Ante las declaraciones del economista Óscar Landerretche, quien anunció que anulará su voto en primera vuelta en lugar de apoyar a la candidata oficialista Jeannette Jara, el diputado Marcos Ilabaca respondió con firmeza, exigiendo “coherencia y lealtad a los principios del Partido Socialista”_

«Al señor Landerretche le ha gustado permanecer en los más altos puestos que ha logrado a través de su militancia en el Partido Socialista. Si el señor Landerretche hoy día tiene esa postura, la salida es súper fácil, que renuncie al Partido Socialista. Los militantes del Partido Socialista asumimos un compromiso cuando nos colocamos en el proceso de primarias. Y dijimos, quien gana la primaria va a ser apoyado por la institucionalidad y obviamente por todos sus militantes. Y el señor Landerretche, como siempre, ve el negocio chiquitito y pareciera que quiere aparecer como el gran iluminado para la derecha. Señor Landerretche, presente su renuncia y váyase”, fustigó el legislador por Los Ríos

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Este 22 de julio a las 18:30 horas, en Casa O Lastarria (Villavicencio 395, Santiago), se estrenará el documental “La Fiebre del Litio: Las Sombras de la Transición Energética”, una producción del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el medio Resumen.cl, con el apoyo de Global Greengrants Fund (GGF).

El documental, grabado en el corazón de los salares del norte de Chile, entrega una mirada crítica sobre los impactos sociales, ambientales y culturales que trae consigo la extracción de litio, mineral clave en la llamada transición energética.

A través de imágenes inéditas, archivos históricos y testimonios de comunidades Colla, el reportaje cuestiona la promesa de un futuro “verde” basado en el extractivismo. El recorrido visual revela los efectos de la minería sobre ecosistemas frágiles como el Salar de Atacama y Maricunga, evidenciando cómo la explotación del litio consume millones de litros de agua en zonas con extrema escasez hídrica.

Tras la proyección, se realizará un conversatorio con protagonistas del territorio: Elena Rivera, presidenta de la Comunidad Colla Comuna de Copiapó; Carlos Pizarro, guía turístico de Atacama; y Nicolás Salazar, director del documental. Modera Karen Ardiles, de OLCA.

La actividad busca abrir un espacio de reflexión sobre los límites del modelo extractivo y la necesidad de una verdadera justicia ambiental en el marco de la transición energética. La entrada es liberada.

El pleno del Comité Central del Partido Socialista se reunió de forma telemática, el pasado 19 de julio de 2025, adoptando las siguientes resoluciones:

1. Mandatar a la Mesa Nacional del Partido a suscribir un pacto parlamentario con los demás partidos de gobierno, la Democracia Cristiana y otros afines, para participar con una lista unitaria en los comicios de noviembre próximo.

2. El Partido Socialista aboga por una lista única parlamentaria que permita alcanzar una mayoría social y política, evitando la regresión ultraconservadora de las fuerzas de extrema derecha.

3. El Comité Central ha proclamado unánimemente las candidaturas de las y los parlamentarios en ejercicio. Así, mientras concluye el proceso de inscripción y proclamación interno, ya se encuentran proclamados:

 • Candidaturas al Senado: compañero José Miguel Insulza, Región de Arica y Parinacota; compañera Daniella Cicardini, Región de Atacama; compañero Tomás de Rementería, Región de Valparaíso; y compañera Paulina Vodanovic, Región del Maule.

 • Candidaturas a la Cámara de Diputadas y Diputados: los compañeros Danisa Astudillo, Juan Santana, Daniel Manouchehri, Nelson Venegas, Arturo Barrios, Daniel Melo, Raúl Leiva, Emilia Nuyado, Ana María Bravo y Marcos Ilabaca, en sus respectivos distritos.

 4. Los Comités Regionales podrán presentar, hasta el 30 de julio, propuestas de candidaturas para este proceso de elección del Congreso Nacional, cuya resolución y proclamación corresponderá a la Comisión Política.

