El aplaudido documental “Las Locas del 73” se presentará finalmente en el Centro Cultural Matta, de la Embajada de Chile en Buenos Aires

La División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores DIRAC, Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile y Sociedad Sonora, invitan a las presentaciones y foros públicos en Buenos Aires – Argentina del elogiado documental “Las Locas del 73” de Carolina Espinoza y Víctor Hugo Robles, obra que relata la historia de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, acontecida el 22 de abril de 1973, últimos meses del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.

La película, presentada originalmente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile a 50 años de la histórica primera protesta de la diversidad sexual, rescata la memoria de las protagonistas de la legendaria manifestación popular, destacando los vitales testimonios de Eva, La Medallita de la Suerte, Marcela Di Monti, Brenda y Marco Ruiz en diálogo con ‘el Che de los gays’. La presentación de “Las Locas del 73” en Buenos Aires se anuncia como preludio de las actividades que se realizarán en Argentina, Chile y el mundo en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+, junio de 2025.

El Che de los gays en Buenos Aires

En las presentaciones de “Las Locas del 73” en Buenos Aires estará presente Víctor Hugo Robles, conocido como ‘el Che de los gays’, periodista y activista, reconocido por su trabajo de memoria popular, lucha social y periodismo comunitario, siendo integrante del Movimiento de Liberación Homosexual Movilh Histórico, creador de Triángulo Abierto, primer programa radial de la diversidad sexual en Chile en los 90 y autor de publicaciones como Bandera Hueca. Historia del Movimiento Homosexual en Chile, El Diario del Che Gay en Chile, Sida en Chile. Historias Fragmentadas, Más Allá del Margen. Memorias de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile y Las Viudas Odiosas de Lemebel.

Las Locas del 73 en triple jornada

El debut de “Las Locas del 73” se realizará en el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile en Buenos Aires, contando con la participación de Darío Arias de la Internacional de Lesbianas, Gays y Trans de América Latina y el Caribe ILGALAC, Florencia Guimaraes, presidenta de la Casa de Lohana y Diana, integrantes del Archivo de la Memoria Trans y el Che de los Gays. La cita es el jueves 29 de mayo a las 19:00 horas en Tagle 2772, Buenos Aires.

La segunda presentación de “Las Locas del 73” acontecerá en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina CTA, contando con la participación de Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina AMMAR, Yamile Sokolovsky, coordinadora de género de la CTA, Vicente Quintrileo, artista y cantante de la banda Sudor Marika, integrantes del Archivo de la Memoria Trans y “el Che de los gays”. El evento se realizará el viernes 30 de mayo a las 18:00 horas en  Piedras 1065, barrio de San Telmo, Buenos Aires.

La tercera y última presentación de “Las Locas del 73” se efectuará en la sede de la emblemática Comunidad Homosexual Argentina CHA, contando con la participación de históricos activistas LGBTIQ+ porteños, juntos al “Che de los gays”. El encuentro será el sábado 31 de mayo a las 19:00 horas en Tomás Liberti 1080, Buenos Aires.

La censura de la Secretaría de Cultura de Milei

Siempre Viva en Vivo valora la invitación y las gestiones de la DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la acogida de la Agregaduría Cultural de Chile en Buenos Aires. Del mismo modo celebra la complicidad del Sindicato de Trabajadoras Sexuales AMMAR, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras del Argentina CTA, de la Internacional  de Lesbianas, Gays y Tras de América Latina y el Caribe ILGALAC, de la Casa de Lohana y Diana y del Archivo de la Memoria Trans de Argentina.

Junto con agradecer a personas e instituciones que colaboran con las presentaciones de “Las Locas del 73”, “lamentamos la censura a la realización de un foro debate en torno al documental en el denominado Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner. Hace algunos días, a través de un correo oficial enviado a los organizadores de las presentaciones de “Las Locas del 73”, Palacio Libertad se excusó de realizar el foro debate con activistas LGBTIQ+ en sus dependencias, siguiendo indicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Javier Milei, administradores del espacio, aludiendo “imposibilidades técnicas y logísticas”.

