La información oficial y actualizada sobre intoxicaciones agudas por plaguicidas en Chile señala que la mayor parte de ellas se concentró en las regiones de O’Higgins, Maule y Metropolitana, afectando principalmente a niños y niñas de establecimientos educacionales y jardines infantiles, debido a la deriva de la nube de plaguicidas desde predios agrícolas hacia el establecimiento, por la cercanía entre predios y escuelas y la falta de barreras.

Se identifica a los plaguicidas Cipermetrina, alfa cipermetrina, ambacihalotrina, cipermetrina y tetrazina, clorpirifós,  glifosato, y  paraquat como los causantes de la mayor parte de las 654 intoxicaciones agudas por plaguicidas registradas por el Ministerio de Salud en 2023.  Los tres primeros agrotóxicos mencionados se clasifican  en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos según criterios internacionales sistematizados en la lista de PAN (Pesticide Action Network).

Sin embargo, en Chile aún tienen etiqueta amarilla, es decir son considerados  moderadamente peligrosos. A las intoxicaciones que afectan a los grupos etarios más vulnerables, se agrega la  contaminación del agua por los agrotóxicos diuron y  fosetyl-Al, detectada en muestras   en los ríos Putagán-Loncomilla (Maule), Ñiquén (Ñuble) y Changaral (solo Fosetyl-Al en Ñuble) según  la investigación Fondecyt  «Agricultura y reproducción de desigualdades socioecológicas en contexto de crisis hídrica: Análisis sobre la expansión agroexportadora en el Valle Central de Chile”.

 En el Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas, RAP-Chile solicita a las autoridades la urgente eliminación del registro de los plaguicidas altamente peligrosos, PAP; que se considere en el etiquetado el efecto crónico de los plaguicidas; se establezcan normas  primarias y secundarias de calidad de agua que incluyan a los plaguicidas registrados en el país, especialmente a los PAP, y que se dé un fuerte impulso a la agricultura ecológica. Ello con el objetivo de contar con alimentos sanos, y así promover la vida y el buen vivir de todos los seres.

A continuación, el texto completo de la declaración de RAP-Chile

A cuarenta años de la catástrofe de Bhopal ocurrida, entre el 1 y el 3 de diciembre de 1984 en la región de Bhopal (Madhya Pradesh) en la India, al producirse una fuga al aire libre de miles de toneladas de isocianato de metilo -un compuesto orgánico utilizado para la producción de plaguicidas-, en una fábrica de plaguicidas propiedad en un 51 % de la compañía estadounidense Union Carbide.  De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, publicado previo al aniversario de los peores desastres industriales del mundo, en esos días 10.000 personas murieron en forma inmediata, también seres vivos, entre ellos ganado y animales domésticos. Posteriormente murieron más de 22.000 personas y más de 500.000 de múltiples generaciones siguen sufriendo los efectos de la nube tóxica que abarcó varias áreas pobladas.  El 6 de febrero de 2001 Union Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. Hasta hoy Dow sigue eludiendo sus responsabilidades en este desastre y en materia de derechos humanos.

Desde la Red de Acción en Plaguicidas, RAP-AL, conmemoramos esta fecha para evitar intoxicaciones agudas y crónicas, daños a la biodiversidad y nuevos “Bhopales” en cada territorio y comunidad en la cual se fabrican, distribuyen, comercializan y aplican plaguicidas o se desechan sus envases.

Situación en Chile: intoxicaciones y contaminación de aguas por plaguicidas

De acuerdo con el último informe publicado por el Ministerio de Salud, durante el año 2023 se notificaron a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas, REVEP, 724 casos sospechosos de Intoxicación Aguda por Plaguicidas (IAP), sin embargo, después de la validación y el análisis nacional y regional de notificaciones, el total de casos confirmados fueron 654 intoxicaciones agudas por plaguicidas, que incluye casos de todas las edades y tipos de intoxicación.  De ellos, hay 8 muertes, 5 de causa voluntaria y 3 accidentales no laborales. La presentación de las IAP en Chile es estacional, concentrándose de septiembre a marzo que es el período de mayor utilización de plaguicidas en el sector agrícola.

