No obstante que el proyecto de reforma al régimen político haya sido pospuesto, y la implacable contingencia rápidamente lo haya desplazado de la retina pública, el dato de realidad continua inalterable.

De ello da cuenta, entre varios otros antecedentes similares, la Encuesta Bicentenario 2023 de la UC acerca de la confianza ciudadana respecto al Parlamento y los partidos políticos, ambos en un 1%, lo que tendría que ser motivo suficiente para concluir que el régimen político chileno requiere reformarse y en un sentido lo más amplio que sea posible.

Sin embargo, una vez que la iniciativa empezó a ganar notoriedad, el debate político rápidamente se centró en un componente del sistema: el electoral. Así, la propuesta quedó limitada a establecer un umbral del 5% para los partidos políticos, un umbral mínimo para la elección de parlamentarios, ciertas medidas antidíscolos y otras de carácter administrativo que refieren a la burocracia parlamentaria.

Al margen quedaron del incipiente debate componentes fundamentales del sistema político tales como su financiamiento, equilibrio de poderes entre los órganos del Estado, fiscalización de los entes de control, entre otros, por lo que una reforma limitada solo a los umbrales, dificilmente podrá resolver el problema de gobernabilidad que se viene arrastrando hará ya unos 10 años, sin que hasta el momento haya habido alguna mejora sustantiva en el entramado intrapoderes del Estado, destacando el de la relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ausente quedó también alguna forma complementaria de participación ciudadana a los procesos electorales en los distintos niveles y subniveles del Estado, elemento central si es que una reforma del sistema político se propone abordar la abismante distancia que existe entre parte importante de la sociedad y la política institucional. En un sentido parecido, una reforma al régimen político tendría que abordar la participación de las regiones y comunas respecto del nivel central del Estado en materia de recursos que les permitan mayor autonomía en la toma de decisiones.

Con respecto a la gobernabilidad, de ello da cuenta el bloqueo permanente y sistemático a los proyectos de ley que el gobierno del presidente Boric ha enviado al Congreso este último tiempo, recibiendo sendos portazos por parte de las bancadas de derecha y en varios episodios la negativa a discutirlos, algo bien paradójico porque deliberar está en la esencia del rol por el que los incumbentes reciben una suculenta paga.

A propósito de lo anterior, y percibiendo su intención por superar una forma tendenciosa de hacer oposición, ha sido el propio presidente de la República quien, en diversas ocasiones, se ha autocriticado respecto a su rol como exparlamentario. Esto, sin embargo, y a pesar de contradecir algunas de sus posiciones pasadas, de poco ha servido para que la contraparte del gobierno se allane a llegar a acuerdos, negociar en los términos que al país le sirve, o sea, ir más allá de los intereses propios.

Así, nos encontramos ante un sistema político que gira sobre sí mismo, autorreferido, desconectado de la realidad social, incapaz de generar aprendizajes, siendo quizá el más importante luego de los dolores que mostró la revuelta social de octubre de 2019, su incapacidad por contribuir a generar un proyecto político país que deje atrás los abusos y ponga coto a las desigualdades obscenas para un país en condiciones de superarlas.

Y como si de abusos se tratara, a la colusión de las farmacias, supermercados y pollos, el papel higiénico, los pañales, que atizaron el malestar social hasta converger en la revuelta, ahora se agrega el de los gases industriales, todos ellos producto de la hiperconcentración de la actividad económica y al control que ejercen sobre ella los grandes empresarios y poderes transnacionales, que se llevan por delante el libre mercado, pisotean una y otra vez a los consumidores y dejan en evidencia que el actual entramado jurídico y político sobre el que se sustenta el régimen económico-social de capitalismo extremo, no tiene ningún interés en terminar con los abusos. Si lo hubiera tenido tendría que haber provisto la legislación adecuada y los instrumentos para conseguir frenar este flagelo.

Pero como la política no es neutra, a los sectores atados a los grandes poderes económicos, las Isapres y las AFP, les resulta del todo coherente un sistema político elitizado, cerrado y ajeno lo máximo que sea posible a la interacción social y de cualquier control efectivo. De ese modo consigue reproducirse y cautelar sus intereses por encima de aquellos del país.

Por ello, no es banal el debate acerca del tipo de reforma política que Chile necesita. Doblemente importante resulta lo anterior al considerar que la política institucional sigue al debe en su rol principal cuál es mejorar la vida y dibujar un país en el que quepamos todos. Y si bien como en cualquier otro ámbito esta reforma contiene asuntos técnicos, necesarios para la debida interrelación de las partes, su importancia es primeramente social y política. De la política depende finalmente la posibilidad de transformar positivamente las condiciones de vida de millones de compatriotas.

