El diputado socialista Daniel Manouchehri acusó a sectores de la derecha de utilizar el caso de los niños haitianos para sembrar miedo, difamar adversarios políticos y construir acusaciones criminales que, hasta ahora, no cuentan con respaldo probatorio.
Así lo expresó en una columna publicada en BioBioChile, titulada “Los niños haitianos y la miseria política”, donde sostuvo que el caso debe investigarse “hasta saber dónde y cómo está cada uno de estos niños”, pero advirtió que esa obligación no autoriza a presentar sospechas como delitos acreditados.
“Lo que hemos visto es una de las expresiones más descarnadas de la miseria política”, señaló Manouchehri.
El legislador apuntó directamente al diputado de Evópoli Jorge Guzmán, quien planteó la posible existencia de una red de tráfico de menores, y al republicano Enrique Bassaletti, quien mencionó incluso la posibilidad de tráfico de órganos. “Ninguno mostró una prueba, pero la película de horror ya estaba instalada”, afirmó.
Antecedentes oficiales contradicen las acusaciones
Manouchehri sostuvo que las versiones difundidas por la derecha contrastan con los antecedentes entregados por las instituciones. La Fiscalía informó que no existen antecedentes sobre tráfico de órganos. A su vez, el ministro de Defensa, Fernando Barros, señaló que no hay elementos serios para sostener la existencia de tráfico de niños, prostitución infantil o que los menores estén efectivamente desaparecidos.
El diputado recordó además que la Brigada de Trata de Personas de la PDI, al analizar una denuncia anterior de Migraciones, concluyó que los antecedentes disponibles no permitían acreditar tráfico ilícito de migrantes.
“Una sospecha no es una prueba. Y un niño al que no se encontró en una dirección registrada no puede darse por secuestrado, prostituido o víctima de tráfico de órganos”, enfatizó.
“Inubicable no significa desaparecido”
El parlamentario explicó que el caso surgió a partir de un preinforme de Contraloría. En una muestra de 105 menores, 64 no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados. Según Manouchehri, esa información justificaba una investigación urgente, pero no permitía concluir que los niños hubieran desaparecido o estuvieran en manos de organizaciones criminales.
Durante los días posteriores, la PDI ubicó a otros 25 menores. Algunos de quienes habían sido presentados públicamente como desaparecidos estaban viviendo con sus familias y asistiendo al colegio. “Buena parte del escándalo se armó confundiendo, a propósito, al niño que un registro estatal no alcanza a ubicar con el niño que de verdad desapareció”, afirmó.