Deriva de los plaguicidas: los escolares e infantes los más afectados

 Durante el año 2023 más de la mitad de las IAP fueron 38 casos en brotes (2 o más casos similares), que se concentraron en las regiones de O’Higgins, Maule y Metropolitana. El 65,9% del total de las IAP en brotes se presentaron en establecimientos educacionales incluyendo jardines infantiles. Según el informe del Ministerio de Salud, “En los brotes accidentales no laborales, que se presentan frecuentemente en lugares de enseñanza y en jardines infantiles, dentro de los mecanismos que los han producido se encuentra la deriva de la nube de plaguicidas desde predios agrícolas donde se aplica plaguicidas hacia el establecimiento, por la cercanía entre ellos y la falta de barreras. Otro de los mecanismos ha sido la aplicación de plaguicidas en estos centros, sin respetar las medidas de reentrada al lugar donde se aplicó y tampoco la ventilación requerida, a ello se suma, en el caso de los rodenticidas, su colocación al alcance de los niños”.

Principales plaguicidas altamente peligrosos involucrados en IAP en 2023

Cipermetrina, 101 casos de intoxicaciones agudas, IAP, 15,4 %; alfa cipermetrina, 68 casos, un 10,4 %; lambacihalotrina, 64 casos, 9,8  %; cipermetrina y tetrazina, 61 casos, un 9,3%; clorpirifós, 21 casos, un 3.2 %; glifosato, 17 casos, un 2,6 %; paraquat, 14 casos, un 2,1%; diuron, 10 casos, un 1,5 %; diazinon, 10 casos, un 1,5%; brodifacoun, 10 casos, un 1,5 %; bromadiolona, 10 casos, un 1,5 %; desconocido, 52 casos, un 8 %.

De acuerdo a criterios internacionales, consignados por la Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos de PAN Internacional,  la cipermetrina, alfa cipermetrina y lamdacihalotrina deben considerarse como plaguicidas altamente peligrosos ( PAP o HHP por sus siglas en inglés),  por sus efectos agudos, crónicos y ambientales, sin embargo, en el país, que para su clasificación toxicológica solo considera el efecto agudo, estos tres plaguicidas se clasifican como moderadamente peligrosos, con etiqueta amarilla. Además, en caso de intoxicación, no cuentan con un antídoto para su tratamiento médico.

En el país, a pesar del proceso de reforzamiento de la notificación de las IAP en los diferentes niveles de atención y la realización de capacitación de los equipos de REVEP de las SEREMI de Salud del país, persiste una alta subnotificación. Por cada caso notificado se estima que hay 5 no notificados, lo que significa que hay aproximadamente 3.000 casos de intoxicación aguda al año.

Contaminación de aguas con Plaguicidas Altamente peligrosos, PAP

No solo hay en el país personas intoxicadas con diuron;  en 2023 también apareció este plaguicida como contaminante de aguas. En el marco del proyecto de investigación Fondecyt titulado «Agricultura y re-producción de desigualdades socioecológicas en contexto de crisis hídrica: Análisis sobre la expansión agroexportadora en el Valle Central de Chile”, se realizaron en 2024 muestras de agua para analizar la presencia de agroquímicos en algunos ríos de las regiones de Maule y Ñuble. Dichas muestras arrojaron la presencia de diuron y  fosetyl-Al por sobre el límite de detección en los ríos Putagán-Loncomilla (Maule), Ñiquén (Ñuble) y Changaral (solo Fosetyl-Al; Ñuble). Esto enciende las alarmas sobre la contaminación de personas, alimentos y malas prácticas en el uso agrotóxicos que fueron detectados también en estudios e investigaciones anteriores realizados por otros autores.

En Chile hay registrados por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, cerca de 400 principios activos y alrededor de 1.400 marcas comerciales.  De enero a octubre de 2024, hay disponibles para su uso 63.289 toneladas anuales, considerando lo importado, exportado y lo que se fabrica en Chile.  El 12 de diciembre de 2024, los plaguicidas paraquat, clorpirifós y metomil, tendrán cancelados totalmente su uso, exportación, distribución y venta.

 El problema derivado del uso de plaguicidas se relaciona tanto con la cantidad de plaguicidas utilizados como con el tipo de plaguicidas y su efecto socioambiental. Queremos resaltar que en el Convenio de Biodiversidad se incluyeron objetivos que se relacionan con la reducción en el riesgo en el uso de sustancias químicas, incluidos los plaguicidas, y su reemplazo por alternativas ecológicas. A su vez entre los objetivos de la conferencia internacional sobre sustancias químicas (ICCM5) se persigue la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos y su reemplazo por alternativas ecológicas.

