En la reciente cuenta pública del Presidente Gabriel Boric Informó de una serie de resultados que su gobierno ha podido impulsar y concretar que benefician a muchos habitantes del país, a pesar de la estrechez del marco ideológico dominante que ha logrado instalar en nuestro país la elite económica y política que impide avanzar en cambios estructurales que tienen el apoyo y reconocimiento de organismos académicos e internacionales como CEPAL, FMI, OCDE, entre otros.

Las bases fundamentales del actual gobierno progresista están relacionadas con el cambio de aquellas condiciones del desarrollo social y económico que originan desigualdad, pobreza, injusticia y una distribución inequitativa de la riqueza. Asimismo, con darle al estado un rol protagónico dotado de una estrategia de desarrollo sostenible que lleve a Chile a los primeros lugares, en especial, en la propiedad y control de la mayor explotación de litio y cobre en el mundo, fundamentalmente, a través de Codelco.

Por otro lado, el gobierno del presidente Boric ha planteado con insistencia que es posible cumplir plenamente con su programa aprobado por la mayoría ciudadana para llegar a la Moneda, en los 4 años de su gobierno, si se dan algunas condiciones mínimas como son contar con un presupuesto fiscal más robusto para enfrentar el gasto público con prioridad en pensiones, seguridad ciudadana, educación y salud, administrando esos recursos, con disciplina y responsabilidad fiscal. Al mismo tiempo, si se consigue consenso para una política económica sostenible con la colaboración activa del sector privado con foco en el crecimiento y la productividad, lo que equivale darle al país más y mejor gobernanza que asegure su estabilidad y progreso.

La primera mitad del período del actual gobierno ha sido de prueba y error para una nueva y joven clase dirigente que junto con haber logrado la integración de las fuerzas políticas progresistas ha podido sobrellevar la obstrucción implacable de una oposición negacionista que no está dispuesta a ceder a ninguno de sus postulados ideológicos de corte neoliberal, menoscabando con ello la magnitud de los esfuerzos e interés de este gobierno por tratar de responder a la demanda social que se arrastra por años.

La presidencia de Boric ha logrado darle gobernabilidad al país, lo que muy probablemente no hubiera sido posible con un eventual gobierno del ultraderechista Kast a la cabeza haciéndose cargo de un país post estallido y post pandemia que, con la inestabilidad social iniciada con el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, hubiera significado más agitación y descontento social. Hoy, Chile goza de estabilidad social y política pese al complejo y conflictivo panorama internacional que ha producido inflación y recesión en muchos países tras las guerras en Ucrania y Gaza y la pandemia Covid-19, como por los efectos del cambio climático y las masivas migraciones.

La oposición se ha negado a legislar en las dos más importantes reformas impulsadas por el gobierno, la reforma tributaria y la reforma de pensiones, cuyos contenidos mejoran la distribución del ingreso, como también permiten financiar los programas sociales y el mejoramiento de las pensiones actuales y futuras. Lo anterior no es un proceso neutro, mientras más resistencia de los más ricos a contribuir a un mejor reparto de la riqueza – al menos, aceptando una mayor carga tributaria – mayor será el apoyo popular que tendrán las políticas económicas que apunten a que el estado incremente su presencia en la economía.

Logros gubernamentales

En el marco de una estrategia de largo plazo el gobierno logró la aprobación del royalty minero que ha permitido incorporar nuevos recursos al fisco y destinar parte de ellos a regiones. Los aportes al fisco de la minería privada alcanzarán un 50% adicional a fines de la década y no pagarán el royalty los pequeños mineros, la minería artesanal y los pirquineros.

En este gobierno, a través de una alianza público-privada, se logró que el Estado de Chile se quede con una participación mayoritaria en la extracción del litio, lo que permitirá operar en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Esto garantiza participar en condiciones competitivas desde ahora en los mercados de la electromovilidad y transformar a Chile en un gran contribuyente para enfrentar el cambio climático y avanzar en la economía verde.

La responsable política fiscal dirigida por el ministro Marcel contribuyó a contener la inflación complementando la política monetaria del Banco Central, haciéndose cargo de una compleja situación de déficit fiscal tras la pandemia y un Producto Interno Bruto (PIB) que venía en descenso al igual que la productividad en la economía, poniéndole freno al descenso del PIB, que pese a todas las demandas sociales existentes, logró contener el gasto fiscal para reducir la inflación, pasando de un gasto de 29,2% el 2021 a 22,1% del PIB en el 2022, con lo cual después de 10 años, se logra llegar a un superávit fiscal de un 1,1% del PIB en el año 2022.