 5. Asimismo, el Comité Central acordó realizar la Conferencia Nacional de Programa en el mes de abril próximo. Con tal propósito, la Mesa Nacional presentará a la Comisión Política, hasta el 31 de julio, el proyecto de reglamento y programa del evento, el que deberá ser aprobado a más tardar el 15 de agosto.

 6. Reiterar la plena vigencia del Reglamento de Cotizaciones del Partido, el cual deberá aplicarse en la inscripción de las candidaturas parlamentarias.

 7. Por último, reiterar el apoyo a nuestra candidata presidencial, compañera Jeannette Jara, y poner a disposición del comando, a la brevedad, a nuestros equipos y a toda la estructura partidaria a nivel nacional.

Se conmemoran este mes los 50 años del montaje denominado por la DINA Operación Colombo, y conocido como Lista de los 119. «Exterminados como ratas», tituló La Segunda el 24 de julio de 1975, como parte de una operación mediática internacional de guerra psicológica y preludio de la Operación Cóndor. La DINA buscaba aterrorizar a la población y culpar al MIR de asesinar a sus propios integrantes. Seleccionó para esa lista los nombres de miembros de la resistencia popular detenidos entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 2075, por quienes se habían presentado recursos de amparo. Entre ellos había 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, estudiante de servicio social en Temuco, embarazada) y 100 varones, todos luchadores antidictatoriales, 90 de ellos menores de 30 años, la mayoría miembros del MIR. También había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. En el grupo había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, pobladores, profesionales, periodistas, actores y sastres. Varios eran de ‘Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la «Venda Sexy» o Cuatro Alamos.

Montajes de ayer y hoy

El Plan Nacional de Búsqueda los incluye, pues sus restos no han sido hallados, tal como ocurre hoy con Julia Chuñil, un caso que desmiente el Nunca Más. No hay un Plan de Búsqueda para la dirigente mapuche desaparecida hace casi 9 meses, y la justicia, hoy cuestionada por casos de corrupción y narcotráfico, no ha imputado ni formalizado ni abierto el juicio pese a pruebas presentadas por la familia acreditando un cuadro de amenazas por un poderoso empresario de la región, descendiente de colonos alemanes y actual dueño de la tierra recuperada por la defensora territorial. El ministerio público (fiscalía) sólo ha criminalizado a la familia de la víctima, como se hacía en años de dictadura, y el gobierno de Gabriel Boric denegó la acción urgente de búsqueda solicitada desde Ginebra por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, a instancias de CODEPU. Los medios de la prensa hegemónica hablaron de un “vuelco en el caso” tras el titular de MegaVisión del 5 de marzo de este año: “A 4 meses de su desaparición: Detectan sangre de Julia Chuñil en su casa e investigación apuntaría a núcleo familiar” recogido por otros medios masivos. Ninguno de ellos rectificó la información, que era una filtración interesada y falsa, y no figura como prueba en la carpeta investigativa. Por ello la familia de Julia Chuñil apuntó a la configuración de un montaje para intimidarlos, lograr que se inculpara Jeannette por la desaparición de su madre, y detener la campaña nacional e internacional por verdad y justicia que comenzó levantando la consigna histórica “¿Dónde está Julia Chuñil?”.

Conocido es el caso de la Operación Huracán. El modelo “Colombo” de noticias falsas, amparado en la impunidad de una justicia clasista, racista y patriarcal, no ha sido abandonado por cierta prensa ni por la propia policía, con vistas al desprestigio de las luchas de los pueblos y comunidades por sus derechos.

50 años de Impunidad

Junto a las tardías sentencias con la verdad judicial, a 50 años de los hechos aún hay 9 casos de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo sin sentencias definitivas pero en 3 de ellos hay sentencias de la Corte de Apelaciones (Arévalo, Alarcón, Cabezas) y en uno, de primera instancia (López). La deuda cincuentenaria de justicia es con los dirigentes poblacionales Víctor Arévalo (de Quilicura) y Gary Olmos (de La Bandera); Eduardo Alarcón (albañil de Las Rejas Sur); Antonio Cabezas (interventor en la textil Comandari), Bladimir Arias (mecánico de Quilicura) , Ramón Núñez (estudiante de Control de Calidad en la USACH, de Renca), Juan Bautista Maturana (comerciante, dirigente poblacional en Pudahuel) , Edgardo Morales Chaparro (gásfiter, ex dirigente sindical del Ministerio de Vivienda) y Violeta López (dirigenta sindical y secretaria).

