Comienza una semana y pocos saben qué vendrá con ella. Por de pronto, sigue inclaudicable hasta ahora la decisión de acusar constitucionalmente al menos a una ministra de la Corte Suprema, con ojos y oídos prestos para enfrentar nuevas revelaciones del abogado de Luis Hermosilla en torno al caso más escandaloso de corrupción de los últimos años
Las nubes que oscurecen el escenario político del país no se han desvanecidos en estos días de celebración de Fiestas Patrias. Parece un cuento de nunca acabar al que se le suman personajes y capítulos nuevos casi a diario. Muy por el contrario. El panorama se ha oscurecido aún más y aunque los involucrados en el mayor escándalo político y judicial de los últimos años, que tiene en el centro a un conocido abogado –Luis Hermosilla- que fungió como asesor principal del Ministerio del Interior en tiempos de Sebastián Piñera, están hoy en la cárcel, no hay respiro para los principales involucrados que están principalmente en la derecha del espectro político del país y que temen aparecer en cualquier momento mencionado en alguno de los enjuagues de Hermosilla y sus redes.
No por nada Hermosilla fue acusado de estar involucrado en una serie de redes de tráfico de influencias al interior del Poder Judicial, repercutiendo en el Poder Legislativo, aumentando a niveles de gravedad insospechada la desconfianza de chilenos y chilenas en el sistema de nombramiento de jueces y magistrados y en las acciones de políticos y autoridades del país. Las acusaciónes son serias. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el abogado, imputado como presunto autor de soborno reiterado, lavado de activos y delitos tributarios. Una reforma judicial que no sólo aborde un cambio del sistema de nombramiento de jueces aparece hoy como un imperativo de primer orden.
El caso en cuestión arrastró –por ahora- a la ministra de la Corte Suprema, y sus pares Matus y Muñoz, (aunque por distintas razones, menos graves que las de la magistrada). Se estremecieron los tribunales, las oficinas del Colegio de Abogados, que durante nueve meses no dijo una palabra sobre el caso según denunció el ex Fiscal Gajardo, las sedes de los parlamentarios y hasta La Moneda. Tan grave es que el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, informó la apertura de un cuaderno de remoción contra la jueza y la suspensión inmediata de su cargo, tras conocerse sus chats con el abogado Hermosilla. Peor aún. A las seis investigaciones de irregularidades que el máximo tribunal decidió indagar cometidas por Vivanco, se le sumó ahora una séptima, cuál de todas más grave y que darán que hablar. Entre ellas el caso Cascadas, que le costó al Fisco 61.536 millones 160 mil pesos.
La mejor defensa es el ataque
La magistrada Vivanco, lejos de amilanarse ha reaccionado no sin furia, a las consecuencias que le ha traído su “amigable” relación con Hermosilla. No sólo es un hecho que enfrentará una acusación constitucional, sino además ha vivido en carne propia el allanamiento –dos veces- de su hogar, buscando teléfonos y computadores y la suspensión de su derecho a entrar a su oficina en la Universidad Católica donde imparte o impartía clases. Es que el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UC) tomó la decisión de suspender a la jueza de sus labores docentes, lo que significará la apertura de un sumario en su contra.
Ella, a través de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, anunció que recurrirá a todos los instrumentos a su alcance para defenderse de acusaciones que a su juicio, son infundadas. Pero, ahí están las grabaciones de diálogos entre ella y Hermosilla, reveladoras de sus manipulaciones en el Poder Judicial para instalar o sacar magistrados en acuerdo con el abogado en cuestión.
¿Lo peor?, la duda instalada en la propia Corte Suprema respecto a las decisiones de la magistrada en otras causas. No pocos abogados que hayan resultado perdedores en causas en que haya participado Ángela Vivanco deben estar repasando la acción de la magistrada. No sólo porque –según expertos- la falta de imparcialidad afecta la certeza jurídica, sino además la probidad e imparcialidad de los jueces, un valor que debe ser señero en los tribunales.