Una de las pocas voces que serenamente no vaticinó un retroceso económico, como muchos opositores al gobierno lo hicieron que pronosticaron un desastre en la economía, fue el ministro de Hacienda del gobierno. Con claridad y riguroso manejo técnico de las cifras siempre dio certezas de que la economía tendría un mejor desempeño a fines de año 2023 y en el año 2024 veríamos un crecimiento acercándose al 3% de crecimiento del PIB y una inflación, probablemente, inferior a un 4%.

El gobierno del presidente Boric además de sortear con éxito desafíos macroeconómicos de alta complejidad, logró rebajar a 40 horas semanales la jornada laboral en forma gradual, lo que se completará en mayo de 2028. Además, cumplió con su compromiso de campaña de aumentar el salario mínimo a $500.000 pesos chilenos (US$625) de aquí al fin de su mandato.

En materia de seguridad social en el año 2023 el promedio de beneficiarios fue de 2.355.528 personas, de las cuales 58% fueron mujeres y el 42% hombres. En esta misma línea, se logra gratuidad total en las atenciones de salud (que incluye urgencias que requieren hospitalización) para aquellas personas que se atienden en los centros del sistema público de Salud (Fonasa), lo que representa casi un 80% de la población. Se puso fin al copago, que obligaba a los usuarios a pagar un porcentaje de las prestaciones lo que beneficia particularmente a las personas que pertenecen a los tramos C y D de Fonasa (alrededor de 5 millones), pues los del tramo A y B (que son los de más bajos ingresos) ya podían recibir atención a costo cero. La administración de Boric también logró implementar otra medida que apunta a aliviar la carga económica de las familias que pertenecen a Fonasa, el aumento de los convenios para rebajar el precio de los medicamentos. Esto permitió aumentar de 2.700 a 6.900 los remedios con descuentos.

Ciertamente, es más larga la lista de resultados exitosos, solo se quiso mostrar que un gobierno progresista de centroizquierda puede cumplir sus promesas. Y si existe una oposición que no sólo esté mostrando la parte vacía del vaso, ni oponiéndose a cumplir con el compromiso de un gobierno democrático elegido por una mayoría, Chile podría ir a mayor velocidad y con más estabilidad social en el desafío de desarrollarse y convertirse en un país líder del crecimiento con equidad, sostenible y en democracia.

A propósito del planteamiento del presidente Boric, en el contexto de la Cuenta Pública, este pasado 2 de junio, en relación a su anuncio de iniciar conversaciones entre empresarios, trabajadores y autoridades de gobierno, para converger al cierre del presente año en un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel, desde la Sofofa, su presidenta, Rosario Navarro, cuestiona desde La Tercera del día siguiente, el planteamiento hecho por Boric porque es “una mirada de hace 100 años”.

La “mirada de hace 100 años”, al contrario de la afirmación que hace la presidenta de la Sofofa, es la mirada que acompaña las relaciones laborales de una serie de países europeos que aprendieron las lecciones de su propia historia y comprendieron que no es posible alcanzar niveles de desarrollo sin distribuir poder al interior de las empresas.

Pero también aprendieron que no es posible crear condiciones duraderas, más equitativas y justas, si no es a partir de construir sociedades más estables y pacificas. Ese es el caso de Alemania, Suecia, Austria, Países Bajos, España, Italia, Noruega, todos ellos muy “démodé” al venir construyendo, desde hace “más de 100 años”, sus relaciones laborales.

En tanto, en Francia y Portugal, la negociación colectiva se realiza tanto a nivel sectorial como a nivel de empresa. Sin embargo, los convenios colectivos sectoriales son muy comunes y juegan un papel importante en la regulación de las condiciones laborales.

A diferencia de los países europeos que han consolidado mayoritariamente la negociación colectiva por rama de la producción, en Estados Unidos se realiza principalmente entre sindicatos y empleadores a nivel de empresa o de unidades específicas dentro de una empresa. Los acuerdos resultantes de estas negociaciones, conocidos como convenios colectivos, solo se aplican, evidentemente, a los trabajadores de esa empresa o unidad.

En su conjunto, estas experiencias han arrojado, en el tiempo, resultados positivos para la producción, para los climas laborales al interior de las empresas y disminución de los indicies de conflictividad social a nivel país. Si esos índices han venido siendo revertidos en el curso de los últimos años, ello no ha sido a causa de los trabajadores y sus organizaciones, sino debido a la ultraderecha de esos países que busca revertir las conquistas y avances alcanzados en décadas pasadas.