La pasada semana, la Ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes emitió un fallo de primera instancia por Violeta López Díaz, militante del MIR, viuda, detenida el 29 de agosto de 1974. Desaparecida a los 40 años, tenía un hijo de 16 años, Ricardo, y una hija de 15, Rebeca. La sentencia condena como autores de su secuestro calificado, a Miguel Krassnoff, jefe de la Brigada Halcón de exterminio del MIR, (diez años) y a tres guardias de Cuatro Alamos, Pedro Araneda y Manuel Avendaño (seis años) que cumplen otra condena en Colina, más Alejandro Astudillo (FACH), quien lo hace en Punta Peuco.

El fallo da cuenta del sobreseimiento definitivo de otros implicados, por fallecimiento: Manuel Contreras (director de la DINA) Ricardo Lawrence (de la Brigada Aguila 1 de cacería del MIR) y Orlando Manzo, de Gendarmería, jefe del centro clandestino de incomunicación y detención de Cuatro Alamos. Es la llamada “impunidad biológica” término acuñado por el notable juez Alejandro Solís décadas atrás anunciando que ello ocurriría.

A comienzos de este año continuó en Cuatro Alamos un proceso de traspaso gradual del sitio a la Corporación “3 y 4 Alamos”, como parte de un compromiso del actual gobierno de convertirlo en un sitio de memoria. Pero aún continúa funcionando allí el centro de detención preventiva del ex Servicio Nacional de Menores, en condiciones descritas como deplorables.

Violeta López, una mujer de los años 70

Violeta era una artista comprometida, madre y mujer bella, trabajadora. Participó en la Asociación de Teatro de los Ferrocarriles, y también fue secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile en el Teatro Cariola. Era también dirigente sindical en Fábrica de Cecinas Loewer, del Area de Propiedad Social (intervenida por el Estado) donde había creado el grupo teatral Acquarius que más adelante funcionaría en su casa. El 11 de septiembre fue detenida junto a otros once trabajadores y hostigada por varios días. En una oportunidad los uniformados la hicieron tragar bencina, amenazándola con prenderle fuego y hacer daño a sus hijos. Valiente y decidida, ella siguió adelante pero tras su nueva detención en su domicilio de San Miguel, sus hijos quedaron huérfanos. La denuncia para el recurso de amparo la puso el niño, Ricardo, en la Vicaría de la Solidaridad. Cuando buscaba a su madre en recintos policiales, los uniformados le respondían que se volviera a casa porque su madre lo había dejado botado. Siguió buscándola, desesperado y dejó los estudios. Se fue preso una y otra vez, según relata en una entrevista del diario La Nación en 2005, porque durante las noches de toque de queda salía a las calles a exigir el paradero de Violeta y luego insultaba a los uniformados. Desde ese año, junto a su hermana Rebeca es querellante en el proceso.

Entre quienes testimoniaron en el juicio están dos jóvenes integrantes de las juventudes Comunistas, Verónica Pareja y Rosa Narváez, quienes luego de ser sometidas a tortura político- sexual en Londres 38, fueron trasladadas a Cuatro Alamos. Relataron que su compañera de celda, Violeta López, les preguntó qué edad tenían, comentando “Yo tengo una hija de 15 años!” para luego cuestionar: “¡Cómo es posible que las tengan aquí!” Un día las niñas vieron que un guardia sacó de la celda a Violeta quien jamás regresó. A la fecha también estaban secuestrados allí los padres y tres hijos de la familia Maturana Pérez, de militancia comunista. En el juicio, Jaime Maturana declaró haber visto a Violeta en Cuatro Alamos. La reconoció “porque nosotros, al igual que ella, vivíamos en la calle Pedro Mira de la comuna de San Miguel”. El hermano de Jaime, Juan Bautista Maturana Pérez, comerciante, sacado de Cuatro Alamos sin que se supiera más de su rastro, está al igual que Violeta incluido en la Lista de los 119 y su hermano Washington también desapareció de allí.