Solicitamos a los tomadores de decisión (SAG/ MINAGRI, DGA/ MOP, MINSAL)  que con urgencia eliminen del registro ciertos plaguicidas altamente peligrosos, PAP, se considere en el etiquetado el efecto crónico de los plaguicidas, se establezcan normas  primarias y secundarias de calidad de agua que incluyan a los plaguicidas registrados en el país, especialmente a los PAP, y se dé un fuerte impulso a la agricultura ecológica.

Con ese propósito, seguimos trabajando para lograr juntos un mundo sin plaguicidas y una producción de alimentos sustentable y resiliente basada en el paradigma agroecológico, en el cual se promueva la vida y el buen vivir de todos los seres.

Ministras, ministros de la Corte Suprema; Nuevas abogadas y nuevos abogados; Señoras y señores presentes en esta audiencia

Felicito a quienes por medio de este acto, colmado de tradición y solemnidad, han asumido un compromiso formidable con la República. En ustedes se acaba de depositar, con la fe ciega que la comunidad confía por los designios de la ley, una de las labores más importantes que toda sociedad civilizada encausa hacia aquellas personas en quienes se estima confluyen virtudes que constituyen la razón y el sustento de la función del abogado, como es la colaboración formal y la actitud permanente que hace realidad la materialización de la justicia.

Para llegar hasta acá, no sólo han debido saber sortear con éxito años cruciales de estudio, de aprobación de exámenes, de trabajos de investigación, y una práctica profesional que es una expresión pública de nuestra disponibilidad. En esta larga carrera han debido guardar también un comportamiento acorde con la función de la abogacía que los hace merecedores del título que desde hoy los acompaña, y habrán de saber fortalecer y reforzar en el futuro.

El carácter honorífico de la prerrogativa que se les encomienda, y que les servirá de soporte cuando tengan que luchar por otros a través de la palabra para resguardar serenamente la aplicación del derecho, es también el motivo que permite entender el contenido del juramento que acaban de prestar.

Sabiamente el legislador orgánico lo resume en dos atributos que deben marcar a fuego el horizonte de todas sus acciones. En síntesis, la regla inexorable exige conservar y sostener la honestidad y la lealtad en el ejercicio de la profesión, y las funciones y papeles a que ella da lugar, por encima de cualquier conflicto, situación o tribulación.

Detrás de ambos conceptos subyacen numerosas virtudes que se espera de quienes, a partir de este momento, ejerzan con dignidad este oficio, siendo acreedores de la denominación cualificada de abogado o abogada.

Conforme a lo señalado, no basta la excelencia, la discreción, las buenas maneras, la innovación o la actualización constante de sus conocimientos. Un letrado que se desenvuelve en el foro, en la magistratura o en la asesoría de empresas, no responde íntegramente a ese concepto si es que acaso no concurre en sus actos y en cada encrucijada que se presenta una ética consolidada y perseverante, sin dobleces ante la adversidad. El estorbo o el sacrificio, manifestada en cada una de sus actuaciones cualquiera sean los malabares, sutilezas, luces, sombras, zigzagueos o ambigüedades, de las situaciones que en cada jornada sucesivamente nos aguardan, nos sobrepasan y nos desafían.

En líneas generales, por la ética nos referimos a una disciplina filosófica que se ocupa de estudiar y analizar los conflictos morales y los principios que norman y gobiernan el comportamiento humano, y le dan un sentido, una orientación y un programa a nuestra existencia.

Los rasgos que le definen y la conforman en cada momento, como verdaderos latidos del corazón, son la “costumbre” y el “hábito”, del modo que, como lo plantea Aristóteles en su Ética a Nicómaco, que “las virtudes no se producen ni por naturaleza, ni contra la naturaleza, sino por tener el ser humano la aptitud natural para recibirlas y perfeccionarlas a través de la costumbre”.[1]

Una segunda fuente de significado se refiere al “carácter”, haciendo un puente que enlaza con el concepto de hábito, de modo que se asume que “es a través de la repetición consciente de acciones virtuosas que éstas se vuelven un hábito y así se forma el carácter virtuoso”.[2]