Parte de esas politicas, en varios de estos mismos países, forman parte de visiones políticas más comprehensivas y han ido más allá del solo rol del mercado. De hecho, en los países más “anticuados” como Suecia, Noruega y Alemania, la participación de los trabajadores se eleva a los directorios de las empresas. Pero eso ya es de otra galaxia.

Podría ser un simple tema de opción entre un modelo que acepta la negociación colectiva por rama o multinivel, como la mayoría de los modelos europeos, o podría optarse, en su caso, por el más restringido modelo de negociación colectiva que mayoritariamente se utiliza en los EEUU. Pero no es así.

No lo es, porque la opción de la Sofofa, y las demás agrupaciones que congregan a las grandes empresas del país, es al mismo tiempo un modelo de sociedad en la que el trabajador solo es considerado como individuo-consumidor y no como sujeto social.

En el caso de la empresa unitariamente considerada, dicho sujeto reconoce su expresión en la organización sindical, espacio en el que el trabajador y trabajadora  pueden plantearse mejorar sus condiciones laborales, reivindicativas, culturales  y salariales y emparejarlas con otras realidades de un mismo sector productivo o de servicio cuando mediante la negociación colectiva se realiza por rama o multinivel.

Sin embargo, en nuestro caso, bajo el modelo de capitalismo neoliberal, el más agresivo de cuantas formas de capitalismo han existido a lo largo de la historia, la condición de sujeto social le es negada al trabajador del mismo modo como al resto de los integrantes de la sociedad les son negados derechos sociales.

Mientras estos últimos requieren una visión solidaria para su concreción, bajo el credo neoliberal lo que cuenta es la hondura del bolsillo. Por eso también estas organizaciones superpoderosas se oponen a las reformas que introducen alguna forma de solidaridad intergeneracional en materias sensibles como las pensiones y la salud, bienes públicos convertidos  en negocio y lucro privado sin que hasta el presente se haya podido reparar esta distorsión.

Por último, no es tampoco efectivo que conforme avance y se desarrolle la tecnología, su evolución pura y simple  deje atrás las precariedades que el capitalismo neoliberal  expande. Bástenos con observar la irrupción estas últimas dos décadas de la robótica y la automatización de los servicios y procesos productivos,  para comprobar que el reemplazo de trabajadores por máquinas a escala creciente no es absorbido por el mercado. De ello da cuenta la muy elevada economía informal y la proliferación del así llamado capitalismo de plataforma, que lo podemos ver desplegado por las principales calles y avenidas del país con trabajadores desplazándose sin  previsión ni seguridad alguna.

Ello, porque el esquema socio-económico imperante en el país, se encarga de reproducir y eternizar sus formas excluyentes y traslaparlas a otras formas de organización social y productiva, por lo que el avance tecnológico librado al mercado y sin ninguna consideración de su impacto en las variables sociales –rol del Estado y de la política en un sentido más en general–, genera paro forzoso y ahonda las brechas de desigualdad.

En resumidas cuentas, la afirmación de la Sofofa en cuanto a que la mirada presidencial que se propone abrir un ciclo de conversaciones entre la patronal, los sindicatos y el gobierno es “una mirada de hace 100 años”, solo busca deslegitimar el rol de cohesión social  del sindicato al interior de las empresas, siendo la negociación ramal una parte más civilizada de la relación capital-trabajo, que en el caso de nuestro país es groseramente asimétrica.

Federico Arenas Vásquez

Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención Geografía, Universidad de Ginebra, Suiza. Geógrafo por la PUC de Chile. Premio Nacional de Geografía 2022, otorgado por la SOCHIGEO. Académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

José Orellana Yáñez

Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Integrante del Centro de Desarrollo Comunal Padre Hurtado. 

Geografía, γεωγραφία (geōgraphía), noble ciencia que ha trascendido en el tiempo y el espacio, no sólo por su pertinencia analítica, sino que también por su influencia en la realidad cotidiana de la sociedad y de sus individuos. La relación entre las “sociedades y sus entornos, los entornos y sus sociedades”, como se sabe, permite la producción y reproducción de espacios o territorios develando la carga ideológica, hegemónica y los intereses que recorren la superficie terrestre, permitiendo llenar de sentido la simple pero pertinente definición de diccionarios, esto es, geografía, la ciencia que describe la tierra. Esta definición, claro está, es pertinente cuando se le entiende bajo la NO neutralidad analítica, de lo contrario… podría ser vacía y despolitizada.