Por todo ello, el cambio al régimen político que Chile requiere tendrá que ser concebido como un sistema que habilite el libre juego de ideas, visiones de sociedad y mundo en el que se representen y expresen todas las miradas de país y todas sus realidades territoriales.

En consecuencia, necesario será evitar ser arrastrados a una solución del tipo binominal recauchada, a veces elegantemente presentada como 2.0, que aparenta ser un término del pasado. En la realidad no lo es tanto si consideramos que sigue habiendo distritos y circunscripciones que eligen pocos representantes en relación a su población, siendo la RM de Santiago un caso de desigualdad electoral extrema.

Por su parte, el nivel central del Estado sigue gozando de hipercentralismo que le impide a las regiones y comunas ganar en autonomía para abordar eficientemente sus problemáticas, mientras que la democracia se limita a su forma política y no se expande a su dimensión social y económica.

Por consiguiente, limitar la reforma al sistema político solo a su dimensión electoral, desconectado de la realidad del país, sus desafíos presentes y futuros, le resta legitimidad democrática a una reforma necesaria.

Recientemente se presentó el Plan Nacional Docente en el Mineduc es una buena noticia, porque reconoce los nudos críticos que muestra la implementación de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, promulgada hace ya 8 años, y porque plantea un plan específico para hacerse cargo de las debilidades identificadas. Parece destacable que uno de sus ejes sea el bienestar docente, pues constituye un eje de impacto profundo en la salud de las y los docentes y sus comunidades, dimensión que fue soslayada en la ley y requería abordaje urgente y específico. Asimismo, es de especial relevancia y urgencia la propuesta respecto del fortalecimiento de los procesos de inducción, que constituyen un foco de profunda debilidad en la implementación de la ley, una deuda clave considerando que fue planteado como derecho, pero a la fecha un derecho al que solo ha logrado acceder el 1% de los profesores que se inician.

También es especialmente relevante la propuesta de velar por el fortalecimiento permanente y pertinente de las capacidades de las y los docentes en ejercicio, cuyo eje de pertinencia ha sido una particular debilidad en la implementación de la ley. Sin embargo, respecto del eje de formación inicial, parece insuficiente un sistema nacional de postulación a cupos docentes en establecimientos y mejorar los mecanismos de atracción de postulantes y talentos para responder a la necesidad de distribución equitativa de docentes. Este problema requiere una mirada diversificada y territorial para ajustarse apropiadamente a las particularidades de la formación en regiones extremas, cuestión que no pasa sólo por los procesos de inserción laboral, sino necesariamente por la forma en que se constituye la oferta y los procesos formativos. Este es otro aspecto que no toca la ley, y que no ha formado parte de las discusiones, la regulación de una oferta formativa planificada, ajustada a las necesidades de los territorios, cuestión que tensiona el corazón de la autonomía universitaria estructural del sistema.

En esta misma dimensión de formación inicial, un aspecto particularmente preocupante del Plan Nacional Docente tiene que ver con la opción de fortalecimiento de las pedagogías a través del resguardo del mejor uso de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Esta opción parece incongruente con la investigación que hemos desarrollado en este sentido, y con las conclusiones que emite el propio PNUD respecto de este punto en su informe en torno a la evaluación de la ley. La END es una política que ha sido amplia y legítimamente cuestionada en su capacidad para entregar resultados que sean susceptibles de ser utilizados para la mejora, no hay claridad acerca de cómo se mide y qué significan sus resultados, sin embargo, crecientemente estos resultados van teniendo implicancias en los procesos de acreditación y los programas formativos se ven obligados a tomar decisiones de cambios sustentados en información que no lo permite. Resulta así extremadamente peligroso conferir a este instrumento unas capacidades de las que carece.

Con todo, el Plan Nacional Docente es una buena noticia, es una buena noticia saber que las y los docentes vuelven a ser puestos al centro de la tarea educativa, que el país releva el tono apropiado para su consideración y que se presenta un horizonte claro que permita en el próximo sexenio entender con claridad cuánto más hemos avanzado, porque es el espíritu de un plan que reconoce las debilidades y se va haciendo cargo de ellas, de la perfectibilidad propia de todo sistema.

Este 2024 se cumplen 20 años desde que comenzó a funcionar la Dirección del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), lo cual buscó dar una respuesta concreta al escándalo de corrupción del caso MOP-GATE y de lo ocurrido con Chiledeportes y Ferrocarriles del Estado, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos (1).