Bajando a un nivel particular, se ha dicho también que la Ética se encuentra íntimamente vinculada con las profesiones y las buenas prácticas que analizan la licitud o ilicitud de las acciones u omisiones que un determinado profesional realiza en el ejercicio de su trabajo, ordenamiento que se denomina Deontología,  que a fin de cuentas,  son prácticas humanas nacidas y organizadas para proporcionar y preservar en un quehacer profesional determinado, un bien específico a la sociedad, de claro contenido moral, pues su fin último sería el logro progresivo de la felicidad humana individual y colectiva.[3]

Siguiendo esta doctrina, serían tres los principios generales que la práctica de profesiones específicas responde a fines y deberes que conforman el cumplimiento ético[4]. Esto son: beneficencia,  autonomía y justicia.

Por la primera –esto es, la beneficencia– entendemos que concurre la ética en un profesional que, por una parte, lleva adelante sus tareas de forma competente, responsable y eficaz, encaminando su trabajo de forma constante hacia el beneficio tanto de los usuarios de su actividad profesional, como el progreso que de su actividad deriva y favorece a la sociedad en su conjunto.[5]

Por el principio de autonomía, se plantea que el objetivo último de toda práctica profesional, no es otro que “la contribución a la autogestión del usuario”, así como “la autonomía cada vez más plena y segura de la sociedad entera como sujeto colectivo”, visión que implica concebir a los usuarios o clientes de los servicios profesionales como sujetos de derecho, dignos y capaces de participar activamente en la toma de decisiones plenamente informadas, que les puedan afectar, para bien o para mal, en el marco de una  asesoría profesional  que se presta de forma madura y equilibrada.[6]

Finalmente, respecto al principio de justicia, en su virtud, en cualquier tipo de prestación de servicios profesionales, “cada uno de las personas involucradas debe cumplir con su deber, esto es, con la tarea que se le ha encomendado, con lo que se espera que haga, sin extralimitarse y sin omitir en su quehacer y en su consejos las circunstancias que puedan comprometer su responsabilidad”.[7]

Todos esos principios que ordenan la profesión, tienen plena vigencia al aterrizarlos al ámbito concreto de desempeño de la abogacía. Sin ir más lejos, el Código de Ética del Colegio de Abogados A.G., desde siempre ha recogido, de manera vigorosa,  reglas de conductas específicas –sobre las que les invito, desde luego, a reflexionar- lo que se espera debe tener un abogado o una abogada en el ejercicio de su ministerio, que por toda síntesis requiere de prudencia, templanza, moderación y coraje ante la adversidad, mostrando siempre madurez y autodominio.

A modo referencial, en su artículo 2° se plantea que las actuaciones que lleve a cabo un abogado no pueden afectar la confianza en las instituciones, sino que, por el contrario, deben ser un aporte a la administración de la justicia y, en definitiva, a la vigencia del Estado de Derecho, lo que reafirma la relevancia pública de nuestra profesión.

A lo largo de dicho cuerpo normativo, se establecen diferentes obligaciones éticas referidas a prevenir conflictos de interés y mantener una lealtad total con su cliente; no prometer resultados procesales específicos, mantener reserva de la información confiada en ustedes, deberes todos  que apuntan a la ética no solo en la relación con sus clientes, sino que, en definitiva, honrar el ejercicio digno  de la  profesión cuya andadura comienzan desde ahora hacia un compromiso ético en armonía con el fin público de la abogacía, comprendiendo que un actuar, sujeto a estos estándares, aumenta la confianza en la justicia y profundiza nuestro Estado de Derecho.

Por lo mismo, finalizo estas palabras, haciendo un llamado a ustedes, nuevos abogados y abogadas, a mantener un actuar que no solo sea ético, sino que incentive y promueva, dentro de la comunidad, un ejercicio de la profesión bajo esos estándares. Ello permitirá honrar con propiedad el título que se les acaba de colacionar y el juramento que acaban de prestar frente a una República siempre expectante y atenta al desempeño íntegro de sus hijos en quienes ha confiado la magna tarea de colaboración directa, formal y permanente con la justicia.

Les reitero mis felicitaciones, las que hago extensivas a sus familiares, amistades y a todos y todas aquellas personas que hicieron posible que sellaran su misión y el compromiso con esta promesa o juramento.

Muchas gracias.

[1] Aristóteles; Ética a Nicómaco, Libro II, página 19.

