Hoy José Antonio Kast habla de promesas. Habla de esperanza, reconstrucción, orden, sacrificio y futuro. Pero antes de que el relato presidencial organizara la escena solemne de la Cuenta Pública, los datos ya habían hablado. Y hablaron con una dureza difícil de maquillar: según el estudio “Más allá de la metáfora”, elaborado por una red de centros de pensamiento progresistas y difundido por Radio Bío Bío, de 440 compromisos programáticos revisados, solo uno aparecía cumplido en los primeros 90 días de gobierno; 351 figuraban sin iniciar, 76 en proceso y 12 parcialmente cumplidos. Es decir, casi el 80% de las promesas no registraba avance verificable al momento en que el presidente se preparaba para rendir cuentas ante el país. La fuente es políticamente situada —proviene de centros progresistas—, pero el dato obliga igualmente a una pregunta democrática básica: ¿qué significa rendir cuentas cuando la distancia entre promesa y ejecución es tan amplia? (BioBioChile)
La primera Cuenta Pública de Kast no puede leerse, por tanto, como un simple balance administrativo. Tampoco como una ceremonia republicana neutral. Debe entenderse como una operación mayor de comunicación política: transformar una baja ejecución inicial en una narrativa de emergencia nacional. El presidente no llegó al Congreso solo a informar lo realizado; llegó a disputar el sentido de sus primeros meses. Lo hizo con una fórmula clara: Chile estaría atravesando una triple emergencia —seguridad, economía y sociedad—; el Estado habría crecido pero perdido eficacia; las cuentas fiscales estarían desordenadas; el país necesitaría volver a crecer; y el gobierno, con carácter y responsabilidad, estaría poniendo los cimientos de la reconstrucción. Esa arquitectura discursiva está expresamente presente en la Cuenta Pública: Kast declara que viene a exponer “en qué estado encontramos nuestro país”, “lo realizado” y “hacia dónde vamos”, para luego articular su itinerario en seguridad, reconstrucción institucional y reactivación económica.
El problema es que una Cuenta Pública no se evalúa solo por su potencia retórica, sino por su relación con la realidad. Y allí aparece la fractura central: Kast sigue hablando como candidato, pero ya debe responder como presidente. Como candidato podía prometer restauración, orden y crecimiento; como presidente debe demostrar ejecución, consistencia fiscal, capacidad estatal y resultados verificables. Esa transición es el punto crítico. La Cuenta Pública intenta resolverla mediante un relato de “esperanza de los hechos”, pero los datos disponibles muestran una administración todavía atrapada entre la promesa de campaña y la materialidad dura del gobierno.
El primer eje de esa fractura está en la economía. Kast afirma que Chile enfrenta una emergencia económica y fiscal. En esto no inventa completamente el problema. El Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026, de la Dirección de Presupuestos, confirma que el déficit estructural de 2025 llegó a 3,7% del PIB y que el gobierno adoptó medidas correctivas por $1.307.729 millones, equivalentes a 0,4% del PIB. Es decir, la estrechez fiscal existe y no puede ser tratada como una fantasía comunicacional. (InvestChile)
Pero reconocer el problema fiscal no obliga a aceptar sin discusión la solución ideológica que el gobierno propone. La Cuenta Pública convierte la austeridad en virtud moral: ordenar las cuentas aparece como deber patriótico, y cualquier resistencia al ajuste puede ser presentada como irresponsabilidad. Ese es el truco comunicacional más importante del discurso. La crisis fiscal deja de ser un fenómeno técnico, con causas complejas, y se transforma en relato disciplinario: “gastaron de más”, “prometieron ingresos que no llegaron”, “heredamos cuentas desordenadas”, “debemos actuar con responsabilidad”. El diagnóstico opera como antesala de una pedagogía del sacrificio.