Lucha contra la impunidad

La inmensa mayoría de las madres de los 119 fallecieron a lo largo de 5 décadas de búsqueda y lucha ante una justicia sorda. Una sentencia a firme emitida en 2009 y jamás revisada, aplicó la prescripción total (amnistía) en el caso de la joven estudiante de Servicio Social de la Universidad de Chile, Jacqueline Binfa. En septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Justicia (CIDH) emitió una sentencia en la que ordena revisar y/o anular todas las reducciones de penas aplicadas por la Corte Suprema usando la media prescripción para dejar libres o con sólo 5 años y 1 día de prisión a los responsables de las desapariciones de 11 de los 119: Manuel Cortez (ex miembro del GAP original), Félix de la Jara (activista y estudiante de historia y geografía en la U de Chile) , Julio Flores (estudiante de ingeniería en minas en la USACH de Antofagasta); Ofelio Lazo (carpintero, ex trabajador de la Corporación de Servicios Habitacionales CORHABIT,), Pedro Merino (sastre y dirigente regional de las JJCC en la zona del carbón y Concepción), Sergio Montecinos (interventor de Aceros Franklin); Anselmo Radrigán (ingeniero, dirigente nacional del MIR y activista en las fábricas de Renca y Conchalí); Jaime Robotham (ex dirigente en Sociología de la U de Chile); Marcelo Salinas (cuadro político del MIR ligado al trabajo de Informaciones), y los miembros de una familia mirista Fernando Silva (decorador de interiores) y Claudio Silva (su hijo, estudiante de Biología en la U de Chile y miembro del trabajo de Informaciones del MIR).

 Aparentemente el Estado no ejecuta aun esa sentencia de la CIDH a la que está obligado por el derecho internacional de DDHH. Por otra parte, en julio de 2024, por el secuestro de los ciudadanos italianos Juan Bosco Maino y Omar Venturelli la Corte Suprema concedió la extradición al país europeo del ex oficial Pedro Espinoza, condenado además en Chile por muchos de los secuestros de la Operación Colombo. En Italia la sentencia es a cadena perpetua. No hay información acerca de que se haya hecho efectivo ese fallo.

El tiempo pasa

La conmemoración de los 50 años del golpe civil militar cambió el ritmo cansino de la Corte Suprema. Ese año 2023 emitió en forma inédita 20 nuevas sentencias. Diez años antes, en 2015, a 40 años de esos crímenes de lesa humanidad apenas había emitido 29 fallos a firme y la impunidad se mantenía.

La mayoría de las penas más altas (entre los 5 a 10 o 13 años) siguen recayendo hoy en los ex altos oficiales sobrevivientes: Raúl Iturriaga (autor intelectual del montaje de guerra sicológica, responsable de la DINA en el exterior), Miguel Krassnoff (a cargo de la persecución al MIR), Pedro Espinoza (ex jefe de la DINA y parte del directorio de la Pesquera Arauco involucrada en las desapariciones) y en algunos casos incluyen a César Manríquez (jefe de la Brigada de Inteligencia que comandaba Cuatro Alamos y las Brigadas Aguila y Halcón). La pena más alta de 20 años de prisión para este cuarteto de la muerte fue dictada en 2024, por la desaparición de la Carmen Bueno, actriz mirista que actuó en la película La Tierra Prometida de Miguel Littin donde en la escena final, un militar la mata de un sablazo. Entre las sentencias más bajas (5 años y 1 día) está el fallo por Ramón Labrador, miembro del MIR de Cautín, un activista en la zona mapuche que saludaba en mapudungún a sus compañeros de prisión en el centro de tortura José Domingo Cañas. Era padre de un hijo de dos meses a la fecha del secuestro.