Al respecto, Darío Arias, co-secretario regional de ILGALAC y co-fundador del Frente Nacional Orgullo y Lucha, quién fue invitado a la presentación como panelista, expresó: «Repudiamos enérgicamente este hecho de censura previa por parte del gobierno de Javier Milei a la exhibición y debate de la película. Se trata de un grave hecho de homofobia y autoritarismo que suma un nuevo capítulo en su embestida contra la diversidad sexual y la destrucción de las políticas culturales en la Argentina».

Por su parte, María Belén Correa, presidenta del Archivo Trans de Argentina, escribió al Palacio Libertad, manifestando su “enérgico repudio a la decisión de prohibir la exhibición y foro de la película «Las locas del 73» en este espacio que, por su nombre, debería ser símbolo de apertura y libre circulación de ideas. Censurar una obra audiovisual equivale a condenar la cultura y silenciar voces que necesitan ser escuchadas”.

“A pocos días de celebrar la transformación de nuestra CONAF en un servicio público, nos golpea con indignación la información de que la actual directora ejecutiva, Aída Baldini, ha dictado -de manera subrepticia y sin consulta- una resolución que modifica sustancialmente el organigrama institucional, afectando de forma grave la estructura de las Gerencias”, señalan los sindicatos nacionales de CONAF.

Informan que la nueva estructura considera la eliminación de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental, creando en su lugar la Gerencia Forestal y la Gerencia de Arborización, además de incorporar una Subdirección Nacional, asesores, unidades de coordinación y otras figuras de dudosa justificación, en un contexto de profunda austeridad institucional.

“A esto se suma la designación arbitraria de jefaturas sin concurso alguno, entre ellos: Jorge Céspedes, como Gerente Forestal; Jorge Salinas, como Gerente de Protección de Incendios Forestales y Rodrigo Illesca, como Subdirector Nacional. Todos ellos externos a la institución y con grados remunerativos elevados, en momentos donde se recortan recursos, se restringen presupuestos y se nos dice que “no hay dinero para nada”. Mientras se nos niega el desarrollo de una carrera funcionaria real y digna, se crean altos cargos discrecionalmente en desmedro de quienes hemos sostenido esta institución por años”, agregan.

Finalmente, expresan que “estos hechos son abiertamente cuestionables, no sólo por su contenido, sino por la forma oculta y premeditada en que fueron realizados. Las organizaciones sindicales mantenemos reuniones semanales con la autoridad precisamente para acompañar y fiscalizar el proceso de traspaso de CONAF a SERNAFOR -cuya ley ya ha sido publicada en el diario oficial-, y en ningún momento se nos informó de estos cambios que, evidentemente, ya se venían planificando a espaldas de todos”.

Cabe recordar que fue un logro de las y los trabajadores de CONAF haber incluido en la Ley de creación del SERNAFOR que el traspaso del personal se realizara por el solo ministerio de la ley, manteniendo íntegramente nuestras condiciones laborales.

Por ello, estas modificaciones al organigrama y la imposición de cargos externos son una amenaza directa: amarran puestos con nombres y apellidos, comprometen el presupuesto futuro y restringen gravemente la disponibilidad de cargos para las y los trabajadores actuales.

Además, esta resolución viola expresamente la norma que exige la realización de concursos bajo el sistema de Alta Dirección Pública en un plazo de tres meses desde la publicación de la ley, así como concursos internos para la promoción y provisión de cargos vacantes. Estamos ante un acto ilegal y profundamente inmoral.

Rechazamos categóricamente la conducta de la directora Ejecutiva Aída Baldini. No aceptaremos más decisiones discrecionales, más abusos de poder ni más desprecio hacia las y los trabajadores de CONAF. Lo decimos con claridad: ya basta de menospreciarnos, de tratarnos como si fuésemos inferiores, de humillarnos sistemáticamente. Esta administración ha mantenido un constante menoscabo hacia nuestra labor, que hoy se prolonga sin escrúpulos.

¿A qué tenemos que temer ahora? ¿A qué nueva imposición disfrazada de modernización?

NO PERMITIREMOS QUE DESTRUYAN LO QUE CON TANTO ESFUERZO Y COMPROMISO HEMOS CONSTRUIDO.