La intranquilidad frente a la gravedad de lo que se ha conocido hasta ahora –aún faltan por conocer miles de conversaciones de Hermosilla y sus “socios”- se ha instalado en los tribunales y sus alrededores. Por ejemplo, ya se conversa sobre el caso de la muñeca Bielorrusa, donde en una de las “curiosidades” de este caso, Codelco perdió más de 20 millones de dólares, merced a un fallo de la Tercera Sala que ella presidía. Demás está imaginarse que necesariamente deberán indagar a todos los miembros de esa Sala para llegar al cómo fue juzgado ese caso. Y otra de las “curiosidades” de esta novela por entrega es el extraño robo que ocurrió el sábado 14 de septiembre en la casa de la fiscal de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lidera otra investigación contra Ángela Vivanco. La Ministra Carolina Toha afirmó que el robo “no debería tener ningún tipo de influencia” en la investigación contra Vivanco “porque toda la información relevante de una investigación está respaldada”.
¿Y Chadwick?
Si hay un político de alguna manera involucrado en el caso Hermosilla, ese es el ex Ministro del Interior del gobierno de Piñera, Andrés Chadwick, quien hasta ahora, salvo dos comunicados generales sobre el caso, ha guardado escrupuloso silencio. No ha existido esquirla que no lo haya tocado en esta bomba de racimo en que se transformó el caso Hermosilla.
Fue necesario que Chadwick rompiera por segunda vez su silencio ante la opinión pública. La primera fue cuando se conocieron las transferencias a su cuenta provenientes de Hermosilla, que aún no tienen una explicación creíble. La segunda fue una información lo ligada directamente a STF Capital, propiedad de los hermanos Sauer. Es que Andrés Chadwick se puso en contacto en abril de 2023 con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para interceder por la empresa que ya era defendida por Hermosilla y Leonarda Villalobos.
Las presiones para que rompa su silencio se sienten urbe et orbi. Es que el temor a ser arrastrados a un mayor desprestigio del que tienen en la derecha está obligando a pasar de una defensa férrea en un principio, a una relativa en la actualidad. La UDI espera que cuando Chadwick sea llamado a declarar como testigo, rompa definitivamente con su amigo Hermosilla, quien –sostienen- se habría aprovechado de su amistad en beneficio personal blufeando respecto a su cercanía con el ex ministro.
El excandidato presidencial, José Antonio Kast, sostuvo hace algunos días que el caso Hermosilla también ha afectado al Gobierno de Sebastián Piñera. “Es evidente que van a ir saliendo situaciones que van a ir involucrando a más personeros del Gobierno de Sebastián Piñera, porque el señor Hermosilla era parte del staff de asesores del ministro Chadwick, y eso es algo que es mejor que más pronto que tarde se dé a conocer a la opinión pública, sino el daño cada vez va a ser mayor para aquellos que tratan de encontrar una respuesta a algo que quizás no tiene respuesta, que es la influencia del señor Hermosilla en lo que fue el Gobierno de Sebastián Piñera”. Por supuesto que para poder decir esto, Kast involucró al actual gobierno para equiparar las culpas. Según el, “hemos visto cómo ( …) algunos ministros que han sido involucrados en el tema de los audios, sea por acciones directas o por dichos que han ido apareciendo en estos audios, como la disputa por el nombramiento de fiscales, que involucra de alguna manera al ministro Elizalde, como la defensa que asumió el señor Hermosilla de la mano derecha del Presidente Boric”.
Y sin dudas, el escándalo está golpeando a la candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei quien se ha escuchado muy poco y se ha limitado a decir que el caso se debe investigar “caiga quien caiga”.
La solución a esta crisis que está poniendo a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país aún no aparece por parte alguna. Chile está transitando por un momento clave no sólo para la justicia. Los límites éticos y la transparencia de las acciones de jueces, políticos, abogados y empresarios hoy están en la mira de una población que sólo entiende que la corrupción penetró todos los niveles de la sociedad. De ahí que la peligrosa frase que más se escucha en barrios, buses y hasta en taxis es: “Que se vayan todos”. Para los expertos, eso es estar a pasos de una crisis política de peores consecuencias.