La primera sentencia de la corte Suprema de la Operación Colombo, respecto del secuestro de Miguel Angel Sandoval, se dictó sólo en 2004, posibilitando que en 2005, tras el rechazo de la casación, el ex director de la DINA Manuel Contreras fuera llevado a viva fuerza al Penal Cordillera por su condena junto a la plana mayor de la DINA. Fue un logro de las organizaciones y abogados de Derechos Humanos, los ex presos políticos que declararon en los procesos pero también una póstuma victoria de Miguel Angel cuyo hijo nació días después de su captura por la DINA. Él había sido integrante del grupo inicial de protección del Presidente Allende, el GAP, y miembro de la llamada “fuerza militar” del MIR.

La exasperante lentitud de la justicia que nunca investigó la Operación Colombo como un montaje de guerra sicológica, se muestra también con otro caso de impunidad biológica, ya que en 2016 la desaparición del ex dirigente sindical de la Empresa Nacional de Frigoríficos, Rodolfo Marchant, los únicos perpetradores acusados del crimen, Augusto Pinochet, Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi) y Manuel Contreras (director de la DINA) fueron absueltos por muerte por la Suprema.

Los criminales de lesa humanidad continúan peleando en tribunales y en el Congreso para cumplir sus penas en libertad y disfrutar de las millonarias pensiones que nunca han perdido. El pasado 15 de julio la Comisión de DDHH del Senado, presidida por el senador derechista Francisco Chahuan (RN) continuó la discusión de un proyecto de ley en primer trámite (Boletín 17.370-17) que consagra la impunidad total para condenados por penas de lesa humanidad, posibilitando “cumplimiento alternativo de penas” en sus domicilios u hospitales, como parte del programa con el que avanza toda la derecha junto a otros negacionistas de la izquierda socialdemócrata que reniegan de la doctrina internacional de ddhh pero aducen que los condenados merecen respeto a sus derechos humanos. La transformación de Punta Peuco en un recinto común anunciada recientemente por el gobierno parece funcional a ese proyecto.

Pero como señala en su afiche el Colectivo 119, Verdad, Memoria y Resistencia, a 50 años de la Operación Colombo, la Utopía sigue vigente. Este sábado 26 de julio la convocatoria es a marchar desde el GAM hacia La Plaza de la Constitución, enarbolando nuevamente las figuras de los 119 luchadores antidictatoriales que cada año interpelan a Chile, un país que pareciera ser el reino del olvido pero donde no cesa la batalla por la memoria y los derechos de los pueblos.

Diego Ríos, Secretario de Diversidades, Juventud Partido por la Democracia

Desde la Secretaría de Diversidades de la Juventud del PPD, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la sistemática falta de voluntad política por parte de la bancada de diputadas y diputados independientes vinculados al Partido por la Democracia

-con la destacada excepción de la diputada Camila Musante-para avanzar en leyes fundamentales que garanticen los derechos de las personas LGBTIQ+ en Chile.

Durante los últimos meses, hemos visto cómo se han rechazado o postergado proyectos tan relevantes como la reforma a la Ley Anti discriminación, y se ha votado favorablemente el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre el Programa de Acompañamiento a personas trans, un documento que desinforma, estigmatiza y desconoce el enfoque de derechos que debe orientar las políticas públicas.

Estas posiciones no representan ni la historia ni los principios fundacionales del PPD.

Muy por el contrario, revelan un preocupante distanciamiento de los compromisos progresistas que este partido ha sostenido históricamente. Esta omisión se agrava aún más cuando observamos que desde la presidencia del partido, encabezada por Jaime Quintana, no se han impulsado instancias de diálogo político interno ni se han destinado recursos o espacios formales para abordar seriamente las demandas del movimiento LGBTIQ+.

