Periodista.
La justicia viene fallando a favor de ex funcionarios afectados por violación de derechos fundamentales desde 2019. Los casos se generaron entre 2018 y 2022, durante la administración del Presidente Sebastián Piñera, y algunas de las jefaturas que cometieron abusos mantienen cargos de confianza en el Ministerio de Vivienda.
Situaciones de maltrato y acoso laboral, misoginia, mal uso de instrumentos públicos, falta a la probidad, entre otros delitos, fueron denunciadas por un grupo de funcionarios públicos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo Metropolitana, a través del procedimiento de Tutela Laboral que permite la tramitación de casos de este tipo, en la justicia laboral regulada por el Código del Trabajo.
Los casos fueron presentados bajo Tutela Laboral al 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, evidenciando hechos graves que afectaron a un importante número de funcionarios desde 2018.
La aplicación de las normas laborales que permitieron defender los derechos fundamentales de estos trabajadores del Estado, que se vieron afectados durante un largo periodo, lograron visibilizar situaciones como el despido o no renovación de contrato, como es en el caso de los funcionarios públicos, de manera injustificada y basadas en argumentos falsos.
Los hechos que afectaron a más de 10 profesionales de carrera, algunos de ellos con 27 años de servicio ocurrieron entre 2018 y 2021, con la no renovación de sus contratos o despido de los que denunciaron a través de los conductos regulares establecidos por el Estatuto Administrativo, sistema que debe resguardar los derechos y obligaciones del quehacer de los trabajadores del Estado.
Casos como no aceptación de rebaja salarial al 50% de sus ingresos, sumarios irregulares utilizando información falsa, persecución de mujeres con hijos recién nacidos durante fueros maternales, acoso laboral reconocido por la Mutual de Seguridad, despidos con licencia médica, implementación de instrumentos arbitrarios para calificar el desempeño de un funcionario por personas sin ser sus jefaturas, ofensas y amenazas por temas de género, maternidad y enfermedades como la obesidad y depresión.
Uno de los casos más emblemáticos se llevó a cabo en el departamento de Comunicaciones de la Seremi Metropolitana, donde todo el equipo de periodistas denunció acoso laboral a través de sus respectivas asociaciones de funcionarios. El fiscal nombrado por la autoridad, quien además era el Jefe de Administración y Finanzas, mientras investigaba los hechos y decretaba entrevistas y acciones para esclarecer los hechos, fue paralelamente instruido por la misma autoridad -el entonces Seremi Metropolitano- a no renovar las contratas del equipo que había denunciado, resolviendo entonces terminar el sumario a 12 días de iniciado y despedir a las profesionales.
Vulneración de derechos
A raíz de los despidos, se iniciaron una serie de denuncias contra el fisco tal como lo dicta la ley actual, permitiendo probar en tribunales la vulneración de derechos y evidenciando los numerosos y reiterados maltratos que sufrieron los y las funcionarias, generando un costo millonario al fisco por vulneración de derechos fundamentales.
“La Tutela Laboral nos permitió la justicia necesaria ante una serie de situaciones en que se les aplastó con todo el peso del Estado, por autoridades, con recursos públicos, y por parte de un ente estatal que es el primer llamado a velar por los derechos de los trabajadores y del bien común y eso es lo que lo vuelve más aberrante. Es importante evidenciar que son muy pocos los que se atreven a denunciar porque son perseguidos, sobre todo por sujetos que en muchos casos son operadores políticos puestos en esos cargos estratégicos o utilizados para esos efectos. En estos casos se trata de funcionarios de carrera que pudieron demostrar que sus despidos fueron absolutamente maquinados utilizando la posición de poder a fin de manipular los servicios públicos, pasando sobre los derechos, las carreras y las vidas de sus funcionarios, más en plena situación de pandemia y con algunos de ellos con problemas de salud graves”, explica Helena Gallegos, abogada defensora.
