Los días 15 y 16 de septiembre, el Estado de Chile fue examinado en Ginebra, Suiza, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas, presidido por Preeti Saran, de India, e integrado por 18 miembros. La Comisión Ética contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro Ecoceanos y Chile Mejor sin TLC, todos integrantes del Espacio Día a Día por Julia Chuñil, fuimos participantes del proceso tanto en la fase preliminar que incluyó la entrega de informes sombra de la sociedad civil, como en la previa del examen oficial, en dos reuniones virtuales con el Comité. Las respuestas presenciales de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, blindada por representantes y funcionarios de los tres poderes del Estado, eludieron sostenidamente el fondo de las consultas o argumentaron medias verdades. Sobre esa base, estas organizaciones hemos reprobado ese desempeño, calificándolo con nota roja.
Para contrastar las respuestas de Toro con las situaciones a la que se refirieron integrantes de esa instancia de Naciones Unidas, descritas en el informe sombra citado, es posible descargar nuestro informe independiente, en español y en inglés en el siguiente link del Comité CESCR: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCESCR%2FCSS%2FCHL%2F63894&Lang=en
La relatora del Comité CESCR para Chile, Karla Vanessa Lemus, de El Salvador, interrogó inicialmente a la ministra Javiera Toro sobre las desapariciones forzosas actuales de defensores indígenas y ambientales denunciadas. Pero en su respuesta la ministra sólo se refirió a la tarea del Plan Nacional de Búsqueda (de detenidos desaparecidos en dictadura) ignorando por completo los casos ocurridos en democracia. Precisamente el informe independiente de las cinco organizaciones del espacio Día a Día por Julia Chuñil, en manos del comité desde agosto pasado, comenzaba con el caso de la desaparición forzosa de la dirigenta mapuche de la comunidad Putreguel y detalla a continuación la regresión existente en materia de derechos humanos y socioambientales.
La ministra recurrió al senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente del Senado, a las subsecretarías de Derechos Humanos Daniela Quintanilla, y de Salud, Andrea Albagli, al ministro Leopoldo LLanos de la Corte Suprema y Alex Soto, asesor del alto tribunal, y un asesor del ministerio del Trabajo para respaldar sus dichos en diversas materias. El presidente del Senado y los funcionarios consultados hicieron una extensa enumeración de leyes y políticas públicas en las diversas áreas cuestionadas, prometiendo entregar cifras y datos complementarios para una futura respuesta.
Los vicios de la consulta indígena
Las preguntas realizadas por miembros del Comité DESC recogieron denuncias del Espacio Día a Día por Julia Chuñil y de organizaciones de pueblos originarios respecto de los vicios de forma y fondo del sistema de Consulta Indígena vigente en Chile, considerando que los resultados no son vinculantes y sobre las permanentes vulneraciones a los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales. Dado el hecho que, debido a la actual legislación chilena, no se requiere el consentimiento de las comunidades locales para la aprobación de los proyectos extractivistas, la ministra Toro sostuvo que ahora se encuentra en manos de la Contraloría General de la República el dirimir respecto del carácter vinculante o no de las consultas.
La ministra no respondió la pregunta de la relatora Lemus sobre qué reparación o mitigación se haría por la aprobación del proyecto Rucalhue aprobado por el Estado sin cumplir compromisos internacionales suscritos con el pueblo pewenche del Alto BioBío.
Asimismo, Javiera Toro eludió las preguntas del experto Santiago Fiorio, de Paraguay, e integrante del Comité, sobre si hubo consulta indígena en el caso del proyecto de la empresa noruega Statkraft en la región de Los Lagos, así como en otros de significación espiritual para el pueblo mapuche; si existieron personas detenidas en ese proceso y cuál era el paradero actual de ellas. La ministra Toro derivó la respuesta al asesor Alex Soto, el cual solo mencionó un fallo de la Corte Suprema (del año 2022) estableciendo que la consulta indígena debe hacerse aunque la afectación pueda ser potencial.
En su respuesta sobre la consulta relacionada con los impactos en los pueblos originarios y la biodiversidad a consecuencia de los proyectos de explotación del litio en Atacama, la ministra Toro se limitó a mencionar la existencia de la denominada Red de Salares Protegidos, señalando que las consultas indígenas otorgaron su consentimiento al CEOSL (Contrato Especial de Operación de Salares y Litio) firmado entre las empresas estatales Codelco y ENAMI, así como al contrato establecido entre Soquimich y CORFO, dependiente del Ministerio de Economía.
El asesor de la Corte Suprema, Alex Soto, respaldó la afirmación de la ministra sobre el proclamado respeto del Estado de Chile al derecho humano de acceso al agua. Soto ilustró el cumplimiento de este derecho con la entrega que realizan las municipalidades a las comunidades que reciben una ración de agua en camiones aljibes, comentando el fallo de los tribunales que le otorgó a los habitantes de la localidad de Nogales, región de Valparaíso, el derecho a recibir 200 litros de agua por persona.
Transición Energética, agua y zonas de sacrificio
Otros problemas presentados por nuestro informe como organizaciones de la sociedad civil, acogidos por el Comité de la ONU, fueron: La situación de grupos vulnerables como las mujeres rurales de la agricultura familiar campesina y la escasez hídrica; los niños y niñas y las comunidades de pueblos indígenas frente a la actual transición energética y el extractivismo; la crisis hídrica, y la contaminación por sustancias tóxicas en “zonas de sacrificio”, tales como Quintero y Calama.