[2] Ortiz Millán, Gustavo; Sobre la distinción entre ética y moral; Isonomía no.45 México, octubre de 2016. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182016000200113

[3] López Calva, Martín; Ética profesional y complejidad. Los principios y la religación; Perfiles educativos, vol. 35, No. 142, Ciudad de México, sep. 2013. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000400020

[4] Ídem.

[5] Idem.

  Aristóteles; Ética a Nicómaco, Libro II, página 19.

  Ortiz Millán, Gustavo; Sobre la distinción entre ética y moral; Isonomía no.45 México, octubre de 2016. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182016000200113

  López Calva, Martín; Ética profesional y complejidad. Los principios y la religación; Perfiles educativos, vol. 35, No. 142, Ciudad de México, sep. 2013. Disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982013000400020

  Ídem.

  Idem.

[6] Idem.

[7] Idem.

Tras reunirse con el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo y la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, informó que hoy lunes 2 de diciembre el Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de ley de Reparación de la Deuda Histórica.

El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar señaló que “se nos confirmó oficialmente que ingresa el lunes a su tramitación parlamentaria el proyecto de ley de Reparación de la Deuda Histórica y ese día habrá una ceremonia con el Presidente de República en la que firmará el proyecto con lo que comienza su tramitación en el Congreso”.

El líder gremial agregó que “lo que hemos analizado es básicamente la propuesta que se conoció, no hay sorpresas, es lo que se votó en la Consulta, pero, por supuesto eso se va a ratificar el lunes cuando conozcamos el proyecto en su redacción definitiva. Pero lo importante es que podemos ratificar que el proyecto ingresa el lunes a su tramitación en el Parlamento”.

Mario Aguilar explicó que “ahí viene otra etapa, que es asegurar su aprobación. Por supuesto, también vamos a intentar y hacer las gestiones para ver si el proyecto mejora, sabemos que es una cifra modesta y que el plazo de pago no es el que hubiésemos querido, ojalá sea en menos de seis años, eso lo vamos a intentar, pero no podemos asegurar que se consiga, ya que se necesita patrocinio del Gobierno, aunque los parlamentarios presenten indicaciones, pero vamos a hacer el intento”.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores anunció “ahora cada territorio tendrá que trabajar con sus parlamentarios para que este proyecto salga rápido y así poder asegurar que el 2025 nuestros colegas del primer grupo puedan recibir su reparación”.

Se estima que aproximadamente 58 mil docentes recibirán este pago después de 44 años de espera, tras el perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), que fue desconocido por sus nuevos empleadores.

Desde el Palacio de La Moneda se informó que el lunes 2 de diciembre al mediodía en una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric se firmará el proyecto de Reparación de la Deuda Histórica.

La propuesta del Gobierno contempla:

• Universo: Se considerará una reparación para todos las y los docentes afectados vivos.

• Monto de reparación por persona: 4,5 millones de pesos por docente, reajustables por año.

• Plazo de pago: La reparación se pagará en 6 años, desde octubre de 2025 a enero de 2031.

• Forma de pago: El pago será progresivo, comenzando el año 2025 con las personas de mayor edad, avanzando por grupos de manera anual, continuando el criterio de cobertura desde los de mayor a los de menor edad. La entrega de esta reparación a cada grupo será en 2 cuotas iguales, siendo la primera cuota en octubre del año correspondiente a cada grupo, y la segunda cuota en enero del año siguiente.

• Transmisibilidad: El proyecto considera la transmisibilidad, para los casos de las y los beneficiarios que, teniendo la calidad de titulares de la reparación, fallezcan durante el período de pago que les corresponda.

• Incompatibilidad con otras acciones de reparación: La reparación propuesta no se hará extensiva a las personas que ya han recibido un pago asociado a esta afectación, por acción de tribunales nacionales o internacionales, o por alguna otra forma de pago. También será incompatible con otras instancias de reclamación en curso o futuras.

• Identificación de personas beneficiarias: El Ministerio de Educación ya cuenta con un listado de personas que fueron parte del proceso de traspaso de la educación escolar a la administración municipal, donde se encuentra una amplia mayoría de las personas afectadas. El proyecto de ley indicará los requisitos que deben cumplir las personas que no se encuentran en esa nómina, para recibir la reparación.

