periodista.
A pocos meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, el escenario político, social y económico se ha tensionado tras el anuncio de una serie de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la denominada “mega reforma”, proyecto que desde distintos sectores de oposición ha sido calificado como una “reforma tributaria encubierta” debido a sus efectos sobre la recaudación fiscal y el rol del Estado. A ello se suma la controversia generada por la decisión del Gobierno de no aplicar mecanismos de estabilización como el Mepco, medida que, según sus detractores, termina trasladando directamente a las familias el impacto de las alzas en el precio de los combustibles.
En ese contexto, uno de los actores políticos que ha seguido de cerca el debate desde el mundo progresista es Xavier Altamirano, doctor en Ciencia Política, ex subsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Gabriel Boric y ex director ejecutivo de Fundación Horizonte Ciudadano entre 2020 y 2023. Actualmente encabeza el Instituto Igualdad, centro de estudios ligado al Partido Socialista, por lo que representa para el socialismo uno de los principales espacios de elaboración técnica y programática.
Desde esa posición, Altamirano ha participado en coordinaciones junto a otros centros de estudios del progresismo, con el propósito de analizar el contenido de las reformas impulsadas por el Ejecutivo y construir conjuntamente propuestas para afrontar el debate legislativo. En conversación con nuestro medio, aborda los alcances económicos y sociales de la agenda gubernamental, cuestiona la reducción de impuestos a grandes empresas, advierte sobre los riesgos de debilitar la capacidad recaudatoria del Estado y reflexiona sobre el avance de discursos negacionistas, el clima político actual y los desafíos que enfrenta la oposición para volver a conectar con la ciudadanía.
-Desde el Instituto Igualdad ¿cómo evalúan la mega reforma impulsada por el gobierno?
Creemos que es una reforma muy negativa para Chile. Desde el Instituto Igualdad hemos estado trabajando coordinadamente con otros centros de estudios del progresismo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, elaborando análisis técnicos sobre el impacto de esta propuesta. Incluso hace pocos días un grupo de economistas vinculados a distintos sectores de oposición entregó un informe donde se advertía sobre los riesgos económicos y fiscales que implica esta iniciativa.
Nuestra principal preocupación es que la reforma apunta a reducir la carga tributaria de los sectores de mayores ingresos y de las grandes empresas, afectando la capacidad recaudatoria del Estado. Además, se presenta como una medida pro crecimiento, pero la evidencia internacional no demuestra que este tipo de rebajas tributarias generen automáticamente más empleo o mayor inversión. Entonces, lo que tenemos es un daño fiscal bastante concreto y beneficios futuros totalmente inciertos.
-¿Qué impacto concreto podría tener esta disminución de la recaudación fiscal en la vida cotidiana de las personas?
Hay dos dimensiones importantes. La primera tiene relación con el deterioro de servicios y beneficios sociales. Cuando se reduce el tamaño del Estado, inevitablemente se empiezan a recortar programas y políticas públicas. El Gobierno ha intentado instalar la idea de que esos recortes no afectarán a las familias más vulnerables, pero en la práctica ya estamos viendo señales preocupantes, particularmente en salud.
Hoy existen comunas donde las personas esperan muchas horas para recibir atención médica, y si se siguen reduciendo recursos para la atención primaria, esa situación solo empeorará. Entonces, el impacto no es abstracto: afecta directamente la calidad de vida cotidiana de las personas.
La segunda dimensión es más técnica, pero igual de importante. Cuando se deteriora el equilibrio fiscal de un país, aumentan los costos financieros y se encarece el acceso al crédito internacional. Eso termina generando un círculo vicioso que afecta la estabilidad económica y, finalmente, repercute en el costo de la vida de las familias chilenas.
-Desde una mirada socialdemócrata, ¿cómo se puede compatibilizar crecimiento económico y derechos sociales?
La experiencia socialdemócrata, particularmente la europea y escandinava, demuestra que crecimiento y derechos sociales no son incompatibles. Lo importante es mantener responsabilidad fiscal y construir acuerdos amplios y sostenibles en el tiempo. En nuestro sector existe plena conciencia de que el manejo de los recursos públicos debe ser serio y cuidadoso.
Ahora bien, lo que nosotros cuestionamos es la idea de que favorecer tributariamente a los sectores más ricos sea la única fórmula posible para crecer. La evidencia muestra que eso no necesariamente genera desarrollo ni empleo de calidad. Por el contrario, creemos que el crecimiento debe ir acompañado de inversión pública, estabilidad institucional y fortalecimiento de derechos sociales, porque finalmente una sociedad más cohesionada también genera mejores condiciones económicas.
-¿Usted considera que si el gobierno llega a utilizar decretos para que avance la mega reforma sería algo dañino para la democracia en el país?
Gobernar mediante decretos reduce los espacios de deliberación democrática y debilita la construcción de acuerdos políticos amplios. Cuando un gobierno intenta imponer reformas desde una posición de fuerza, sin diálogo suficiente, lo que termina generando es mayor polarización e inestabilidad.
Además, en Chile existe una memoria histórica respecto a períodos donde se gobernó de esa manera, particularmente durante la dictadura. Por eso creemos que es importante cuidar las formas democráticas y entender que las grandes transformaciones requieren discusión, acuerdos y legitimidad social.