La pregunta ausente es quién paga ese sacrificio. El presidente sostiene que el ajuste fiscal se hará “sin tocar los beneficios sociales”. Sin embargo, esa afirmación se tensiona con reportes de prensa sobre recortes en áreas sensibles, especialmente salud. El País informó un recorte de $413 mil millones al Ministerio de Salud, equivalente a 2,5% de su financiamiento, con críticas de gremios, alcaldes y parlamentarios por sus posibles efectos en hospitales y atención primaria. Esta cifra debe tratarse como reporte periodístico, no como reconstrucción propia del decreto presupuestario; aun así, introduce una tensión relevante entre el relato gubernamental de protección social y los efectos potenciales del ajuste. (El País)
La economía real tampoco acompaña la épica de la reconstrucción. El Banco Central informó que el Imacec de marzo de 2026 cayó 0,1% respecto de igual mes del año anterior. La caída se explicó por la producción de bienes, especialmente minería, agropecuario-silvícola y pesca extractiva, aunque fue parcialmente compensada por servicios y comercio. Este dato importa porque muestra que el país no enfrenta solo un problema de confianza empresarial o de “permisología”, sino una debilidad productiva concreta, vinculada a sectores estratégicos y a una estructura económica todavía altamente dependiente de ciclos externos, recursos naturales y baja diversificación productiva. (Banco Central de Chile)
Frente a ese escenario, Kast promete llevar el crecimiento al 4%, bajar el desempleo al 6% y recuperar al menos 300 mil empleos. Esa promesa está en la Cuenta Pública y funciona como corazón económico del relato. Pero el discurso no demuestra la cadena causal que la sostiene. Se afirma que destrabar inversión, reducir burocracia, facilitar permisos y mejorar confianza bastará para reactivar empleo y bienestar. Sin embargo, esa ecuación es más política que técnica. La inversión puede crecer sin generar suficiente empleo; puede concentrarse en sectores intensivos en capital; puede aumentar utilidades sin mejorar salarios; puede dinamizar indicadores macroeconómicos sin alterar la precariedad cotidiana de los hogares.
El mercado laboral confirma esa tensión. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación nacional llegó a 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. La fuerza de trabajo creció 1,0%, más que las personas ocupadas, que aumentaron 0,7%. En mujeres, el desempleo llegó a 10,5%, con una expansión de 10,1% en las desocupadas; además, la informalidad alcanzó 26,8%, aumentando un punto porcentual en un año. Estos datos respaldan la gravedad del diagnóstico laboral, pero también muestran que el problema no se resuelve solo invocando crecimiento futuro. (Instituto Nacional de Estadísticas)
Aquí aparece una segunda fractura: el presidente humaniza el desempleo en el lenguaje, pero lo resuelve desde una matriz de mercado. Habla de la mujer joven que postula a veinte trabajos y no recibe respuesta; habla del empleo como dignidad; cita a Sebastián Piñera para decir que no hay mejor política social que el pleno empleo. Pero cuando llega la hora de la política pública, el empleo queda subordinado a la promesa de inversión privada. Falta una agenda más robusta de empleo juvenil, cuidados, capacitación, reconversión productiva, demanda interna, inversión pública, salarios y fortalecimiento de sectores intensivos en trabajo. La Cuenta Pública reconoce el dolor social del desempleo, pero ofrece una terapia estrecha: esperar que el capital invierta y que el crecimiento, eventualmente, gotee hacia la vida de las personas.
El gobierno sí exhibe un dato favorable: la inversión extranjera directa acumuló US$4.370 millones a febrero de 2026, un 58% más que en los dos primeros meses de 2025, según InvestChile. Pero la misma agencia advierte que, al tratarse solo de dos meses, ese registro no permite proyectar flujos futuros. Ese matiz es decisivo. El gobierno toma una señal inicial y la convierte en prueba narrativa de confianza; la fuente técnica, en cambio, llama a la cautela. (InvestChile)
Ese es el problema de fondo del relato económico: confunde señales con tendencias y tendencias con bienestar. Anunciar inversión no equivale a demostrar desarrollo. Para que la inversión sea socialmente significativa debe responder preguntas mucho más exigentes: cuántos empleos genera, de qué calidad, en qué territorios, con qué salarios, con qué encadenamientos productivos, con qué estándares ambientales y con cuánta recaudación futura. Sin esa traducción, la inversión puede mejorar titulares sin mejorar vidas.
El segundo gran eje de la Cuenta Pública es la seguridad. Aquí Kast despliega su zona de mayor comodidad política. Habla de homicidios, fronteras, zanjas, drones, control vehicular, inteligencia artificial, barrios críticos, puertos, cárceles, Macrozona Sur, migración irregular y crimen organizado. Anuncia 50 barrios críticos, siete fuerzas de tarea, ampliación del plazo de flagrancia, más facultades policiales, urgencia a proyectos contra encapuchados y ampliación de penas por asociación delictiva y criminal. El discurso es coherente con su identidad política: orden, autoridad, territorio, ley y castigo.