Exigimos respeto, transparencia y participación real.

Exigimos el fin de las malas prácticas, el abuso y el secretismo.

Exigimos dignidad. NO somos una monedita de cambio para que jueguen a quien es el más poderoso, detrás de nosotros hay personas y no permitiremos que se nos pase a llevar

Exigimos una reunión a la brevedad para que nos den las explicaciones el Ministro de agricultura, la subsecretaria de agricultura y a la directora Baldini

INFORMAMOS QUE DESDE HOY QUEDAMOS EN ESTADO DE ALERTA PARA UNA MOVILIZACIÓN INDEFINIDA

Federación Nacional de Sindicatos regionales de CONAF

Sindicato Nacional de Guardaparques y trabajadoras/res de ASP de Chile Sindicato de Nacional de Profesionales de CONAF

Santiago, 23 de mayo de 2025

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido sus licencias médicas entre 2023 y 2024, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) expresa su más enérgica condena a este tipo de prácticas que vulneran principios esenciales de probidad, dañan la fe pública y profundizan la desconfianza ciudadana.

Según la CGR, se detectaron 35.585 licencias médicas en que sus titulares habrían salido del país en más de 59.500 oportunidades durante su periodo de reposo, lo que constituye una grave irregularidad. De esas licencias, un 69% fueron emitidas por Fonasa y un 31% por Isapres. Entre los organismos con mayor número de licencias emitidas figuran JUNJI, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica. Las regiones con mayores registros de salidas del país fueron la Metropolitana, Arica y Parinacota, y Magallanes.

“Lo que se ha revelado aquí no puede dejarnos solo en la condena moral. Este caso es el reflejo claro de cómo un sistema debilitado puede ser vulnerado sin mayores consecuencias. Y eso exige una voluntad política real para transformar de raíz una institucionalidad que aún opera bajo lógicas de hace medio siglo”, sostuvo el presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

La ACHM subraya que esta situación no se trata únicamente de una falla administrativa, sino de una señal de alerta sobre una preocupante falta de vocación de servicio. “Quien acepta un cargo en el Estado tiene el deber moral de servir con honestidad, responsabilidad y compromiso. Lucrar con licencias falsas, mientras miles de personas mueren por falta de atención médica, no es solo inmoral: es una traición al deber público”, agregó Alessandri.

Desde la Asociación se advierte que este tipo de abusos no solo provocan un perjuicio económico al sistema de salud, sino que también debilitan la integridad del Estado y desvían recursos que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.

Propuestas concretas desde el municipalismo

Frente a este escenario, la ACHM propone avanzar sin dilaciones en una agenda de modernización institucional y control efectivo del uso de licencias médicas, que incluya:

La creación de una plataforma tecnológica nacional para detectar licencias fraudulentas, integrando datos de Fonasa, Isapres, Compin y la Superintendencia de Salud, con el uso de inteligencia artificial para identificar patrones anómalos y generar alertas preventivas.

Fortalecimiento del control interno en las instituciones públicas, incluyendo revisiones periódicas, capacitación funcional, coordinación con servicios de salud y uso de sistemas integrados de gestión de personal.

Colaboración interinstitucional con organismos como la Contraloría, el Ministerio de Salud y la Fiscalía, para asegurar sanciones efectivas y prevenir la impunidad.

La ACHM participa activamente en instancias como la Alianza Anticorrupción UNCAC-Chile, y continuará impulsando buenas prácticas y estándares de transparencia en todos los niveles del Estado.

“No necesitamos más diagnósticos: necesitamos acción. Este escándalo debe ser el punto de partida para una transformación profunda. Es hora de construir un Estado moderno, transparente y a la altura de los desafíos del Chile de hoy”, concluyó Alessandri.

Las diputadas Karol Cariola, matrona de profesión e integrante de la Comisión de Salud, y Ana María Gazmuri, también integrante de dicha comisión así como de las Comisiones de Mujeres y Familia, emplazaron al Ministerio de Salud a suspender el Decreto Exento N°243, que modifica la Norma Técnica N°150, adoptado sin la participación del gremio de matronas y matrones, y advirtieron que esta medida representa un grave retroceso en salud pública, al poner en riesgo la atención especializada en salud sexual, reproductiva y neonatal.

