La discusión sobre la reforma del Estado en Chile parece, a primera vista, una controversia administrativa. El gobierno de José Antonio Kast plantea que el país tiene demasiados ministerios, estructuras superpuestas, programas fragmentados y una burocracia cuyo costo debe reducirse. La propuesta elaborada por Horizontal lleva esa idea a una fórmula concreta: pasar de 25 a 16 ministerios, fusionar carteras y reorganizar servicios públicos. Economía absorbería Minería, Energía y Agricultura; Ciencia se integraría con Medio Ambiente; Obras Públicas con Transportes; Vivienda con Bienes Nacionales; y las funciones políticas hoy distribuidas entre Interior, Segpres y Segegob se concentrarían en una estructura común. El argumento es conocido: menos duplicidad, mejor coordinación, menor costo y más eficiencia.
Sería un error descartar ese diagnóstico sólo porque proviene de un gobierno ideológicamente partidario de reducir el aparato público. Chile tiene problemas reales de fragmentación. Fabricio Franco mostró hace años que las reformas inspiradas en la Nueva Gestión Pública, precisamente porque buscaron crear instituciones más especializadas y autónomas, terminaron produciendo silos y dificultades de coordinación. El problema existe. La pregunta es si la solución adecuada consiste simplemente en reducir organismos o si, antes de hacerlo, necesitamos saber qué capacidades públicas queremos conservar.
Porque un ministerio no es sólo un ministro, oficinas y funcionarios administrativos. También reúne conocimiento, memoria institucional, capacidad técnica y una voz política dentro del gabinete. Si desaparece Energía, Chile seguirá necesitando política energética. Si Ciencia pierde autonomía, el país seguirá necesitando investigación, formación de científicos y planificación tecnológica. Si Medio Ambiente se integra dentro de otra estructura, los conflictos ambientales no dejarán de existir. La complejidad pública no desaparece porque se simplifique un organigrama; simplemente cambia el lugar donde debe resolverse.
Esta distinción es importante porque el debate sobre los ministerios corre el riesgo de ocultar una transformación mucho mayor. Cuando se observan conjuntamente la reorganización administrativa, el ajuste fiscal, las modificaciones presupuestarias, la política económica, el fortalecimiento de la seguridad y la propuesta de nuevas facultades excepcionales para el Presidente, comienza a aparecer una pregunta diferente: ¿Kast quiere simplemente un Estado más pequeño o está intentando construir un Estado fuerte para funciones distintas?
La diferencia no es semántica.
En su primera Cuenta Pública, Kast sostuvo que cada peso público debía justificar si ayuda a quienes realmente lo necesitan, si hace al país más seguro y si contribuye a hacerlo más próspero. Seguridad, focalización y prosperidad aparecen así como criterios para ordenar el gasto y las capacidades públicas. El mismo discurso vinculó esas prioridades con la racionalización del aparato estatal y con una nueva arquitectura ministerial.
Y aquí comienzan las diferencias con procesos anteriores de modernización.
Kast no recibió un Estado en el que los programas públicos fueran intocables. DIPRES y la Subsecretaría de Evaluación Social ya habían desarrollado un sistema de monitoreo y evaluación que condicionaba recursos y obligaba a rediseñar programas. Para formular el Presupuesto 2026, 157 programas con debilidades de diseño o desempeño redujeron, en promedio, 15% sus recursos, mientras 150 programas que no presentaban esas debilidades aumentaron alrededor de 2%. La diferencia, por lo tanto, no está entre un gobierno que evaluaba y otro que por primera vez se atreve a revisar el gasto. Está en la secuencia utilizada para tomar las decisiones: evaluar primero y luego reasignar, o fijar previamente una meta de reducción y después decidir qué capacidades deben absorberla.
Dos días después de asumir Kast, Hacienda instruyó una reducción transversal de 3% del gasto bruto de las partidas presupuestarias y estableció que la nueva base debía proyectarse hacia 2027 y los años siguientes. Eso convierte una decisión coyuntural en algo potencialmente estructural. La disciplina fiscal no es, en sí misma, enemiga de un Estado capaz. Un Estado insolvente pierde margen para responder a crisis, financiar políticas y sostener servicios. Pero una meta agregada de reducción no es lo mismo que eliminar duplicidades detectadas mediante evaluación.
