Periodista.
Parece difícil de creer. Una total paradoja. Ocurre que el caballito de batalla del que hizo gala el presidente Kast siendo candidato -y que le significó no pocos votos, sobre todo en los sectores capturados por el crimen organizado-, se está encabritando. El Mandatario hizo de la seguridad una de sus principales banderas, pero su primera gran reforma constitucional en esta materia está consiguiendo algo poco habitual: críticas simultáneas desde la izquierda, hasta sectores de la propia derecha, pasando por el centro.
Contrariamente a lo presupuestado por el gobierno, bastó presentar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y, especialmente, la reforma constitucional de seguridad, cuando comenzaran a aparecer descalificaciones y fuertes advertencias. Hasta de sus propios compañeros de camino.
Y hasta allí estaría llegando el sueño de Kast y sus incondicionales: cambiar de raíz el país para transformarlo en lo que soñó Jaime Guzmán en la época de la dictadura. No sólo eso. También el intento de fortalecer todos sus proyectos de cambios constitucionales y capaz que entremedio, lenta pero segura, se filtre la posibilidad de mantenerse en el poder más allá de los cuatro años, a como dé lugar. Porque, ¿a alguien se le puede ocurrir -se preguntaba un parlamentario- que el poder que se le entregaría al presidente es para que lo use la izquierda que odian?
El UDI Jaime Bellolio rápidamente se dio cuenta del peligro para la propia derecha que significaría la extensión del nuevo estado de excepción: “Me parece demencial (…) Imagínense que esto mismo lo hubiera propuesto Jeannette Jara”
El exministro del Interior y vicepresidente de Evopoli, Gonzalo Blumel, también prendió luces rojas al proyecto. Advirtió que el problema no está solo en quién ejerce esas facultades hoy, sino en el poder que se entrega hacia adelante. “Siempre -dijo-hay que tener mucho cuidado con entregarle herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías fundamentales, considerando que un buen gobierno las puede usar por buenas razones, y un mal gobierno las puede usar por malas razones”.
Así está el escenario en medio de las tratativas respecto al proyecto de seguridad de Kast. Las intentonas de barrer con la democracia por un sistema que le acomode a la ultraderecha, se están encontrando con un país dispuesto a defenderla. Tanto así que, a estas alturas, porque aún falta el desarrollo de esta situación, ya han tenido que anunciar cambios. ¿Hasta dónde? El tiempo lo dirá.
En el intertanto, siguen apareciendo declaraciones en contra de los propios socios. Para muestra, algunos botones: el senador Matías Walker, ex Demócratas, hoy integrante de la bancada de Evópoli, ha señalado que con la reforma en seguridad que se presentó “mueren las democracias “, porque se “atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho “. Su aprensión principal se ha centrado en el estado de excepción por seguridad pública que se propone en la iniciativa, porque podría limitar la libertad de reunión, de tránsito y hasta permitir la interceptación de comunicaciones en una zona determinada.
Por lo mismo, ya anunció que no respaldará la propuesta en su primera instancia de tramitación, es decir, en la votación general, para la que se requieren 29 votos. Son cinco apoyos más de los que el Gobierno calcula tener en el Senado, donde contempla 24 respaldos entre los parlamentarios de su sector. Pero, ni eso tiene seguro el gobierno. Porque al menos uno de ellos, la senadora Vanessa Kaiser, única representante del Partido Nacional Libertario, colectividad que no forma parte del Gobierno, pero, que sí lo ha apoyado, esta vez se ha pronunciado en contrario. Por ahora. Tras conocer la propuesta oficial, la senadora declaró que no estaba disponible para aprobar la iniciativa, pues “muchas de las propuestas que están ahí debiesen ser materia de ley, no materia de reforma constitucional “. Habrá que ver cuál es la oferta del gobierno a los libertarios para obtener su voto.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic ya había advertido que la iniciativa contiene “varias aberraciones” jurídicas y cuestionado la falta de diálogo previo del Gobierno. No hay necesidad de repetir por dónde van los dardos del socialismo chileno.
Conseguir los votos: tarea titánica hoy
El pago para lograr los votos que el gobierno requiere debería ser considerable. Porque la iniciativa había provocado críticas múltiples debido a que establecían una eventual inhabilitación para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales vinculadas a derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social, incluso durante un período posterior al cumplimiento de la condena. Aunque el texto finalmente ingresado mantiene la posibilidad de establecer determinadas restricciones, les hace un gesto a los críticos de las derechas al entregar su regulación a una ley de quórum calificado, acotando el alcance que había sido cuestionado durante los últimos días.
