La frontera norte vive una crisis silenciosa y multifacética. No se trata únicamente de la migración desbordada ni de las bandas criminales que cruzan la frontera con una facilidad que alarma; se trata de la fragilidad estructural de una región que continúa siendo “periferia administrativa” para Santiago.
Arica no sólo es la “puerta de entrada”, sino que es un punto de no retorno de miles de inmigrantes; una ruta que comienza en el Darién o en Caracas termina muchas veces en un desierto que no perdona. Familias enteras cruzan a pie el altiplano, desafiando temperaturas bajo cero, con la esperanza de llegar a Chile, ese país que alguna vez se proyectó como refugio y hoy, saturado, apenas logra responder con campamentos improvisados y albergues insuficientes.
La crisis migratoria, lejos de resolverse, se ha institucionalizado. Los pasos no habilitados proliferan, los controles son insuficientes y la coordinación entre las autoridades chilenas, bolivianas y peruanas es mínima ante el desafío.. En este contexto, la frontera se ha vuelto también escenario del crimen organizado, que aprovecha los vacíos de soberanía para traficar drogas, armas y personas.
Lo que antes eran delitos de contrabando menor hoy es una economía paralela de alto riesgo. En los últimos años, la región ha registrado un aumento sostenido de homicidios, secuestros y extorsiones, delitos antes ajenos a su paisaje social. La llegada de bandas internacionales, como el Tren de Aragua y otras organizaciones que operan en la Macrozona Norte, ha tensionado la seguridad y la confianza en las instituciones.
Tanto Carabineros, la PDI y Fiscalía reconocen la magnitud del problema, pero sus capacidades operativas son limitadas; lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas (FF.AA) y sus nuevas funciones: faltan recursos, coordinación y presencia estatal en los sectores rurales y fronterizos. El crimen organizado se mueve con más rapidez que la burocracia.
Economía frágil y desigualdades profundas
A pesar de ser una zona estratégica, la región vive un estancamiento económico estructural. La economía depende del comercio fronterizo, el turismo y la Zona Franca, sectores altamente sensibles a crisis externas. La pandemia lo evidenció con crudeza: cuando se cerró la frontera, la ciudad se paralizó.
La región tiene además una brecha interna profunda: mientras la ciudad de Arica concentra la mayor parte de los servicios, las comunas rurales —Putre, Camarones y General Lagos— sufren el abandono. Las comunidades aymaras, que durante siglos han sostenido la vida en el altiplano, enfrentan la despoblación, la falta de oportunidades y el agotamiento de sus recursos hídricos. ¿Es posible evitar esto? Cada año, más jóvenes aymaras dejan las alturas para instalarse en Arica o en el sur del país. Lo que queda son pueblos semiabandonados, donde la tierra aún se cultiva por costumbre y la lengua ancestral se apaga con los mayores.
¿Cuándo habrá una política de Estado para el norte fronterizo, que combine seguridad, desarrollo y una diplomacia territorial activa, más allá de los prejuicios? No basta con reforzar el control militar ni con endurecer la política migratoria: se requiere una estrategia integral que reconozca la particularidad cultural, geográfica y social de esta región.
A pesar de su relevancia estratégica, la región parece existir en los márgenes del Estado. Las decisiones que afectan su presente y futuro se toman a más de dos mil kilómetros, en Santiago, donde pocas veces se comprende lo que significa vivir entre tres fronteras. La descentralización avanza en el papel, pero no en la práctica.
En el altiplano, el agua es más que un recurso: es parte de la identidad. Sin embargo, el cambio climático, el retroceso de los glaciares y la sobreexplotación de acuíferos amenazan los bofedales y la agricultura tradicional. Los pueblos originarios han denunciado por años que las políticas de desarrollo no consideran su cosmovisión ni sus derechos territoriales.
Arica y Parinacota no sólo son el extremo norte: son la primera línea del país frente a Sudamérica. Aquí se entrelazan la historia del conflicto con Perú, las tensiones con Bolivia y los desafíos de integración regional. El puerto de Arica, los corredores bioceánicos y la ruta hacia La Paz podrían ser ejes de desarrollo compartido, pero requieren voluntad política y visión estratégica.
La región podría ser un laboratorio de cooperación e integración, un nodo del Cono Sur que conecte economías y culturas. Pero hoy, más bien, encarna la paradoja de un país que mira al norte con preocupación, pero no con planificación. Arica y Parinacota son el borde del mapa, pero también el espejo donde se reflejan los dilemas del Chile contemporáneo: desigualdad territorial, desconfianza institucional, migración desbordada y crimen organizado. El desierto no perdona; el abandono, y la frontera no esperan. Mientras el país discute desde el centro, el norte vive en presente continuo su urgencia: ser visto, ser entendido y ser parte de un proyecto nacional que aún no llega hasta allá.
En este escenario emerge la candidatura de Cinthia Vargas Morales (ind-PS), enfermera, comunicadora, madre de dos hijos e hija del dirigente vecinal y actual alcalde de Arica, nacido en 1952 en la oficina salitrera Peñachica, cercana a Pozo Almonte, Orlando Vargas Pizarro (PPD). Criada en la población San José y formada en la educación pública, decidió volver a su tierra para disputar un escaño en el Senado.