El decreto reestructura unidades hospitalarias clave, incorporando ginecología como parte del grupo “médico-quirúrgico”, fusionando neonatología con pediatría y declarando como “indiferenciadas” áreas como urgencias y pabellones. Para las parlamentarias, esta modificación invisibiliza necesidades específicas y debilita el rol profesional e institucional de quienes han liderado históricamente estas áreas en el sistema público de salud.

En respuesta a esta situación, las diputadas Cariola y Gazmuri ingresaron un oficio de fiscalización al Ministerio de Salud, solicitando los antecedentes que fundamentan el cambio normativo, el detalle del proceso de homologación y las acciones futuras que contempla la cartera. El documento también cuestiona la falta de participación del Colegio de Matronas y Matrones de Chile en el diseño de esta medida, a pesar de haber solicitado formalmente su inclusión desde julio del año pasado.

La parlamentaria e integrantes de la comisión de salud entregaron su respaldo al gremio de matronas y matrones y expresaron su rechazo a la decisión del Ministerio de Salud. Para Cariola la medida “perjudica no solo una profesión, sino que pone en riesgo la atención sanitaria de las pacientes así como no da cuenta de las reales necesidades que tienen las mujeres, las madres, las mujeres gestantes, las puérperas y los neonatos en nuestro país”. Mientras que para la legisladora de Acción Humanista, que “al derivar neonatología exclusivamente a pediatría, se impide que las matronas atiendan recién nacidos patológicos, debilitando la continuidad del cuidado desde el parto. Esto no es solo una falta de respeto a una profesión histórica, es un riesgo para la salud pública”.

“Me opongo como diputada y también como matrona a que se siga adelante con esta medida, que fue adoptada sin las matronas, sin los gremios, sin los profesionales y sin las mujeres. Hemos oficiado formalmente al Ministerio de Salud para exigir explicaciones y revertir esta decisión que, además de invisibilizar una profesión clave, pone en riesgo la atención sanitaria especializada”, señaló Cariola, entregando su respaldo al gremio y la urgencia de revertir la medida.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri sostuvo que “como diputada e integrante de las comisiones de Salud, Mujeres y Familia, emplazo al Ministerio de Salud a suspender este decreto y abrir una mesa técnica real. Las políticas públicas no pueden imponerse desde la soberbia técnica. Respaldamos la movilización y exigimos que el Minsal deje de hacer política entre cuatro paredes, que escuche a las matronas y matrones de Chile”.

Ambas parlamentarias manifestaron su respaldo a la movilización nacional convocada por el Colegio de Matronas para este viernes 23 de mayo, reiterando que las políticas públicas en salud no pueden imponerse de espaldas a quienes las sostienen cada día en el sistema público.

Luego de dos días de ​un debate​ realizado en Chile, las organizaciones y redes de la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC emitieron una declaración donde se reafirma el compromiso con la soberanía y el protagonismo de los pueblos, la justicia social y ambiental, y la construcción colectiva de alternativas económicas y socioambientales que pongan la vida y el bienestar común en el centro de nuestras sociedades.

Texto completo, a continuación:

En el actual contexto mundial convulsionado, marcado por el retorno de políticas proteccionistas, la Plataforma América Latina y el Caribe Mejor sin TLC reafirma su compromiso con la construcción de alternativas económicas, sociales y ambientales justas, soberanas y solidarias para nuestros pueblos.

Rechazamos el falso dilema entre proteccionismo y libre comercio que se nos impone desde los centros de poder. Las políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump no constituyen una ruptura con el orden neoliberal, sino una reconfiguración de los mecanismos de acumulación capitalista que mantiene intactos los privilegios corporativos. El lema «America First» encubre una estrategia de protección de las corporaciones estadounidenses mientras se mantiene la desregulación financiera y los beneficios fiscales al gran capital.