Es así como desde aquel año hasta la fecha, han existido importantes avances en lo que refiere a la profesionalización y transparencia en la elección de altos cargos públicos a nivel central, dentro de importantes servicios a lo largo de todo el país, de nivel jerárquico 1 y 2, en los ámbitos de educación, salud, trabajo, seguridad, economía, cultura, deporte, entre otros.

De ahí que más de 150 mil cargos para directores nacionales y regionales en los últimos 20 años de diferentes servicios a nivel central hayan sido designados considerando la formación, experiencia y mérito para obtener el trabajo (competencias estratégicas. gerenciales, técnicas y personales), y no por confianza política, como pasaba anteriormente a la existencia del SADP.

Dicho esto, sin duda han existido avances y se ha ido en la dirección correcta, más allá de ciertas críticas que se han hecho al sistema (2), como lo es el excesivo cambio de directores al llegar un nuevo gobierno a nivel central y que el presidente tenga la facultad de pedir la renuncia de ellos, así como también que no exista mayor evidencia sobre el impacto del nuevo sistema en la gestión pública.

En consecuencia, sin duda habrá que hacer algunas modificaciones legales para darle mayor continuidad al trabajo de aquellos directores seleccionados, pero al menos hay un piso mínimo de profesionalismo para los procesos de elección a nivel central y en los diferentes ministerios, lo que muestra una preocupación real de parte del Estado por mayor probidad y eficiencia.

No obstante, estos avances a nivel central contrastan con lo que pasa en las municipalidades, en donde no existe nada parecido, a pesar de que la Comisión Engel propuso llevar a Alta Dirección Pública algunos cargos importantes a nivel municipal y del envío de un proyecto del presidente Gabriel Boric al respecto en marzo del 2022 en la misma línea (3), lo que no ha sido considerado por el congreso.

Lo menciono a partir de ciertos casos, como ha pasado con la Municipalidad de Las Condes por ejemplo, atravesada por múltiples escándalos de corrupción, como pasó con el ex Director de Compras, Pedro Carrasco (4), quien estuvo años de años robando el dinero de todas y todos los vecinos de la comuna sin ningún control, mientras alcaldes como Joaquín Lavín y Daniela Peñaloza miraban para otro lado.

Para qué decir de las Corporaciones Municipales, que en el caso de la Corporación Cultural de Las Condes (5), simplemente la transformaron en una caja pagadora de favores políticos y en un lugar para meter gente sin ninguna preparación, sin pasar por ningún concurso público ni nada parecido, lo que es una vergüenza, no solo para las y los vecinos, sino también para quienes hemos trabajado en municipalidades.

Tomando mi propia experiencia como servidor público, luego de haber trabajado en los últimos 6 años en municipalidades como profesional, no solo veo la necesidad de que la Alta Dirección Pública llegue a las municipalidades en algunos altos cargos, sino también en muchos otros cargos intermedios, ya que se ven personas sin la preparación adecuada, y que solo están ahí por contactos políticos, familiares o simplemente por amistad.

Ante lo anterior, vale la pena mencionar el drama de los concursos públicos para los cargos de planta municipal, que muchas veces son solo una pantalla, ya que gran cantidad de ellos son seleccionados solamente por la cercanía al alcalde de turno, y se instalan en las municipalidades para siempre, sin ningún control y sin tener mínimas competencias básicas ni las ganas de trabajar para las y los vecinos.

 En definitiva, es urgente darle mayor transparencia a los concursos públicos, especialmente a nivel municipal, ya que solo genera mayor malestar y distancia de la ciudadanía con las políticas públicas, y solo beneficia a unos pocos inescrupulosos, que denigran al Estado y el trabajo honesto y profesional de muchas y muchos que vemos lo público con responsabilidad y como un ámbito clave para la democracia de un país.

1: https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/01/24/cinco-casos-de-corrupcion-que-mancharon-la-politica-antes-de-penta-en-los-ultimos-15-anos.shtml

2:https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/09/libro_un_estado_para_la_ciudadania_fraile.pdf

3: https://www.doe.cl/alerta/08032022/202203083001

4: https://www.ciperchile.cl/2024/01/07/las-cuentas-del-jefe-de-compras-de-las-condes-autos-de-proveedores-municipales-para-el-y-su-familia-y-108-millones-en-depositos-en-efectivo/

5: https://www.youtube.com/watch?v=OZ3-jZ_ltns