La falta de presupuesto, de voluntad de articulación, y de reconocimiento real al trabajo de las diversidades dentro del partido, sólo profundiza la desconexión con las luchas sociales y con las bases militantes que, día a día, sostienen el ideario democrático y pluralista que decimos defender.

Como Juventud PPD y como Secretaría de Diversidades, no podemos quedarnos en silencio frente a esta omisión estructural. El PPD debe estar a la altura del momento

histórico y asumir, con coraje político, la defensa irrestricta de los derechos humanos. No basta con declaraciones conmemorativas cada 17 de mayo o 28 de junio, si las acciones concretas siguen reproduciendo exclusión y tibieza política.

Hacemos un llamado a la dirigencia nacional del partido, a su bancada parlamentaria, y especialmente a su presidente Jaime Quintana, a tomar acciones reales, asumir el diálogo con nuestras diversidades, y recuperar el compromiso político con los sectores históricamente postergados. La coherencia política es la base de la confianza ciudadana.

Seguiremos insistiendo, desde las juventudes y desde los territorios, para que el PPD vuelva a ser un instrumento de transformación real, comprometido con la justicia social, la igualdad y la dignidad de todas las personas.

La jornada se realizará el miércoles 30 de julio y se espera la masiva participación de párvulos y estudiantes, desde el nivel medio mayor hasta 4° medio, con el objetivo de comprometer a las comunidades en la construcción de espacios educativos de bienestar.

Atendiendo a lamentables episodios ocurridos durante el año en algunos establecimientos educacionales y sus entornos, el Ministerio de Educación convoca a la Jornada Nacional “Presentes contra la violencia”, que se realizará el miércoles 30 de julio, y en la que las y los estudiantes, y todos los integrantes de cada comunidad educativa, podrán reflexionar y comprometerse con la construcción de espacios educativos de cuidado y bienestar.

La convocatoria es para todos los establecimientos educacionales del país, sin distinción de dependencia (municipales, SLEP, particulares subvencionados, particulares pagados), para que de manera voluntaria generen espacios de conversación, sensibilización y compromiso activo desde las comunidades educativas contra la violencia.

La jornada, que ocupará entre dos y tres horas pedagógicas, contará con actividades diferenciadas, según la edad de las y los estudiantes, desde párvulos de jardines infantiles (nivel medio mayor) hasta estudiantes de 4° medio.

Para ello el Mineduc habilitó el sitio www.presentescontralaviolencia.mineduc.cl,  donde se pondrán a disposición próximamente las propuestas metodológicas para que las comunidades educativas realicen su jornada de acuerdo a sus necesidades y matrícula. El material estará pensado para cuatro grupos educativos: nivel medio mayor; prekínder a 2° básico; 3° básico a 6° básico; y 7° básico a 4° medio. También habrá material para trabajar con madres, padres y apoderados.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que “nuestro país atraviesa por un momento complejo, que tiene que ver con el deterioro de la convivencia, con cómo nos relacionamos entre nosotros. Necesitamos de forma urgente conversar sobre nuestras diferencias, y por eso es que convocamos a todas las comunidades educativas del país a reflexionar sobre el impacto de la violencia en nuestras vidas, y a buscar mecanismos que nos permitan contar con espacios educativos que promuevan el bienestar”.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, invitó a todos los jardines infantiles del país a sumarse a esta iniciativa, pues “es desde aquí, desde estos primeros espacios sociales y donde comienza la trayectoria educativa, en que niños y niñas comienzan a compartir con otras personas, a ver el mundo que les rodea, a aprender sobre sus emociones y a vincularse con el mundo. La educación parvularia sienta las bases del bienestar integral y por eso es tan importante reflexionar, desde la experiencia de las comunidades educativas, sobre cómo promovemos la convivencia, la tolerancia y el respeto”

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, planteó que “el desafío de construir una sociedad respetuosa, inclusiva y que aborde de modo pacífico los conflictos nos convoca a todos y todas, a la sociedad en su conjunto; por eso, debemos abordarlo de forma integral y articulada. Como Ministerio de Educación, estamos impulsando acciones que buscan fortalecer el buen trato y una convivencia participativa y colaborativa, trazando una hoja de ruta y un conjunto de acciones orientadas a construir relaciones basadas en el cuidado y el bienestar para todas y todos los integrantes de las comunidades educativas”.