6.844 familias, a nivel nacional, fueron beneficiadas por la adjudicación del Subsidio a Sectores Medios (DS1). Un beneficio que permite comprar una vivienda nueva o usada o construir en sitio propio, en sectores urbanos o rurales.

Fueron cerca de cuatro mil personas las que llegaron hasta el Parque O’Higgins en la región Metropolitana para recibir su beneficio, una jornada que estuvo encabezada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta; el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán; la seremi Minvu, Carolina Casanova; y el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta.

El secretario de Estado aseguró que «este es el subsidio más grande que entrega el Estado. El subsidio a la vivienda, en el tramo uno, va a recibir $22.918.000. El segundo tramo es entre nueve millones y medio y 21 millones, aproximadamente. Y en el tramo mayor entre nueve y 15 millones. Esto yo creo que hay que valorarlo, porque es algo que existe en Chile, ya desde hace años que ha venido desarrollándose, ampliándose, cambiando, buscando responder mejor a la necesidad de las familias».

El ministro Montes recalcó que actualmente hay un alto número de viviendas que no ha podido ser vendidas, por lo que «a estos subsidios le estamos agregando beneficios especiales para que este conjunto de viviendas que están disponible se compren, porque hay un stock que no se ha logrado vender, porque las familias han tenido distintas dificultades y para que las empresas puedan producir más hay que vender el stock que existe».

El titular del Minvu recalcó este hecho señalando que «el sector público viene creciendo sobre el 9% en su inversión, mientras que el privado está disminuyendo en 6%. Entonces como saldo el sector crece gracias al esfuerzo del sector público», asegurando que «esto no es una competencia, al contrario, a nosotros nos interesaría que el sector privado produzca más».

Por su parte, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, destacó que «este subsidio se complementa con una medida de reactivación impulsada por el Gobierno, que va a permitir que estas familias de sectores medios, también puedan aplicar en nuestra plataforma www.minvu.cl, donde ya tenemos más de 3.900 viviendas publicadas, que son unidades que no se han podido vender y, por lo tanto, se premia el ahorro de las familias, que adicionalmente al DS1 tradicional, sí tienen más ahorro en los tramos dos y tres, pueden optar por 100 UF adicionales y ampliar el monto de la vivienda que puedan adquirir».

En tanto, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que esta entrega «va en línea con el compromiso del Gobierno del Presidente Boric, en orden a que, en el caso particular de la Región Metropolitana, trabajemos activamente para una región más justa, más integrada y más segura. Y aquí estamos, en presencia de una política que entrega justicia social, equidad, oportunidades a las familias. En un contexto, además, también de integración, porque se va a poder materializar los subsidios de estas viviendas en sectores que efectivamente cuentan con servicios, accesibilidad, etcétera, que mejoran sus condiciones de vida».

MEJORAS AL SUBSIDIO PARA SECTORES MEDIOS Y APOYO AL SECTOR INMOBILIARIO (DS15)

El Gobierno impulsó una serie de medidas transitorias para apoyar tanto a las familias de sectores de ingresos medios en la compra de viviendas nuevas terminadas, como a las empresas del sector inmobiliario para reducir el stock de unidades disponibles que no han podido ser vendidas.

✓ Medidas orientadas a familias beneficiarias del DS1 modalidad individual para adquisición de vivienda en sus tramos 2 y 3.

✓ Los recursos permitirán beneficiar a un máximo de cinco mil familias.

✓ Plazo para acogerse a las mejoras al DS1: 31 de diciembre de 2025.

Resumen de las medidas:

1. Aumento del valor máximo de la vivienda de 2.200 a 3 mil UF para ampliar la oferta de viviendas disponibles.

2. Incremento del monto del subsidio en 150 UF. Familias deben acreditar un ahorro mínimo de 80 UF para el tramo 2 y 160 UF para el tramo 3 en la misma cuenta de ahorro para la vivienda o como aporte adicional en la escritura.

3. Subsidio adicional de 100 UF para familias que apliquen sus subsidios DS1 en proyectos de Integración Social y Territorial (DS19) seleccionados por el programa y que cuenten con recepción municipal total de las viviendas al 31 de marzo de 2024. Requiere un ahorro adicional de 50 UF.

4. Portal oferta inmobiliaria Minvu:

✔️  Mejoras se aplican automáticamente al adquirir con sus subsidios alguna de las viviendas disponibles en esta plataforma. Disponible en consultaofertainmobiliaria.minvu.cl

✔️ Actualmente hay 3.529 viviendas ofertadas en 188 proyectos a lo largo del país.

