Varias querellas contra los que resulten responsables, entre ellas la de su propia familia, la periodista comunitaria, Francisca Sandoval Astudillo, resultó herida a bala cuando reporteaba la marcha de la Central Clasista de trabajadores el pasado 1 de mayo, en la comuna de Estación Central. La reportera cubría las manifestaciones para el canal de televisión de La Victoria cuando fue impactada en el rostro y se encuentra en estado grave y con riesgo vital, según un comunicado de la Posta Central de Santiago.
Producto de lo anterior, fueron detenidos dos personas, un ciudadano colombiano y otro venezolano, que serían sindicados como autores de la agresión. Ambos fueron detenidos y comparecieron ante los tribunales de la justicia. Para sorpresa de la opinión pública, ni la misma fiscalía ni el Ministerio del Interior solicitaron prisión preventiva, por lo tanto la jueza solo pudo determinar arresto domiciliario. Una de las razones que esgrimieron ambas entendidas es que no se cuenta con pruebas concretas que afirme que los potenciales agresores son los responsables.
Sin embargo, han circulado profusamente por las redes sociales fotografía y videos donde se ven a ambas personas portando armas. De hecho, uno de ellos cuenta con antecedes policiales en su contra.
Por otra parte, el Colegio de Periodistas como la administración Boric presentaron sus respectivas querellas para dar con los agresores de la reportera Sandoval. La misma medida la comunicó el canal 3 de La Victoria, medio de comunicación comunitario donde Francisca es una colaboradora permanente.
Otra arista a investigar es el rol que tuvo Carabineros en el sitio del suceso, ya que han circulado varias imágenes donde aparecen sujetos armados y en donde la policía se mantuvo al margen de los hechos. El Subsecretario del Interior, Manuel Molsalve, anunció que se iniciaría una investigación al respecto.
De hecho, producto de la pandemia, el barrio Meiggs, donde se produjeron estos hechos, es tierra de nadie. La gran cantidad de vendedores ambulantes, la mayoría de ellos extranjeros e inmigrantes irregulares, ha sido un dolor de cabeza no solo para el actual gobierno, sino también lo fue para la administración Piñera.
Tanto la alcaldesa de Santiago como el alcalde de Estación Central llamaron al Ministerio del Interior a tomar una medida drástica y definitiva contra la delincuencia, pues por diversos informes y reportajes de televisión han dado cuenta de mafias y grupos armados en el sector.
Mientras esto ocurre, Francisca se debate entre la vida y la muerte.
