Estudiante de Ciencia Política Universidad de CHile
Investigador y Analista Político Fundación Voz Pública
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó decretos que rebajaron la condena de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. Eso equivale a un decreto cada tres días. Uno cada tres días durante seis meses, sin que casi nadie lo supiera, hasta que un medio de investigación lo reveló.
Ese silencio es parte del problema. Según el reportaje de Interferencia, las rebajas se concedieron por vía administrativa, sin que ningún recurso de amparo ni acción judicial las ordenara. No hubo un tribunal que obligara a nadie. Hubo una decisión del Ejecutivo, firmada una y otra vez. Y la ley establece que la responsabilidad final en esta materia es personal del Presidente de la República. No es un trámite que le haya ocurrido al gobierno. Es una firma.
El Ejecutivo se defiende con un argumento jurídico: que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, la restricción legal que excluye estos delitos no puede aplicarse retroactivamente a hechos anteriores a la reforma. Puede que tenga algo de razón técnica. Pero gobernar no es solo cumplir el mínimo legal, es elegir. Un gobierno que se presentó como el de la mano dura y el orden tenía múltiples herramientas para ser restrictivo, para tramitar con lentitud, para exigir el máximo rigor, para rechazar. De hecho, solo una solicitud fue rechazada. Una sola, entre 57.
La Defensoría de la Niñez pidió que se expliquen los fundamentos de un giro en una cartera que históricamente rechazaba estas concesiones en delitos de alta gravedad. Esa es la pregunta que el país merece ver respondida: ¿cuándo y por qué cambió el criterio?
Como si no bastara, la semana trajo una segunda revelación. El propio ministro Rabat confirmó que su cartera firmó decretos que entregan el mismo beneficio a exmilitares de Punta Peuco condenados por secuestro y tortura durante el régimen militar. Amnistía Internacional advirtió que, de confirmarse, esto vulneraría las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile.
Que ambas cosas aparezcan juntas no es una coincidencia que se pueda ignorar. Niñas y niños violados y torturadores de la dictadura, beneficiados por el mismo mecanismo, bajo el mismo gobierno. Los dos grupos comparten algo: son víctimas cuya justicia se negoció hacia abajo. Para quienes sufrieron, una rebaja no es un número en un decreto; es saber que el agresor sale antes de lo que dijo el tribunal.
Ahora el gobierno promete respaldar iniciativas parlamentarias para evitar que esto vuelva a ocurrir. Es una buena noticia, pero llega tarde, y llega porque hubo escándalo, no porque hubiera convicción. Cerrar la puerta después de que salieron 56 no devuelve nada.
La confianza pública se construye con coherencia entre lo que se promete y lo que se firma. Aquí la distancia entre ambas cosas es de 56 decretos. Y detrás de cada decreto hay una familia a la que el Estado le dijo una cosa en la sentencia y otra, después, en público.