El diagnóstico de inseguridad tampoco puede ser descartado. La delincuencia ha sido una de las principales preocupaciones ciudadanas y el propio gobierno llegó a la Cuenta Pública bajo presión por resultados en esa materia. El País reportó que, a horas del discurso, el presidente enfrentaba una desaprobación creciente y dudas sobre seguridad, precisamente el área clave de su campaña. (El País)
Pero la seguridad tiene una dimensión material que el discurso no resuelve completamente: capacidad estatal. BioBioChile reportó en abril de 2026 que Carabineros operaba con 12.222 vacantes y había perdido cerca de 5 mil policías de calle desde 2019. Si ese diagnóstico es correcto, entonces el problema no se soluciona solo con épica de orden, tecnología o copamiento territorial. Requiere formación, dotación, inteligencia, coordinación, prevención, persecución penal, trabajo comunitario y gestión local. Sin eso, el riesgo es una seguridad performativa: presencia visual del Estado, pero debilidad estructural en su capacidad de sostener resultados. (El País)
La dimensión más problemática del discurso, sin embargo, no está en perseguir crimen organizado. Está en el anuncio del Registro de Vándalos e Incivilidades. Kast propone que quienes cometan ciertas conductas pierdan beneficios sociales como gratuidad, Pensión Garantizada Universal o subsidio de arriendo. El discurso incluye delitos, pero también incivilidades, tales como venta ilegal de alcohol, consumo de drogas en la vía pública, rayados o destrucción de equipamiento comunitario.
Aquí se produce la contradicción más grave de la Cuenta Pública. El gobierno dice que no tocará beneficios sociales por razones fiscales, pero propone retirarlos por razones disciplinarias. Ese giro no es menor. Significa que la política social deja de ser solo protección frente a la necesidad y pasa a operar como mecanismo de premio o castigo moral. El Estado no solo focaliza; moraliza. No solo administra recursos; clasifica conductas. No solo protege mínimos de dignidad; condiciona derechos sociales a una idea de obediencia pública.
La crítica no consiste en negar que las incivilidades dañen la convivencia. Rayar infraestructura, destruir equipamiento comunitario o agredir personal público son conductas que deben ser prevenidas y sancionadas. El problema es mezclar en una misma arquitectura punitiva delitos, incivilidades y beneficios sociales. Allí el Estado social se contamina con la lógica penal. Una persona puede ser sancionada por el sistema judicial o administrativo, pero retirar acceso a educación, pensión o vivienda introduce una segunda pena que golpea especialmente a quienes más dependen del apoyo estatal. En términos políticos, el mensaje es brutal: los derechos sociales no son garantías, sino premios revocables.
El tercer eje es salud. La Cuenta Pública destaca la Alerta Oncológica y afirma que se contactó al 99% de más de 33 mil personas en lista de espera, con cerca de 80% de avance en la resolución de casos críticos y más de 4.800 cupos mediante Fonasa y complementariedad público-privada. El Ministerio de Salud informó el 5 de mayo que los Servicios de Salud recibirían $154 mil millones para atender a 33.702 pacientes oncológicos GES y no GES con espera prolongada al 31 de enero de 2026. Ese dato respalda que hay una política real y focalizada en un problema urgente. (Ministerio de Salud)
Pero una política focalizada no compensa por sí sola el posible debilitamiento estructural del sistema. Si al mismo tiempo se reportan recortes significativos en Salud, la pregunta crítica es inevitable: ¿se está resolviendo una lista de espera visible mientras se reduce la capacidad general del sistema público? La alerta oncológica puede ser defendible, incluso necesaria. Pero no basta para demostrar fortalecimiento del Estado sanitario si hospitales, atención primaria, redes territoriales y personal enfrentan restricciones presupuestarias. La salud pública no se sostiene solo con operativos de emergencia; se sostiene con financiamiento estable, prevención, infraestructura, personal y gestión de largo plazo.
El cuarto eje es vivienda. Kast afirma que recibió un déficit que deja a casi 500 mil familias sin acceso a un hogar y más de 120 mil familias viviendo en campamentos. La cifra de déficit habitacional está respaldada por el Minvu: el déficit cuantitativo estimado a partir del Censo 2024 alcanza 491.904 requerimientos de nuevas viviendas, equivalente al 7,5% de los hogares. (Centro de Estudios, Ciudad y Territorio)
La propuesta presidencial, sin embargo, se orienta hacia una matriz propietarista: “volver a ser un país de propietarios, no de arrendatarios”, abrir programas habitacionales a la clase media hasta 4.000 UF, usar un fondo de garantía estatal, impulsar Operación Sitio 2.0 y traspasar suelo de Bienes Nacionales al banco de suelo público. La idea tiene fuerza cultural, porque la propiedad de la vivienda sigue siendo un símbolo de seguridad familiar en Chile. Pero la realidad habitacional es más compleja. El problema no es solo falta de propiedad; es arriendo impagable, segregación urbana, suelo caro, informalidad laboral, hacinamiento, campamentos, bajos ingresos y debilidad de planificación territorial.