Su objeto de estudio, el espacio geográfico, instalado en el hogar, el barrio, la comuna, la región, Latinoamérica y también a la escala global, en una permanente y constante inter-escalaridad que, en la combinación con una globalización económico-financiera y un cambio climático, mediado por corrientes migratorias globales, conflictos armados internacionales de nueva generación (implicando intensa entropía en el sistema internacional), precisan de más y mejor geografía, más y mejores análisis de las relaciones espaciales de poder.

El espacio geográfico, en cuanto dato político comporta otras dimensiones de análisis, ya que es económico, social, cultural, entre otras, por lo que es de suma importancia analizarlo desde diferentes coordenadas latitudinales y longitudinales, en el entendido que esa localización material, obliga a hacernos cargo de la comprensión del mismo,proyectado hacia el mundo. En el caso chileno, las geografías académicas son estratégicas desde cualquier localización geográfica donde se les cultive.

Desde el punto de vista teórico como empírico, las geografías académicas, dados los corsés institucionales-financieros en los que se despliegan, podría afirmarse, se encuentran en riesgo constante… se aperturan, desarrollan, complejizan, sobreviven o mueren si es que logran o no, el umbral de matrículas año a año, con niveles de retención suficientes año a año, proyectos de investigación obtenidos año a año, extensión académica y vinculación con el medio año a año, entre otros indicadores. Esta base de realidad ingrata en la que operan las geografías académicas del país, da cuenta, además, de un modo de entender y operativizarlos proyectos universitarios en general (públicos y privados), donde las variables de ajustes terminan siendo aquellos proyectos académicos que no logran superar los umbrales de sostenibilidad económica particular que tributan a la sostenibilidad institucional general.

En ese marco, no han sido pocas las unidades académicas en nuestro país, que han visto el ocaso por las razones antes dichas u otras, como la falta de visión de los controladores generales de las Universidades, en sus diferenciadas formas de gobierno universitario formalizadas en la ley que las rige o, en otros tiempos, argumentando el peligro que representaríamos quienes profesamos y enseñamos geografía. Y a pesar de esto, la geografía, como solía decir uno de nuestros profesores, ha sobrevivido más de veinte siglos.

Es casi una ironía que, cuando se intensifican las necesidades por entender las dinámicas naturales en su relación con las sociedades humanas, en un marco de cambio climático, o bien, cuando se precisa de más y mejor ordenamiento espacial por medio de los instrumentos de planificación territorial o, cuando se precisan más y mejores interpretaciones sobre las cuestiones referidas al ejercicio del poder político en sus diferentes fases, como son las relaciones internacionales, el funcionamiento de los gobiernos subnacionales en sus inter-escalaridades, con procesos de descentralización mediante (sobre todo para el caso de Chile, también denominado la búsqueda del federalismo perdido, en el caso de ese tipo de estructuras), o cuando se necesita comprender críticamente el comportamiento del modelo económico actual en la generación de brechas y disparidades socio-espaciales, además de económicas, rururbanas, interregionales, etc. o, cuando se precisa de conocer e interpretar la acción y reacción de los movimientos sociales en un contexto de Geografía de la Multitud, se conozca que una de las geografías académicas del Sur de Chile, la más austral, no abrirá sus puertas a una nueva generación de estudiantes, y no por decisión propia. Ya nos duele, tan tempranamente, el año 2025.

La comunidad geográfica específica, pero más allá de ella, la comunidad de las ciencias sociales y de las ciencias en general, con la aplicación de criterios como los que se han conocido, estaría frente a una merma significativa en cuanto a la posibilidad de seguir contribuyendo al mejoramiento de nuestros espacios y a la calidad de vidas de sus comunidades, y por qué no decirlo, al avance respecto del conocimiento en beneficio de Chile y el mundo.

Este no es un problema de un grupo de académicos y académicas que, habiéndose esmerado en contribuir en la formación de especialistas y en la generación de información científica para mejorar nuestras respuestas frente a los desafíos que tenemos como país, sino que es un retroceso en una universidad que tiene una historia de contribución al desarrollo de la geografía y las geociencias en Chile y que cobijó en sus instalaciones a destacados científicos, como Golfgang Weichet, cuyos aportes son imperecederos.

Es de esperar, porque somos optimistas, que la Universidad Austral de Chile haga todos los esfuerzos necesarios por la reapertura de matrícula 2025, en la Carrera de Geografía y esto, en razón de un hecho indiscutible, la formación de profesionales en nuestra disciplina es estratégica.

La geografía importa, por su pertinencia y también por su nobleza.