Para preparar la jornada y amplificar su alcance, el ministro Cataldo sostuvo reuniones con diversas autoridades e instituciones cuyas preocupaciones contribuyeron a dar forma a esta actividad. En esos preparativos participaron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; las asociaciones de municipalidades; el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali; y la Mesa Ampliada UNE Chile, que reúne a las iglesias evangélicas.

Acciones por la convivencia educativa

La Jornada Nacional “Presentes contra la violencia” se suma a distintas acciones que el Mineduc ha impulsado en esta materia. Una de ellas es el proyecto de ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que está en tramitación en el Congreso y que propone un nuevo estándar para la gestión interna de la convivencia, recogiendo propuestas de otras mociones presentadas a propósito de los trágicos casos de los estudiantes Katy Winter y José Matías, y de la profesora de Antofagasta Katherine Yoma.

Otra iniciativa es el Programa Comunidades Educativas Protegidas, que se enfoca en la prevención y abordaje de la violencia en contextos educativos de 66 comunas priorizadas, trabajando para fortalecer la convivencia escolar y promover el bienestar socioemocional.

También se están implementando los Patrullajes Preventivos Inteligentes en entornos educativos, en 44 comunas priorizadas del país, una innovadora solución tecnológica que utiliza inteligencia artificial para optimizar la seguridad alrededor de establecimientos educacionales, usando una plataforma de gestión operativa desarrollada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Además, el Mineduc está aplicando el Programa A Convivir se Aprende, que fortalece los equipos de gestión y de convivencia escolar de los establecimientos subvencionados para prevenir situaciones de violencia, que el año pasado trabajó en 149 comunas, apoyando a más de 1.760 comunidades educativas; y el Programa Habilidades para la Vida, que busca promover el autocuidado, el bienestar y la convivencia dentro de las comunidades educativas, beneficiando el año pasado a 747.495 estudiantes desde prekínder a IV medio. Y en mayo de 2024 se actualizó la Política Nacional de Convivencia Educativa, instrumento que establece un nuevo marco de acción respecto al aprendizaje socioemocional.

Bajo el lema “El valor de la cultura en el bienestar de las personas”, la tercera edición del Foro Nacional Cultura y Empresa Sostenible se realizará los días 6 y 7 de agosto en Chillán, con actividades gratuitas en el Teatro Municipal y el Centro Cultural Municipal, y cupos limitados para sus instancias de formación especializada.

La programación incluirá paneles de conversación, talleres formativos gratuitos, espacios de networking, exposiciones artísticas y una ruta creativa que vincula cultura, territorio y sostenibilidad.

Entre los invitados confirmados destacan:

“El Foro abre cruces impensados pero urgentes entre sectores. Aquí, la banca pública conversa con la reinserción, y la cultura se entiende como política pública de bienestar”, afirma Cristián Venegas, gestor cultural y coordinador general del Foro.

Además, el jueves 7 por la tarde se realizarán tres talleres gratuitos con inscripción previa:

“Que Chillán sea sede del Foro es un reconocimiento al trabajo cultural que impulsamos. Aquí la cultura no es adorno: es cohesión social, desarrollo y comunidad”, señala Camilo Benavente Jiménez, alcalde y presidente de la Corporación Cultural Municipal de Chillán.

“Como Ministerio en Ñuble creemos firmemente en el valor transformador de la cultura. Por eso apoyamos esta edición del Foro que piensa desde las necesidades reales de la ciudadanía”, indica Cristian Urrutia Osorio, seremi (S) de las Culturas.

El Foro Sostenible es impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Ñuble, la Corporación Cultural Municipal de Chillán y la Agencia Porvenir, con apoyo de Red Cultura, Identidad Regional, Chile Creativo, Camino a FICAP 2025 y Cultura Viva.