Reducir la crisis habitacional a la aspiración de propiedad puede dejar fuera a quienes no pueden endeudarse, no califican para crédito o viven trayectorias laborales inestables. Un país de propietarios puede ser una promesa potente, pero también puede transformarse en relato insuficiente si no se acompaña de arriendo protegido, vivienda pública, integración urbana, regulación de suelo, densificación equilibrada y fortalecimiento de la ejecución estatal.
El quinto eje es la reforma del Estado. Kast anuncia la fusión del Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno y la creación de una Comisión de Expertos para proponer una nueva arquitectura estatal, reducir ministerios, eliminar superposiciones y reasignar recursos. Esta es una de las señales más estructurales de la Cuenta Pública. No estamos ante un ajuste menor, sino ante una posible reconfiguración del aparato estatal.
El gobierno presenta esta agenda como modernización. Y es cierto que el Estado chileno tiene problemas de coordinación, duplicidad, lentitud, vacancias directivas y fragmentación. Pero reducir ministerios no garantiza mejor Estado. Puede mejorar eficiencia, pero también concentrar poder, debilitar áreas sociales, reducir capacidades sectoriales y subordinar políticas públicas a un núcleo más estrecho de seguridad, fiscalidad y comunicación política. La pregunta no es si el Estado debe modernizarse; la pregunta es para qué se moderniza. ¿Para proteger mejor derechos o para reducir el campo de acción de lo público?
Lo mismo ocurre con el Plan de Inspección Total, que contempla revisar el gasto fiscal en más de 500 servicios, con más de mil auditores e inteligencia artificial para detectar patrones anómalos. Fortalecer probidad y control es necesario. Nadie puede defender mal uso de recursos públicos. Pero el riesgo comunicacional es transformar casos de abuso o mala gestión en una narrativa global contra el Estado social y el funcionariado público. La auditoría debe servir para mejorar el Estado, no para instalar la sospecha permanente sobre todo lo público.
El sexto eje es la política indígena. La Cuenta Pública propone reformar la Ley Indígena para permitir mayores libertades sobre tierras, incluyendo arrendarlas e hipotecarlas, además de tasaciones a valor de mercado, trazabilidad en compras y derechos individuales de uso y goce. Este anuncio es de largo alcance. No es una simple medida administrativa: desplaza la cuestión indígena desde una matriz de restitución histórica y derechos colectivos hacia una matriz de mercado, propiedad individual, crédito, arriendo e hipoteca.
El sistema actual de tierras puede tener problemas de gestión, lentitud y transparencia. Pero resolver esos problemas mediante mercantilización puede producir consecuencias profundas: fragmentación comunitaria, pérdida de tierras, presión inmobiliaria o productiva, y debilitamiento de la dimensión colectiva del territorio. En el discurso de Kast, la tierra indígena empieza a aparecer menos como territorio histórico y más como activo económico. Ese cambio no es técnico; es civilizatorio.
Todo lo anterior permite comprender la verdadera naturaleza de la Cuenta Pública. Kast no propone simplemente “menos Estado”. Esa sería una lectura superficial. Propone un Estado selectivamente fuerte: fuerte para controlar, auditar, castigar, vigilar fronteras, intervenir barrios, expandir cárceles y acelerar permisos; pero restringido cuando se trata de redistribuir, universalizar derechos, fortalecer servicios sociales o ampliar participación ciudadana. No es un Estado mínimo. Es un Estado reorientado. Menos social, más penal. Menos deliberativo, más gerencial. Menos garante universal, más condicionador moral. Más lento para derechos, más rápido para inversión.
Esta matriz se observa también en la forma en que el Presidente entiende la democracia. En el cierre de la Cuenta Pública, Kast reivindica instituciones, deber, orden, libertad, progreso y paz social. Pero la democracia aparece menos como deliberación ciudadana y más como estructura de orden para permitir seguridad y crecimiento. Hay poca referencia a participación social, sindicatos, organizaciones comunitarias, redistribución, igualdad sustantiva o derechos colectivos. La democracia que emerge es procedimental, vertical y disciplinada: una democracia para obedecer reglas, ordenar cuentas y facilitar progreso, pero no necesariamente para disputar el modelo de desarrollo.