El reinado del libre comercio no se desarma con una simple tanda de aranceles selectivos. La globalización neoliberal implicó una profunda reorganización de las relaciones de producción a escala planetaria, transformando radicalmente las bases materiales sobre las que se reproducen nuestras sociedades. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para políticas económicas autónomas, y sus consecuencias en los territorios son devastadoras. Esta transformación cualitativa fue mucho más allá de la mera reducción arancelaria: significó la construcción de una compleja arquitectura jurídica de la impunidad para las corporaciones transnacionales, compuesta por miles de normas, tratados, contratos y mecanismos de arbitraje que blindan los intereses del capital por encima de los derechos de los pueblos y la naturaleza a decidir sobre sus propias formas de vida y desarrollo.

En estos treinta años de tratados de corte neoliberal hemos entendido que el libre comercio es mucho más que simplemente aranceles. Los TLC son en realidad la expresión jurídica y política del poder de las corporaciones transnacionales para garantizar su ganancia en cualquier rincón del planeta. Estas corporaciones han impuesto una suerte de “constitución global” que va más mucho allá de la rebaja aranceles, incluyendo la protección de las inversiones extranjeras, los derechos de propiedad intelectual, la liberalización de los servicios y las compras públicas. Esto ha funcionado como un corsé que asfixia la capacidad regulatoria de los Estados y disciplina a las poblaciones trabajadoras mediante la amenaza constante de relocalización, precarización y desposesión. Frente a esta realidad, los aumentos arancelarios implementados por potencias como Estados Unidos no cuestionan esta estructura de poder corporativo, sino que simplemente reconfiguran sus beneficiarios, favoreciendo a ciertos capitales nacionales mientras mantienen intacta la lógica de acumulación global que perpetúa las desigualdades y el despojo territorial en nuestro continente. Ello ocurre en medio de una triple crisis planetaria: del clima, de la biodiversidad y del aumento de la contaminación.

Reconocemos que el libre comercio produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto secundario, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Las comunidades afectadas por el extractivismo, los trabajadores precarizados y los pueblos despojados de sus territorios y del agua no son daños colaterales, sino requisitos inevitables en el despliegue de la ganancia de las corporaciones.

Por ello, entendemos que la lógica económica que ha sostenido por tres décadas los tratados de comercio e inversión sigue más vigente que nunca, incluso bajo retóricas aparentemente proteccionistas. El sistema de dominación corporativa ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, incorporando discursos críticos al libre comercio mientras preserva la esencia de su poder. Los nuevos acuerdos comerciales, ahora rebautizados como «asociaciones económicas», «acuerdos de cooperación regulatoria» o «tratados de última generación», continúan expandiendo los derechos del capital transnacional mientras profundizan la mercantilización de todas las esferas de la vida.

Las organizaciones que integramos la Plataforma América Latina y el Caribe mejor sin TLC hacemos un llamado urgente a las organizaciones del continente —sean sindicales, ambientales, feministas, campesinas, de derechos humanos, indígenas, estudiantiles, de migrantes, de trabajadores informales, movimientos y partidos políticos, entre otros— a construir nuevas solidaridades políticas que den cuenta de este nuevo momento histórico. Necesitamos articulaciones que trasciendan las fronteras sectoriales y nacionales, reconociendo que las múltiples opresiones que enfrentamos (extractivismo, precarización laboral, neocolonialismo, devastación ambiental, criminalización, violencia contra las mujeres, desplazamiento forzado, racismo estructural) son manifestaciones interconectadas de un mismo sistema expoliador.

Es tiempo de sumar a todos los actores que son sistemáticamente sacrificados por este orden económico global y de confluir en nuevas corrientes de lucha por la emancipación. Estas luchas enfrentan la represión y criminalización por parte del Estado, siendo nuestra región la que tiene cifras más elevadas de defensores ambientales asesinados y/o desaparecidos. Las luchas por el agua, los pueblos originarios defendiendo sus territorios contra el extractivismo, las comunidades campesinas resistiendo el agronegocio, defendiendo la semilla y abrazando la agroecología, los trabajadores formales e informales luchando por condiciones laborales y de vida dignas, las mujeres enfrentando la violencia patriarcal, los migrantes desafiando fronteras militarizadas: todos ellos expresan, desde sus experiencias concretas, las contradicciones fundamentales de un sistema que no puede resolverse mediante ajustes superficiales.

