periodista.
En medio de un inicio de gobierno marcado por tensiones políticas y cuestionamientos a sus primeras medidas, la administración del presidente José Antonio Kast ha generado inquietud en diversos sectores sociales. Uno de los más críticos ha sido el movimiento estudiantil, que ha reaccionado ante anuncios como la reducción presupuestaria en el Estado, eventuales cambios a la gratuidad, el estancamiento de reformas al financiamiento educativo y nuevas medidas hacia deudores del CAE.

En este contexto, el vocero de la Confech, Diego Torres Díaz, dirigente de la Universidad Mayor, estudiante de Tecnología Médica y militante de las Juventudes Comunistas analiza el escenario actual, las principales preocupaciones del mundo estudiantil y las definiciones adoptadas recientemente por la organización.
– ¿Cómo evalúan desde la Confech los anuncios sobre una posible disminución de recursos destinados a la educación?
Desde la Confech vemos con preocupación y evaluamos de forma negativa la disminución de recursos a todas las carteras del Estado, especialmente en educación. Esto significa que se va a seguir precarizando el sistema y que la educación superior continuará siendo accesible solo para quienes tienen dinero. Eso se opone directamente a lo que creemos: que la educación debe ser un derecho garantizado.
-¿Cuál es la postura respecto a la idea de acotar el rango de edad para acceder a la gratuidad? ¿A quiénes afectaría principalmente?
Creemos que es una medida discriminatoria. Afecta principalmente a estudiantes que tuvieron que aplazar sus estudios por distintas razones: maternidad, paternidad o la necesidad de trabajar. Cuando finalmente tienen la oportunidad de estudiar gratuitamente, se les niega ese derecho, lo que consideramos injusto.
-El proyecto que buscaba reemplazar el CAE está estancado, ¿cómo interpretan esta señal?
Es un proyecto sobre el que ya teníamos observaciones, porque no nació del diálogo con el movimiento estudiantil. Sin embargo, tenía avances, como dejar fuera a la banca del financiamiento. Hoy vemos que está estancado porque a este gobierno no le interesa avanzar hacia una educación más justa, sino beneficiar al gran empresariado y profundizar las brechas.
-¿Qué les parece que la Tesorería haya iniciado cobros a deudores del CAE?
Nos parece sensato que quienes ganan más de 5 millones de pesos puedan pagar, pero somos críticos de las formas. Hoy se persigue a personas que accedieron a un crédito para estudiar, y se les criminaliza. Cerca del 70% de los deudores gana menos de $775 mil, es decir, llegan con dificultad a fin de mes. No se puede transformar esto en una “cacería de brujas”, porque no todos están en condiciones de pagar.
-Sobre la propuesta de quitar beneficios estatales a estudiantes condenados por delitos, ¿cuál es la postura de la Confech?
Creemos que es incorrecto. La gratuidad y los beneficios estatales no son herramientas de castigo, son derechos conquistados tras años de lucha del movimiento estudiantil. Si alguien comete un delito, existen mecanismos penales para sancionarlo, pero no corresponde quitarle el acceso a la educación.
-Se ha hablado de una reactivación del movimiento estudiantil. ¿Cómo se ha dado este proceso y cuáles son sus demandas prioritarias?
El sábado pasado realizamos el primer encuentro nacional de la Confech, con más de 300 estudiantes de todo el país. Allí definimos lineamientos claros: defender la educación gratuita, de calidad, no sexista y con acceso garantizado. También avanzar hacia un mayor aporte basal del Estado y establecer que los beneficios son derechos, no favores. Seguiremos trabajando en un petitorio nacional para avanzar en estos objetivos.
-Respecto a la agresión a la ministra de Ciencia, ¿cuál es la postura de la Confech?
Rechazamos la violencia como forma de acción política. Sin embargo, también creemos que este gobierno ha generado un descontento generalizado. En el caso particular de la ministra, influyó el anuncio de eliminación de becas en el extranjero.
-¿Cómo evalúan la reacción del Gobierno ante este caso?
Creemos que el gobierno busca criminalizar al movimiento estudiantil. Más que abordar el fondo del problema, se centra en la persecución, lo que no contribuye a resolver el conflicto social de base.