La necesidad de un capítulo específico que aborde las diferentes dimensiones de la Movilidad Humana, así como la adecuación del artículo 17 sobre la nacionalidad chilena, consagrando el ius solis en la obtención de la nacionalidad chilena y así evitar los casos de apatridia como sucede actualmente, fueron señalados por representantes del proyecto “Crisol: Movilidad Humana y Derechos”.
Mabel Cobos, Karla Nowajewski, y Marcela Guillibrand, representantes de las organizaciones de la sociedad civil que integran el proyecto -el Observatorio Ciudadano, Instituto Católico para la Migración (INCAMI) y Fundación Avina- acudieron a dos audiencias públicas en el marco del nuevo proceso constitucional, en las sedes de la Universidad de Chile y Universidad Andrés Bello.
En cuanto a la Movilidad Humana, se indicó la necesidad de incorporarla a nivel constitucional para abordarla desde una perspectiva de Estado y a largo plazo, relevando su carácter histórico, permanente y multidimensional. Asimismo, fue señalado que es fundamental regular materias que no aparecen actualmente en la Constitución, como el tráfico y trata de personas.
Ante las y los consejeros constitucionales, se recordó el lamentable caso de trata y explotación laboral ocurrido de manera reciente en el sur de Chile, en el que 8 personas haitianas fueron esclavizadas y sometidas a vejámenes y graves vulneraciones a sus derechos humanos.
“Casos como estos y otras violaciones de derechos que han sufrido personas migrantes en el país nos mueve y nos conmueve como organizaciones. Creemos que cuando las personas migran, lo hacen con sus derechos y dignidad; así lo avalan distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que consagran derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, a la participación política, a la nacionalidad, entre otros”, manifestó Mabel Cobos, coordinadora del Programa de Migraciones y Movilidad Humana del Observatorio Ciudadano.
Principio del ius solis
Acto seguido, se instó al Consejo Constitucional a modificar el artículo 17 para consagrar el principio del ius solis para la obtención de la nacionalidad chilena, especificando como “Hijos de Extranjeros Transeúntes” a aquellos nacidos de padres o madres que únicamente están de paso y de manera transitoria en el país, sin intenciones de establecerse aquí, de modo de no incluir a los hijos e hijas de personas en situación migratoria irregular.
Lo anterior se presenta, dado que el actual anteproyecto elaborado por la Comisión Experta señala en el Artículo 17 que en lo referido a los “Hijos de Extranjeros Transeúntes” (HET) no se les otorgará automáticamente la nacionalidad chilena por el principio de ius solis, a pesar de que se menciona que podrán optar por la nacionalidad.
“Si bien cada Estado es el que establece los requisitos y la posibilidad de adquirir la nacionalidad a quien originalmente es extranjero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que en la actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los estados está limitado, por un lado, por su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación y, por otro lado, por su deber de prevenir y reducir la apatrida”, explicó Karla Nowajewski, encargada de Proyectos del INCAMI.
En este sentido, se hizo un llamado a cumplir con los distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, en particular Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
“Expusimos sobre la necesidad de contemplar un capítulo sobre Movilidad Humana. Tenemos la convicción que es fundamental que los derechos de las personas migrantes sean parte de la nueva constitución y estén presentes en este nuevo pacto social y político. Creemos que debíamos aprovechar los espacios de los mecanismos de participación ciudadana que ha abierto el proceso constitucional, por acotados que fueran, para seguir visibilizando la necesidad de avanzar hacia una nueva constitución desde un enfoque de derechos humanos, que incluya una perspectiva intercultural y refleje la diversidad de los grupos humanos que habitan Chile», explicó Marcela Guillibrand de Fundación Avina.
El proyecto “Crisol, Movilidad Humana y Derechos”, es financiado por la Unión Europea, y se desarrolla a través de un consorcio entre el Instituto Católico para la Migración (INCAMI), el Observatorio Ciudadano, y la Fundación Avina, con la colaboración de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile.