✔️ Ya van 180 viviendas reservadas de familias con subsidio a nivel nacional.

✔️ Empresas inmobiliarias ingresan su stock de viviendas para que las familias conozcan: disponibilidad, ubicación, características como superficie, número de recintos, entre otros.

✔️ Plazo para que entidades inmobiliarias ingresen su oferta: 31 de diciembre de 2024.

5. Extensión del subsidio de Pago Oportuno del Minvu: amplía el subsidio para créditos hipotecarios de hasta 1.600 UF (superior al monto actual que alcanza 1.200 UF), rebajando un 10% del dividendo pagado puntualmente. La medida regirá los primeros cinco años de vigencia de ese crédito.

Toma de San Antonio

Al ser consultado por la extensión del plazo que dio la Corte de Apelaciones de dos meses para el desalojo de la Toma de San Antonio, el ministro Montes aseguró que «nosotros hemos estado en un trabajo constante, tenemos un equipo del ministerio, de abogados y técnicos, que están trabajando con los representantes de los dueños. Hemos tenido varias reuniones, todavía no hemos llegado a un acuerdo, para darnos un tiempo, para poder construir un sistema que permita que las familias accedan a la vivienda».

El titular del Minvu recalcó que «nosotros hemos propuesto que sean cooperativas, que las familias conformen cooperativas, puedan ahorrar y comprar el terreno. Ya hay 60 grupos que quieren hacerlo. Nosotros estamos buscando una solución que compatibilice las necesidades de las familias, también con la presión de los dueños de acuerdo con las normas».

La iniciativa, ingresada por la diputada María Candelaria Acevedo busca modificar la llamada Ley Cholito, prohibiendo a quienes estén en el registro adquirir o adoptar animales, así como de ejercer cualquier tipo de empleo, profesión u oficio vinculado al cuidado de animales.

La diputada María Candelaria Acevedo en compañía de la ONG Alimentando Perritos Hualpén, presentó el proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Maltratadores de Animales.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se cuentan la prohibición de adquirir o adoptar animales, así como de ejercer cualquier tipo de empleo, profesión u oficio vinculado al cuidado de animales, así como también la obligatoriedad para quienes comercialicen mascotas u organizaciones relacionadas con animales, consulten este Registro, negándose a vender o transferir la propiedad de un animal a cualquier persona que esté incluida dentro del mismo.

La legisladora, autora de la moción parlamentaria explicó que esta modificación a la llamada Ley Cholito aplicaría para “cualquiera sea la situación en la cual tenga que ver este maltrato. Ya sea por no haber cumplido con las necesidades fundamentales del animal que tienes a tu cargo, en el sentido de la zoofilia; en el sentido de tirar los animales a la calle;etcétera. Todo lo que tenga que ver con el maltrato de animales”, registro que debería ser consultado por cualquier entidad que vaya a entregar la tuición de una mascota a un tercero, puntualizó.

Para Bastián Monasterio, presidente de la ONG Alimentando Perritos Hualpén, “puede ser útil la idea de que todo lo que sume para poder concientizar y poder educar a las personas, concientizar de que el maltrato hacia un ser sintiente va más allá de algo que pueda ser visto menos profundo”.

Agregó que “si esto impulsa y lo que sucedió con la perrita pastora, como una especie de chico expiatorio para que se puedan tomar medidas desde allá, abogamos a eso en realidad, para que se pueda dar el espacio a los animales también, el respeto y la dignidad que merecen”.

Recordemos que la ONG Alimentando Perritos Hualpén, ingresó el pasado 26 de noviembre una denuncia en la Fiscalía de Talcahuano contra un sujeto de Hualpén acusado de maltrato animal con agravante de zoofilia.

Por esta razón la diputada Acevedo sostuvo que un segundo punto que busca con el Registro Nacional de Maltratadores de Mascotas es que aumenten las denuncias por estos delitos, pero que también el Ministerio Público entregue sentencia de las mismas, ya que a junio de este año, sólo el 1% de las denuncias por maltrato animal había terminado en condena. 33 sentencias condenatorias por abandono o maltrato animal registradas por el Ministerio Público, de un total de 3.032 denuncias de este tipo.