La pregunta que importa es qué comienza a perder recursos.
Los primeros decretos presupuestarios posteriores al cambio de mando muestran que el ajuste no se limita a oficinas administrativas. Alcanzó recursos de FOSIS, SENADIS y SENAMA, pero también líneas de investigación de ANID y capacidades vinculadas con evaluación y fiscalización ambiental. Todavía debemos medir cuánto de esos cambios se traducirá efectivamente en pérdida de cobertura, capacidad técnica o menor intervención pública. Sería incorrecto afirmar que cada peso reducido destruye una política. Pero los datos sí permiten establecer algo más modesto y relevante: parte del ajuste está llegando a funciones sustantivas del Estado, no exclusivamente a burocracia redundante.
Aquí aparece un concepto central para interpretar lo que está ocurriendo: capacidad estatal.
Un Estado no es fuerte porque tenga muchos ministerios ni débil porque tenga pocos. La capacidad se mide por lo que efectivamente puede hacer: investigar, fiscalizar, prevenir, regular, redistribuir, coordinar, responder territorialmente o proteger a la población. Un organismo puede seguir existiendo jurídicamente y perder capacidad material si disminuyen sus profesionales, sus recursos territoriales o sus herramientas de intervención.
Por eso también debemos ser cuidadosos con Seguridad. El nuevo Ministerio de Seguridad Pública aparece en 2026 como una nueva partida presupuestaria, pero Carabineros, PDI y Prevención del Delito ya existían. Comparar simplemente ministerios produciría una ilusión contable de expansión. Para saber si el Estado se está fortaleciendo selectivamente necesitamos seguir funciones: reconstruir cuánto se destina a policías, inteligencia, cárceles, prevención, ciberseguridad y tecnologías de vigilancia antes y después del cambio de gobierno y comparar ese esfuerzo con ciencia, regulación, protección social y capacidades territoriales.
Aunque esa reconstrucción presupuestaria todavía debe completarse, la orientación política en seguridad es mucho menos ambigua. La agenda gubernamental incorpora drones fronterizos, monitoreo tecnológico, integración de cámaras, lectores de patentes, fuerzas de tarea contra crimen organizado, ciberdelito y finanzas criminales, junto con una mayor capacidad de intervención en territorios considerados críticos. La reforma constitucional presentada en agosto agrega otra pieza: consagrar la seguridad pública como deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción constitucional. En esta área el Estado no parece estar retirándose. Busca hacerse más presente, más tecnológico y más capaz de intervenir.
Es aquí donde la vieja imagen del “Estado mínimo” empieza a quedar corta.
Loïc Wacquant ha mostrado que determinadas transformaciones neoliberales no necesariamente producen un Estado uniformemente reducido. Puede contenerse la protección social y, simultáneamente, fortalecerse el aparato penal. David Harvey llega a una conclusión semejante desde la economía política: un Estado orientado al mercado sigue necesitando garantizar propiedad, contratos, seguridad, estabilidad y condiciones para la acumulación. El mercado no aparece donde el Estado desaparece. Requiere instituciones que lo protejan y organicen.
Eso permite mirar la política económica de Kast con más precisión. Su apuesta puede describirse como una cadena: más seguridad y menor incertidumbre deberían generar confianza; la confianza debería estimular inversión; la inversión producir crecimiento y el crecimiento generar empleo y bienestar. No hay nada absurdo en ese razonamiento. Chile necesita inversión, crecimiento y productividad. La cuestión es que sus resultados no están garantizados.
Joseph Stiglitz ha insistido durante décadas en que los mercados conviven con fallas de información, financiamiento, coordinación e innovación. El crecimiento sostenido no depende únicamente de eliminar obstáculos, sino también de instituciones capaces de aprender, regular, coordinar y construir capacidades productivas.
Esta diferencia es fundamental. Un Estado puede optar por desarrollar directamente capacidades científicas, regulatorias y productivas o puede concentrarse principalmente en generar condiciones para que el capital privado tome las decisiones de inversión. Las dos estrategias utilizan Estado, pero de manera diferente.
