La iniciativa fue ingresada en paralelo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con el respaldo transversal de parlamentarios de distintos sectores políticos.
El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del PS, ingresaron a tramitación en el Congreso el proyecto de ley que crea el delito de “Traición Institucional”, iniciativa que busca sancionar con penas agravadas a autoridades y funcionarios públicos que utilicen su cargo para colaborar con organizaciones criminales, facilitar sus actividades o procurar impunidad para sus integrantes.
La moción fue presentada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con el respaldo transversal de parlamentarios del oficialismo y de la oposición. En este caso, suscriben diputadas y diputados de las bancadas UDI, RN, PDG, FREVS, PPD, FA y PS.
“Chile cruzó un umbral. El crimen organizado ya no solo quiere controlar las calles, está penetrando el Estado. Por eso proponemos crear el delito de traición institucional. La autoridad o funcionario que use su cargo para proteger al narco tendrá cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Porque quien usa el poder que el pueblo le entregó para proteger al narco traiciona al Estado, y esa traición se paga con cárcel”, señaló el diputado Manouchehri.
En esa línea, la senadora Cicardini remarcó que “cuando el crimen organizado logra comprar a un funcionario, conseguir información reservada o financiar una campaña, deja de ser solamente un problema policial. Se convierte en una amenaza para la democracia. Queremos cerrar esa puerta antes de que sea demasiado tarde. Frente al crimen organizado, el sistema político tiene que actuar unido y sin ninguna contemplación”.
La iniciativa surge frente al avance del crimen organizado y los riesgos de captura institucional del Estado, especialmente cuando bandas criminales logran acceder a información reservada, protección interna, financiamiento político o colaboración desde organismos públicos. El proyecto establece cárcel, multas e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular.
El texto contempla penas más altas cuando la conducta sea cometida por personas que ejerzan funciones en áreas sensibles como seguridad pública, inteligencia, persecución penal, administración penitenciaria, control de fronteras, fiscalización tributaria o aduanera, o cuando se utilice información secreta, bases de datos del Estado, armamento o se busque frustrar una investigación penal en curso.
El proyecto también crea un delito específico para sancionar el financiamiento de campañas políticas y partidos con recursos provenientes del crimen organizado, incluyendo a candidatos, jefes de campaña, administradores electorales y responsables financieros que actúen con conocimiento del origen criminal de esos fondos.
En suma, son firmantes de la iniciativa los diputados Daniel Manouchehri, Raúl Leiva, Marcos Ilabaca y César Valenzuela del PS; Gael Yeomans (FA); José Montalva (Bancada PPD); Jaime Mulet (FREVS); Mauro González (RN), Pamela Jiles (PDG) y Cristóbal Martínez (UDI).
