas o no ejecutadas que habrían provocado un perjuicio superior a los $100 millones.
La causa ya tuvo un episodio inédito luego que la Corte Suprema confirmara su desafuero como diputado en 2025. Sin embargo, antes de avanzar completamente el proceso, Calisto ganó la elección senatorial y recuperó automáticamente el fuero parlamentario. Pese a ello, en mayo de 2026 la Fiscalía reformalizó la investigación y el tribunal decretó medidas cautelares como arraigo nacional y prohibición de contacto con otros imputados.
Un Senado en disputa y una oposición fortalecida
El impacto político de ambos casos podría ser enorme para el gobierno de Kast. Si Camila Flores fuera desaforada, el oficialismo bajaría de 25 a 24 votos efectivos en el Senado. Pero si además Calisto enfrentara una suspensión parlamentaria, el bloque cercano al gobierno podría reducirse a solo 23 votos, igualando numéricamente a la oposición.
Ese escenario transformaría completamente la dinámica legislativa en la Cámara Alta. Con un Senado empatado, los independientes pasarían a convertirse en árbitros absolutos de la gobernabilidad y la oposición quedaría inesperadamente en una posición de ventaja para tensionar el debate político y negociar cada proyecto impulsado por el Ejecutivo.
El efecto sería especialmente sensible considerando que el Senado es una de las cámaras más relevantes del sistema político chileno. Allí se definen reformas constitucionales, nombramientos judiciales, leyes de seguridad, presupuestos, reformas tributarias y proyectos estratégicos para La Moneda.
Con un oficialismo debilitado, la oposición podría no solo bloquear iniciativas, sino también imponer condiciones, ralentizar tramitaciones y obligar al gobierno a negociar permanentemente con sectores moderados o independientes. Incluso, un escenario de ausencias, abstenciones o divisiones internas podría permitir derrotas circunstanciales del Ejecutivo en votaciones clave.
Paradójicamente, cuando el gobierno de Kast parecía iniciar su mandato con una ventaja legislativa inédita para la derecha en los últimos años, las investigaciones judiciales que hoy afectan a figuras cercanas al oficialismo amenazan con convertir al Senado en el principal contrapeso institucional de La Moneda.