Frente a las preguntas formuladas por la experta Charafat el Yedri Afailal, de Marruecos, y la relatora Karla Lemus de Vásquez, así como por los expertos Santiago Fiorio, de Paraguay, y Michael Windfuhr, de Alemania, la ministra Javiera Toro se volvió a escudar en fallos ocasionales de la Corte Suprema mencionados por su asesor. Además se refirió a las normas del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), como “garantía de protección ambiental y de las comunidades”, omitiendo que el gobierno impulsa en el Parlamento la modificación de esas normas. A tal proceso legislativo, denominado por el empresariado “proyecto de permisología”, las organizaciones ciudadanas lo calificaron como “motosierra ambiental”, precisamente por facilitar los procesos de aprobación de los megaproyectos de inversión, entregando más garantías a los inversionistas nacionales y transnacionales, en desmedro de las comunidades, sus territorios y bienes comunes.
Interrogada por la relatora sobre la reforma al Código de Aguas y su relación con la privatización de ese bien natural común, la ministra sostuvo que esa reforma dejaba en claro que el agua era un bien de uso público, omitiendo que mantiene la condición de mercancía y que los escasos avances sólo aplican respecto de la concesión de nuevos derechos de agua. La ministra Toro también afirmó que la solución a la crisis hídrica eran las desaladoras, sin explicar la actual carencia de normativas respecto de ellas ni el grave daño ambiental que generan tanto al ambiente costero como a su biodiversidad.
Sobre el impacto de las empresas mineras en la crisis hídrica, la ministra de Desarrollo Social se limitó a repetir el mantra que el Estado va a monitorear las metas de la Política Nacional Minera, enunciado que incluye la participación de las empresas del rubro en la gestión de cuencas y protección de glaciares. Más adelante la funcionaria pública se ufanó de que la Ley de Cambio Climático era la respuesta a las inquietudes planteadas.
Respecto del proyecto Alto Maipo aseguró que se habían hecho algunos ajustes y que Alto Maipo estaba “en pleno funcionamiento”, en circunstancias que el proyecto está paralizado tras el quinto derrumbe de un túnel a fines de 2024 y su marcha se reanudaría en diciembre de 2025 o durante el próximo año.
Interrogada sobre la implementación de conceptos como el de “debida diligencia” y los principios rectores en Derechos Humanos para empresas, Javiera Toro debió reconocer que no existe aún un proyecto de ley respecto de ello, repitiendo de forma insistente que impulsan instancias interministeriales de formación de funcionarios para promover obligaciones como las derivadas de la aprobación del Convenio de Escazú, entre otros.
La consulta de la relatora Karla Lemus apuntó a cómo, en el contexto del prolongado estado de excepción que afecta al territorio mapuche, el Estado chileno asegura el respeto a los derechos de ese pueblo y qué mecanismos de denuncia existen al respecto. Frente a ello, la ministra Toro se escudó en una supuesta criminalidad mapuche para justificar la mantención de la medida. Aseguró que se respetan los derechos humanos, afirmando incluso que el denominado “Acuerdo de Paz” que está en consulta indígena, representa el mejor resguardo de esos derechos, junto al Programa llamado “de Buen Vivir” impulsado en esta militarizada zona rural.
La ministra se cuidó de no mencionar el masivo rechazo al Acuerdo, considerado por las comunidades del pueblo Mapuche como un retroceso del reconocimiento de la deuda histórica del Estado de Chile por la usurpación de tierras.
Los relatores no profundizaron en otros temas que presentamos, como la inacción de la Dirección General de Aguas frente a denuncias de abusos empresariales contra pequeños regantes; las graves consecuencias del modelo forestal; o los devastadores impactos sobre la biodiversidad marina derivados de la acelerada expansión territorial de la megaindustria salmonera en territorios mapuche y en la Patagonia chilena. A ello se suma la marcada precarización laboral y la existencia de subestándares internacionales en materia de seguridad, en una industria que ostenta un triste récord mundial: 82 muertes de trabajadores y trabajadoras -principalmente buzos- en accidentes laborales entre 2013 y 2025.
El Estado chileno reconoció ante el Comité de la ONU que no tiene previsto impulsar la ratificación del protocolo facultativo sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, aduciendo que sí lo ha hecho respecto del protocolo de San Salvador, en el marco de su participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como miembro de la OEA.
Pese a sostener que este último protocolo es vinculante para Chile, la ministra Javiera Toro omitió informar que la misma CIDH debió otorgar medidas cautelares urgentes por la desaparición forzada de la defensora de la naturaleza Julia Chuñil, exigiendo la aceleración de su búsqueda, así como el debido respeto e información a la familia de la dirigenta mapuche.
Las organizaciones firmantes del Informe independiente al Comité DESC continuaremos trabajando por Verdad y Justicia para Julia Chuñil, en estrecho seguimiento del caso, y llevando estas denuncias sobre el riesgo al que están expuestos las y los defensores ambientales e indígenas en todas las instancias existentes a nivel internacional y nacional, en medio de la grave regresión de derechos que los pueblos de Chile están experimentando.
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*La nota de Prensa de ONU en Ginebra sobre el evento, disponible sólo en inglés y francés, se puede ver en: «Expertos del Comité CESCR valoran los esfuerzos de Chile para promover un equilibrio en aspectos relativos al trabajo y formulan preguntas sobre el acceso de pueblos indígenas a la tierra y el acceso al agua potable»
En la web de ONU se accede aL quinto informe periódico de Chile ante CESCR (15 de septiembre) y también la sesión CESCR día 16 de septiembre con la participación del Estado de Chile en la instancia