-¿Qué elementos ideológicos identifica detrás de esta reforma?
Hay una visión ideológica muy marcada respecto al rol del Estado. Existe una obsesión por reducir su tamaño y una confianza casi absoluta en que el mercado resolverá por sí solo los problemas sociales y económicos. Sin embargo, cuando uno revisa la experiencia internacional, eso simplemente no se sostiene.
Muchos de los países con mejores indicadores de desarrollo y calidad de vida tienen una fuerte presencia estatal y altos niveles de inversión pública. Incluso en momentos de crisis económicas importantes, como ocurrió en Asia a fines de los noventa, el rol del Estado fue clave para sostener la economía y generar recuperación.
Por eso creemos que esta mirada es bastante añeja y responde más a una lógica ideológica que a la evidencia empírica disponible.
-¿Cree que existe una idealización excesiva del mundo empresarial dentro de esta propuesta?
Sí, claramente. Se instala la idea de que solo el sector privado tiene capacidad de gestión eficiente o de generar crecimiento económico, y eso no es real. El desarrollo de los países modernos normalmente ha sido producto de una combinación entre inversión privada, planificación pública y políticas estatales activas.
Además, muchas veces se intenta instalar que quienes vienen del mundo empresarial necesariamente gestionan mejor el Estado, y la experiencia reciente demuestra que eso tampoco es automático. La gestión pública requiere planificación, capacidad de coordinación y una visión estratégica de largo plazo.
-¿Cómo debería actuar la oposición frente a este debate parlamentario?
La oposición tiene un rol muy claro en democracia: fiscalizar y defender las mejores políticas públicas para el país. Eso implica apoyar las buenas ideas cuando existan, pero también bloquear iniciativas que consideramos dañinas.
Ahora bien, también es cierto que dentro de la oposición existen distintos estilos políticos y generacionales respecto a cómo enfrentar un gobierno que muchas veces actúa de manera bastante confrontacional. Por eso el desafío es combinar firmeza política con capacidad de construir propuestas alternativas y mantener un debate serio ante la ciudadanía.
-¿Qué tan relevante será el rol del Senado en esta discusión?
Va a ser muy importante. Hoy el oficialismo tiene una posición de fuerza en varios espacios del Congreso, pero en el Senado existe un escenario más equilibrado, donde probablemente será posible desarrollar una discusión más profunda respecto a los alcances de esta reforma.
Muchas personas esperan justamente que esa instancia permita corregir aspectos que hoy generan preocupación tanto desde el punto de vista económico como democrático.
-Usted fue subsecretario de Derechos Humanos. ¿Qué tan peligroso es el avance de discursos negacionistas en Chile?
Es muy peligroso porque relativizar violaciones a los derechos humanos termina debilitando la base ética de la democracia. Además, estamos hablando de hechos que no afectan solamente a determinadas familias, sino a toda la sociedad, porque los crímenes de lesa humanidad dañan la dignidad humana en su conjunto.
También vemos que ciertos sectores utilizan la provocación como método político, buscando tensionar el debate público y generar división. Frente a eso, creemos que hay que actuar con responsabilidad democrática y con la convicción de que la memoria histórica sigue siendo fundamental para el país.
-¿Por qué cree que estos discursos han vuelto a aparecer con fuerza?
Porque existe una crisis más amplia respecto a la valoración de la democracia en distintas partes del mundo. Muchas personas, particularmente jóvenes, sienten frustración frente a problemas económicos, inseguridad o falta de oportunidades, y algunos terminan viendo soluciones autoritarias como respuestas válidas.
Eso se ha visto en distintos estudios y encuestas: hay sectores que hoy privilegian orden o seguridad por sobre ciertas libertades democráticas. Por eso creemos que el desafío de las fuerzas democráticas no es solo defender principios, sino también demostrar con resultados concretos que la democracia sigue siendo el mejor sistema para mejorar la vida de las personas.
-¿Qué desafíos tiene hoy la oposición para reconectarse con la ciudadanía?
La primera tarea es hacer una reflexión interna seria y clarificar los proyectos políticos que queremos ofrecerle al país. La ciudadanía necesita saber con claridad qué propone cada sector y cuáles son sus prioridades.
La segunda tarea es transformar esas ideas en propuestas concretas y realizables. Las personas tienen urgencias cotidianas y esperan soluciones reales, no solamente discursos o promesas abstractas.
Y la tercera tarea es construir mayorías amplias, tanto políticas como culturales y sociales. Chile necesita acuerdos estables para avanzar y proteger derechos sociales en el largo plazo.
-¿Cuál cree que es hoy la principal preocupación social que la política no está abordando adecuadamente?
La incertidumbre respecto al futuro. Muchas personas sienten que trabajan constantemente, pero aun así no logran proyectar una vida tranquila, acceder a vivienda, formar una familia o pensar con optimismo en el futuro.
Incluso vemos fenómenos muy preocupantes, como parejas que deciden no tener hijos porque sienten que las condiciones materiales no les permiten proyectar una crianza segura y estable. Esa sensación de inseguridad vital es un tema profundo que la política debe abordar con mucha más seriedad y empatía.