—¿Qué la motivó a dar el salto a la política en este momento?
—Son dos razones. Una personal: la salud de mi padre. Y otra colectiva: el abandono de nuestra región. Como enfermera he visto lo que otros no ven: adultos mayores esperando meses por un especialista, niños viajando a Iquique para exámenes básicos, familias que deben migrar por falta de oportunidades. La salud no es un favor, es un derecho. Y debe estar garantizada aquí mismo.
—Usted es hija del actual alcalde de Arica, Orlando Vargas. ¿Cómo influyó crecer en esa familia en su decisión de postular al Senado?
—Nací en la población San José, soy hija de Orlando Vargas y de la educación pública. En mi casa aprendí que la política es servicio para mejorar la vida de la gente. Esa enseñanza, sumada a lo que me ha tocado vivir como madre y enfermera, es lo que me impulsa a dar este paso. No quiero ser parte del club de Santiago, quiero representar a mi gente acá, en la frontera norte de Chile.
Migración y crimen organizado: “El miedo está instalado”
La frontera norte fue portada nacional este año tras el aumento de ingresos irregulares por Chacalluta y Colchane. El propio Fiscal Nacional reconoció que Arica es “puerta de entrada” para carteles transnacionales. Sin embargo, fue también epicentro de un crimen que aún no tiene respuesta: Maximiliana Amaro Mamani, una pobladora aymara, fue brutalmente asesinada a mediados de abril de este año, en su domicilio ubicado en el poblado de Quebe, comuna de Colchane, Región de Tarapacá. Aún se desconoce el paradero del culpable, pero todo apunta a que se trataría de un migrante indocumentado que cruzó la frontera de manera irregular y que llegó hasta el domicilio de la adulta mayor de 85 años para robarle.
—Arica y Parinacota sigue siendo epicentro de la migración irregular y el crimen organizado. ¿Qué ha visto en terreno y cómo debe enfrentarse?
—La migración descontrolada golpeó primero a los barrios más vulnerables. No es sólo un tema de seguridad, también de dignidad humana. Hoy hay niños creciendo en carpas, mujeres sometidas a explotación y barrios saturados. Necesitamos un plan habitacional regional, con viviendas dignas, barrios seguros y acceso a salud. Pero también hay que enfrentar al crimen organizado con firmeza: más policías en terreno, fiscalías especializadas, inteligencia y presencia real del Estado. La gente tiene miedo, y ese miedo hay que enfrentarlo con seguridad, no con discursos.
Sin embargo, mientras en el altiplano crece la desconfianza, el Gobierno promueve la Estrategia Nacional del Litio. Comunidades aymaras de Putre y General Lagos han presentado recursos judiciales para frenar concesiones mineras que, según denuncian, ponen en riesgo sus bofedales y humedales.
—¿Cómo piensa abordar las demandas de los pueblos originarios?
—El litio no puede explotarse a cualquier costo. Sólo si respeta el medioambiente, si incluye a las comunidades aymaras y si genera empleos de calidad para la región. Sin licencia social, no hay proyecto. He recorrido Putre, General Lagos, Camarones. He visto el abandono: niños sin médicos, adultos mayores sin transporte, comunidades defendiendo el agua frente a las empresas. Mi compromiso es que el agua sea primero para las familias y para la agricultura local, no para el lucro. Y que los aymaras tengan voz en todas las decisiones que los afectan.
—Como mujer del norte, ¿qué falta en la agenda feminista nacional?
—Falta hablar de lo que vivimos aquí: seguridad en las calles, acceso real a salud sexual y reproductiva, apoyo a las mujeres que trabajan y además cuidan. La mayoría está en el comercio informal o en labores de cuidado. Yo me comprometo a impulsar pensiones dignas para ellas y abrir una oficina senatorial de mujeres en Arica, donde indígenas, migrantes y trabajadoras tengan voz y no queden al margen.
—El mes pasado, un grupo de víctimas del plomo en Arica protestó frente a La Moneda exigiendo reparación. Más de dos décadas después, aún reclaman que el Estado los dejó solos. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en esa herida?
—El Estado tiene una deuda con Arica. Niños y adultos mayores estuvieron expuestos a la contaminación durante años y aún no hay reparación real. Yo voy a exigir justicia y reparación para esas familias.
“Quiero ser recordada como la senadora que no falló a su gente”
Antes de terminar, Vargas enumera sus prioridades: especialistas permanentes en salud para zonas extremas, refuerzo en seguridad local y una nueva Constitución con autonomía y recursos para las regiones extremas.
—¿Qué le diría a una joven de 18 años que vota por primera vez y está desilusionada de la política?
—Le diría que entiendo su desconfianza, pero que votar es su voz. Es la manera de exigir calles seguras, empleos de calidad y un futuro con oportunidades.
—¿Y cómo quiere que la recuerden en diez años?
—Como la senadora que no falló a su gente. La que luchó por salud digna, seguridad en las calles y desarrollo con empleos de calidad para Arica y Parinacota.
—¿Es posible hacer campaña sin financiamiento de los “poderosos”?
—Si, si se puede. Con los vecinos, con las ferias, con los clubes de adultos mayores. Prefiero deberle mi campaña al pueblo que a los grandes financistas. Esa es mi diferencia con otros candidatos.