Con las primeras sentencias favorables, donde además la justicia laboral reconoció la figura de Daño Moral a causa de despido injustificado, la Tutela Laboral permitió reconocer los derechos laborales de los empleados públicos como cualquier otro trabajador chileno y en el caso de la Seremi de Vivienda Metropolitana, figurar en los registros de la Dirección del Trabajo, como una institución que vulnera los derechos de sus trabajadores.
“Más allá de la justicia que logramos en tribunales y sabemos que viene a reparar en parte el daño que sufrieron los afectados, los efectos se mantienen hasta el día de hoy. Vieron truncadas sus carreras funcionarias de la peor manera, en el peor escenario y en un momento donde al menos esperaban que su institución los respaldara y no fue así. Sabemos que los responsables de los maltratos siguen en sus puestos y esto mantiene latente el abuso; al parecer la autoridad actual ha instruido un nuevo sumario de carácter reservado, por lo tanto, para nosotros sólo en tribunales pudimos encontrar parte de la justicia que tanto se necesitaba, pero aún falta que dichos funcionarios sean sancionados por sus actos y que la cabeza de la autoridad también haga eco de sus dichos de justicia tan prometida. La reparación tiene que ser, sobre todo, por el servicio que causó o dejó que se ocasione el daño, y por tanto las disculpas deben ser asumiendo el cómo y por quién se vulneran los derechos de otros compatriotas y las medidas efectivas que se tomarán para que nunca más”, finaliza Gallegos.
Otro de los casos emblemáticos es el de una jefatura que habiendo obtenido su cargo bajo el sistema de Alta Dirección Pública, fue objetivo de sumarios administrativos mientras se encontraba con descanso maternal por tener un embarazo de alto riesgo, acosos que se sucedieron después del nacimiento de su hijo. “Viví una completa tortura, utilizaron todo el poder administrativo y del Estado para castigarme, cambiándome de lista 1 a 2, reduciendo mis ingresos mientras estaba recién saliendo de la sala de parto. Me destituyeron con un sumario adhoc, razón por la cual, este año logré reabrir ese sumario y ganarlo. Hoy lo único que busco es justicia», nos comenta Carolina Casanova, entonces Jefa de Planes y Programas de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.
Otro de los funcionarios afectados que ganó su juicio contra la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, tras haber sido despedido de manera arbitraria por no aceptar la reducción de su sueldo en un 50%, como condición para continuar trabajando como especialista nos comenta: “Una cosa es que haya diferencias sobre cómo abordar ciertas materias en un empleo determinado, y otra muy distinta es ocupar un puesto de poder para destruir la carrera funcionaria de personas que trabajamos como profesionales sin apegos partidarios, con el único fin de hacer caja para contratar amigos u operadores políticos. Tras ser violentado en mis derechos, le escribí una carta de reclamo al entonces Subsecretario, quien hizo oídos sordos del abuso que se instaló en la Seremi de Vivienda y Urbanismo RM, y permitió que se instaurara un sistema de dirección mediante amenazas y persecución», explica Sergio León quien ingresó al Ministerio en 1992 y tenía ya una trayectoria de 27 años de experiencia laboral en el MINVU, en diversos cargos de responsabilidad.
Otro de los casos que ganó no sólo la tutela, sino también el daño moral, corresponde a un funcionario de carrera, administrativo que vivió la pérdida de su padre producto del Covid el 2019, cayendo él también enfermo, el cual, tras una serie de irregularidades administrativas fue despedido y dejado a su suerte en plena pandemia.
Existen otros casos, de los que se espera de la sentencia o bien, están en proceso judicial aún. También se encuentra a la espera de resolución un reclamo interpuesto en la Contraloría General de la República el que se encuentra en etapa de estudio por parte de la Unidad de Personal y Responsabilidad Administrativa de la Contraloría Metropolitana.
Para los funcionarios, el cambio de administración significa ante todo la oportunidad de hacer justicia, no permitiendo que por omisión se siga protegiendo a funcionarios que hoy siguen en puestos de responsabilidad y de los cuales, la justicia ordinaria ya determinó que actuaron de manera vulneratoria.