Es que las alarmas se habían encendido en prácticamente todo el espectro político cuando se conocieron las ocho modificaciones -ya señaladas- que el gobierno propone en un artículo único. Lo peor ha sido el nuevo estado de excepción que podría llegar a durar 8 meses sin que nadie sea el contrapeso a la decisión del presidente de la República. Es decir, un Bukele en marcha, de aprobarse lo que el gobierno plantea o tal vez otros presidentes que llegaron al poder por vía democrática y lentamente se engolosinaron con ese poder hasta transformarse en virtuales dictadores.
Un abogado, Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional, Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor y Máster en Jurisprudencia y Políticas Sociales por la Universidad de California-Berkeley, Estados Unidos también prendió las luces rojas: Couso ha enfatizado que el problema no se limita a los ocho meses sin autorización parlamentaria. Incluso -dijo- incorporando al Congreso la facultad de suspender la libertad personal mantiene una intensidad que actualmente “se reserva para el escenario constitucional más extremo”.
Por eso y más, es que las alarmas se encendieron. Y no dejan de sonar. Puesto que, al ser una modificación de carácter constitucional, requerirá de un apoyo equivalente a 4/7 de los integrantes de ambas Cámaras del Legislativo. Esto sería en el caso del Senado un apoyo de 29 senadores, mientras que en la Cámara de Diputados de 89 integrantes. Y ese apoyo hoy día, tal como está el proyecto, no existe.
De hecho, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, si bien apoya el que existan facultades excepcionales para entrar a barrios o sectores controlados por el crimen organizado, pide sin embargo que sean más acotadas, que el Congreso tenga un rol efectivo y que las intervenciones de comunicaciones estén sometidas a control judicial. De lo que se trata es, según algunos sectores de las derechas, que las facultades extraordinarias que quiere el presidente Kast estén sujetas a contrapesos parlamentarios y judiciales.
Pinochet en el horizonte
Se resume más o menos en lo que ha declarado la diputada de derecha, Ximena Ossandon. Ella ha insistido en que una facultad creada hoy pensando en Kast puede quedar mañana en manos de otro presidente. Y, afirmó que existen “otros caminos” para enfrentar el problema sin dejar la Carta Fundamental “habilitada para cualquier cosa”. Ese es el temor de la derecha menos afiebrada.
O por poner otro ejemplo, lo manifestado por el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán. Planteó directamente que el nuevo estado de excepción propuesto atenta contra los principios constitucionales nacionales: “No es viable políticamente ni en cuanto al fondo (…) la extensión del estado de excepción y la facultad que se le entrega al presidente de la república son ideas que atentan contra los principios constitucionales que priman en Chile”.
El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, fue más lejos aún y trajo a la vitrina nada menos que al dictador chileno: “Pinochet donde quiera que esté, debe estar bien contento porque ha encontrado un buen alumno en el ministro Arrau. El nivel de autoritarismo al que nos quieren llevar nos sorprende y nos preocupa y nos llama a una reflexión como país.”
Las declaraciones en contra suman y siguen aún. Y aunque el presidente Kast salió en defensa de su ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendiendo la magnitud del cambio constitucional al que le bajó el perfil calificándolo como “una ´pequeña reforma”, lo cierto es que el proyecto de Reconstrucción Nacional, al que calificó como “la mayor reforma estructural, tributaria, de orden, que se haya hecho en las últimas décadas”, suma el de seguridad, entroncando ambas reformas en su visión de país: “Nosotros sí tenemos sentido de urgencia. Son sólo cuatro años. Es un período muy corto y queremos en esos cuatro años ordenar la casa, recuperar el crecimiento, volver a creer”.
El punto es que el presidente Kast ha debido salir y salir, para defender un proyecto a todas luces rechazado por la mayoría del país, según señalan las encuestas. Más aún cuando declaraciones de cercanos y del ministro que comanda la reforma en seguridad, Martín Arrau, cuyo referente en este tema es nada menos que el presidente salvadoreño Bukele, cuya cárcel rompe todas las garantías mínimas para un ser humano, hacen dudar de su apego a la democracia: “Si yo fuera preso, -declaró- preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá”. El tufillo a autoritarismo es casi pestilente.