Hoy no basta con oponerse a acuerdos específicos; se necesita construir modelos alternativos de relaciones económicas y sociales entre pueblos que cuestionen la lógica de desarrollo capitalista, neocolonial y depredadora desde sus raíces. Esto implica recuperar y actualizar experiencias de cooperación Sur-Sur, economía social y solidaria, soberanía alimentaria, mercados locales y regionales, control público o gestión comunitaria de bienes comunes, intercambio basado en principios de complementariedad y reciprocidad y solidaridad con la lucha de los pueblos latinoamericanos, caribeños y del sur global. Es urgente avanzar hacia un nuevo internacionalismo de los pueblos que articule la defensa de las soberanías locales con la construcción de mecanismos globales de solidaridad y justicia, capaces de enfrentar desafíos compartidos como la crisis climática y las falsas soluciones implementadas por el poder; la defensa de los defensores territoriales; la concentración extrema de riqueza  y el control corporativo de las tecnologías, incluyendo las relacionadas con la comunicación y la inteligencia artificial.

Esta nueva etapa de resistencia y construcción de alternativas requiere también la elaboración de herramientas analíticas que superen las dicotomías entre lo local y lo global, lo nacional y lo internacional, reconociendo que la emancipación y la lucha debe construirse simultáneamente en múltiples escalas interconectadas. Solo así podremos avanzar hacia un horizonte donde el comercio y la inversión estén subordinados a la reproducción de la vida, la justicia social y la sustentabilidad ecológica de nuestro continente.

América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC reafirma su compromiso con la soberanía y protagonismo de los pueblos, la justicia social y ambiental, y la construcción colectiva de alternativas económicas y socioambientales que pongan la vida y el bienestar común en el centro de nuestras sociedades.

¡Por la soberanía y protagonismo de los pueblos de América Latina y el Caribe!

Tercera asamblea continental de la

Plataforma América Latina y el Caribe Mejor sin TLC

A un año del ingreso del nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia a la Contraloría General de la República, diversas organizaciones feministas y de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la demora en su aprobación, situación que afecta directamente el ejercicio del derecho al aborto legal en Chile, bajo las tres causales establecidas por la Ley 21.030.

Se trata de un extenso período de tramitación que cuesta dignidad, salud y derechos a mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. Cada día sin actualización del reglamento es un día en que se siguen vulnerando derechos humanos bajo la excusa de una regulación deficiente. Es un día más en que una niña violada puede ser forzada a parir, o una mujer con diagnóstico de inviabilidad fetal debe peregrinar por la red de salud para ejercer un derecho garantizado por ley, pero no siempre garantizado en la práctica.

La normativa actual permite que profesionales de la salud, incluso en servicios públicos, nieguen el acceso al aborto legal, amparándose en una interpretación extensiva y permisiva de la objeción de conciencia. En algunos hospitales del país, más del 45% del personal ginecológico se declara objetor ante la causal de violación, lo que imposibilita una atención adecuada.

¿Cómo se puede ejercer el derecho si no hay quién lo garantice?

 ¿Cuánto más se va a dilatar una decisión política que debiese ser técnica, ética y urgente?

Desde las organizaciones firmantes, exigimos a la Contraloría General de la República que dé curso a la toma de razón del nuevo reglamento. Este documento no restringe la libertad de conciencia personal, pero regula aspectos clave para garantizar el derecho de las personas a la salud y el acceso a una atención oportuna, digna y legal, como mandata la ley vigente.

¡Las niñas y mujeres en Chile no pueden seguir esperando!

 El Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas y normativas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos por ley.

 Organizaciones firmantes:

● Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto

● Corporación Miles

● Observatorio de Género y Equidad

● Red de Profesionales por el Derecho a Decidir

● APROFA

● Corporación Humanas

● Coordinadora Feminista 8 de Marzo

● Colectiva Feminista La Grupa – Collipulli

● Red Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe

● Organizando Trans Diversidades (OTD) Chile

● Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe

● Colectiva Janequeo

● CEM, Chile

● Catholics for Choice, Washington, D.C.

● MEMCH

● Colectiva Conspirando