Daniela Gabor ha llamado de-risking state a una modalidad en que el poder público utiliza instrumentos fiscales, financieros y regulatorios para disminuir los riesgos enfrentados por la inversión privada. No significa que esa categoría pueda trasladarse automáticamente al Chile de 2026, pero sí permite formular una pregunta muy pertinente: ¿qué riesgos está dispuesto a absorber el Estado y para quién?
Porque mientras el Estado busca reducir incertidumbre regulatoria, jurídica o territorial para la inversión, puede estar ocurriendo otro movimiento en sentido contrario respecto de las familias.
Los sistemas públicos no sólo entregan bonos, prestaciones o servicios. También distribuyen riesgos. Seguro de cesantía, salud pública, pensiones solidarias, inversión estatal, transferencias y capacidad contracíclica impiden que enfermedad, desempleo, vejez o una recesión recaigan completamente sobre cada hogar. Karl Polanyi entendió esa tensión hace décadas: cuando los mercados someten crecientemente la vida social a sus incertidumbres, las sociedades construyen mecanismos de protección para no dejar a las personas expuestas completamente a ellas.
Por eso la discusión sobre “no tocar beneficios sociales” puede ser engañosa si se interpreta demasiado estrechamente. Un beneficio puede seguir legalmente intacto mientras se debilita el ecosistema institucional que rodea a la familia. El subsidio continúa, pero disminuye la cobertura de otro programa; el municipio debe aportar más recursos; una capacidad preventiva desaparece; una prestación se focaliza más intensamente. El riesgo no se elimina: cambia de lugar.
Y el municipio es probablemente el punto donde esa transformación puede observarse con mayor claridad.
Tulia Falleti ha demostrado que descentralizar responsabilidades hacia gobiernos subnacionales no significa necesariamente entregarles recursos equivalentes ni aumentar su autonomía efectiva. Esa advertencia resulta especialmente pertinente en un país con municipalidades fiscalmente tan desiguales como Chile. Una comuna con una base tributaria alta puede absorber una pérdida de transferencias centrales utilizando ingresos propios. Una comuna dependiente del Fondo Común Municipal puede no tener ninguna posibilidad de hacerlo. El mismo ajuste fiscal aplicado desde Santiago puede producir consecuencias completamente distintas según el territorio.
Aquí aparece una cuestión política profunda: una reducción del gasto público nacional puede convertirse primero en riesgo fiscal municipal y finalmente en riesgo doméstico.
Si disminuye una transferencia y el municipio posee capacidad financiera, puede mantener el servicio con recursos propios. Si no puede hacerlo, reduce cobertura, posterga inversión o elimina prestaciones. Aquello que el Estado central deja de financiar no necesariamente desaparece de la vida cotidiana. Puede reaparecer como dinero que debe gastar la familia, tiempo adicional de cuidado, deterioro del espacio público o pérdida de acceso a servicios.
Entonces la austeridad deja de ser sólo contabilidad fiscal. Se vuelve distribución social del riesgo.
Hasta aquí podría discutirse legítimamente si estamos frente a una política económica más liberal o simplemente ante un Estado que intenta ordenar sus cuentas. Pero existe una última pieza que cambia la naturaleza del debate: la reforma constitucional de seguridad.
El gobierno propone un nuevo estado de excepción que ampliaría las capacidades presidenciales frente a situaciones graves de seguridad pública. La cuestión no es si el Estado debe combatir al crimen organizado. Debe hacerlo. Tampoco si puede necesitar herramientas extraordinarias. Las democracias constitucionales poseen estados de excepción precisamente porque reconocen que existen circunstancias en que los instrumentos ordinarios pueden resultar insuficientes.
El problema es otro: cuáles son los límites del poder extraordinario.
La duración de la excepción, las causales que permiten activarla, los derechos susceptibles de restricción, el momento en que debe intervenir el Congreso y la capacidad de los tribunales para revisar las decisiones presidenciales son variables que distinguen una herramienta constitucional extraordinaria de una normalización de la excepcionalidad.
Es aquí donde la palabra “iliberal” puede comenzar a ser utilizada como pregunta de investigación, no como insulto político.