En términos comunicacionales, el discurso está bien construido. Tiene épica, enemigos, diagnóstico, promesa, temporalidad y símbolos republicanos. Usa a Portales, Bello, Montt, Alessandri, Prat, O’Higgins y la familia como anclas morales. No habla solo de políticas públicas; habla de restauración nacional. Ese es su poder. Pero también su fragilidad. Porque mientras más grande es la promesa, más dura será la comparación con la realidad.
Y la realidad ya presiona. Cadem informó que, en la quinta semana de mayo, la desaprobación de Kast llegó a 56%, mientras su aprobación bajó a 39%; además, 44% de las personas encuestadas esperaba que la Cuenta Pública sirviera para reconocer errores y corregir el rumbo. Ese dato muestra que la ciudadanía no pedía solo épica, sino realismo. No pedía solo esperanza, sino corrección. No pedía solo carácter, sino eficacia. (BioBioChile)
La Cuenta Pública, sin embargo, eligió perseverar. Reconoció algunas dificultades —como la explicación insuficiente del alza de combustibles—, pero no corrigió el rumbo de fondo. La apuesta sigue siendo la misma: austeridad fiscal, seguridad dura, inversión privada, familia tradicional, auditoría estatal y disciplina social. El gobierno intenta convertir la emergencia en mandato político. Pero una emergencia permanente puede terminar justificando cualquier cosa: recortes, concentración de poder, debilitamiento de derechos, castigo social y subordinación del Estado a la promesa de crecimiento futuro.
Por eso, la crítica a la Cuenta Pública no debe caer en la caricatura. Kast no inventa todos los problemas que describe. El déficit fiscal existe. El desempleo es alto. La inseguridad preocupa. Las listas de espera duelen. El déficit habitacional es real. El Estado tiene problemas de gestión. La ciudadanía está cansada de promesas incumplidas. Pero justamente porque esos problemas son reales, la respuesta debe ser más exigente, no menos. Un país no sale de una crisis social reduciendo la política social a conducta; no reconstruye confianza pública convirtiendo derechos en premios; no resuelve desempleo esperando pasivamente el entusiasmo del capital; no mejora salud con focalización de emergencia mientras restringe capacidades estructurales; no fortalece democracia subordinando participación a orden.
La primera Cuenta Pública de Kast transparenta una disputa mayor por el sentido del Estado chileno. No estamos solo ante un gobierno que busca administrar una coyuntura difícil. Estamos ante un proyecto que intenta redefinir qué debe hacer el Estado, a quién debe proteger, a quién debe castigar, a quién debe facilitarle el camino y a quién debe exigirle sacrificio. Esa es la verdadera pregunta detrás de la ceremonia: ¿reconstrucción para quién?
Si la reconstrucción significa fortalecer servicios públicos, crear empleos decentes, proteger salud, garantizar vivienda, mejorar educación, combatir el crimen organizado con inteligencia y prevención, y sostener una democracia con participación real, entonces el país necesita un Estado más capaz, no simplemente más austero. Pero si reconstrucción significa reducir capacidades sociales, condicionar beneficios, endurecer castigos, acelerar permisos para el capital y convertir la familia tradicional en eje moral del bienestar, entonces no estamos ante una reconstrucción democrática del Estado social. Estamos ante su reorientación conservadora y disciplinaria.
Los discursos pasan. Los números quedan. Y los números muestran un inicio de gobierno con baja ejecución programática, desempleo alto, actividad económica débil, déficit fiscal estrecho, inversión aún no consolidada como tendencia, crisis habitacional persistente y desaprobación creciente. La Cuenta Pública intentó responder a esa realidad con una narrativa de esperanza. Pero la esperanza, en democracia, no puede ser solo retórica. Debe verificarse en derechos, empleo, seguridad, salud, vivienda, igualdad y vida cotidiana.
Kast llegó a su primera Cuenta Pública diciendo que Chile se está levantando. La pregunta crítica es si se levanta con todos o sobre el sacrificio de los mismos de siempre.
Título original: Las aventuras de Priscilla, reina del desierto
Título original: Cabaret – Año: 1972 – Duración: 123 min.