Una democracia liberal no se caracteriza por tener un Estado débil. Puede poseer policías poderosas, inteligencia sofisticada, fronteras controladas y un sistema penitenciario robusto. Lo que la distingue es que el ejercicio del poder está limitado por derechos, tribunales, Congreso, temporalidad y proporcionalidad.
Si simultáneamente el gobierno reduce el número de ministros con voz propia, concentra funciones dentro de superministerios y busca ampliar determinadas facultades presidenciales en seguridad, distintas reformas comienzan a tocar una misma variable: la distribución del poder dentro del Estado. Ninguna de esas medidas demuestra por sí sola una deriva autoritaria. Pero juntas justifican preguntar si el fortalecimiento securitario está siendo acompañado por contrapesos de magnitud equivalente.
Es en este punto donde las piezas comienzan a formar una figura reconocible.
No parece suficiente describir el proyecto de Kast como una simple reducción del Estado. Tampoco como una política exclusivamente policial o una agenda dedicada únicamente al crecimiento. Lo que aparece como hipótesis es una reconfiguración funcional: un Estado más compacto y austero en ciertas capacidades administrativas, sociales, científicas y regulatorias; más orientado a focalizar la protección y facilitar inversión; y simultáneamente más robusto en seguridad, inteligencia, control territorial, disciplina fiscal y autoridad ejecutiva.
Podríamos llamarlo, provisionalmente, un Estado selectivamente fuerte.
Pero esa hipótesis sólo tendrá valor si puede fracasar.
Debe superar al menos tres pruebas: demostrar que existe efectivamente una redistribución presupuestaria entre funciones; comprobar que parte de los costos del ajuste está descendiendo hacia municipios, Hospitales, educación pública, pensión garantizada universal y hogares; y establecer si el fortalecimiento de la seguridad publica viene acompañado de una concentración equivalente de atribuciones presidenciales.
Ese punto es fundamental. No se trata de demostrar anticipadamente que Kast “desmantela” el Estado ni que Chile se ha convertido en una democracia iliberal. Se debe determinar para qué quiere ser fuerte el Estado que está emergiendo y qué capacidades está dispuesto a sacrificar para hacerlo. Esa posibilidad de refutación es justamente lo que separa una investigación de una conclusión ideológica prefabricada.
La apuesta gubernamental enfrenta, además, una asimetría difícil de ignorar. Una reducción presupuestaria puede ordenarse mediante una resolución. Un ministerio puede fusionarse mediante una ley. Pero el crecimiento económico no puede decretarse. Depende del contexto internacional, la demanda, las tasas de interés, el precio de los recursos naturales, la productividad, la tecnología y las decisiones privadas. Los costos derivados de reducir determinadas capacidades estatales pueden aparecer inmediatamente; los beneficios prometidos por una mayor inversión pertenecen al futuro.
Si la estrategia funciona, Kast podrá afirmar que construyó un Estado más compacto que logra producir bienestar principalmente mediante seguridad, crecimiento y empleo, manteniendo una red focalizada para quienes queden rezagados.
Si funciona parcialmente o fracasa, la pregunta será mucho más incómoda: ¿quién absorberá los riesgos que el Estado decidió dejar de asumir?
Probablemente los municipios, hospitales, establecimientos educacionales o pensión garantizada primero.
Y las familias después.
Por eso el verdadero debate no debería ser si Chile tendrá 25, 18 o 16 ministerios. Tampoco cuánto dinero conseguirá ahorrar el gobierno.
La pregunta es qué riesgos seguirá considerando colectivos el Estado chileno, cuáles devolverá a los individuos y al mercado, qué incertidumbres estará dispuesto a reducir para los inversionistas, qué capacidades públicas conservará después del ajuste y cuánto poder concentrará para garantizar seguridad y orden.
Si la evidencia termina confirmando el patrón que hoy comienza a dibujarse, Chile no estará simplemente ante un Estado más pequeño.
Estará ante un Estado con prioridades diferentes.
Un Estado menos dispuesto a absorber algunas formas de riesgo social, más confiado en el crecimiento privado como productor de bienestar y, simultáneamente, mucho más decidido a utilizar su capacidad para garantizar, control, seguridad, disciplina y condiciones de inversión.
No sería simplemente menos Estado.
Sería otro Estado.
