La situación que viven las personas privadas de libertad se encuentra al límite de lo éticamente permitido. Las cárceles de Chile se han transformado en verdaderos “centros de tortura”, muchas veces valiéndose de la invisibilidad en la política pública, las comunicaciones y el fuerte desprecio social que recae en estos recintos y sus reclusos, variables que han transformado los centros penitenciarios en lugares de atropellos de los derechos humanos en plena democracia de un Chile 2020 que pretende crecer.

Es fuertemente preocupante, como jóvenes ilusionados en un desarrollo laboral y académico se transformen con el pasar de los tiempos en torturadores, verdugos y seres perversos alimentados de la violencia.

Lo anterior nos hace pensar en el daño país que tenemos como sociedad y, a la vez, en la miseria que esconde la pobreza y desprotección.

Pensar que en un escenario como las cárceles chilenas se pueden dar la bien llamada reinserción es una simple utopía de un sistema colapsado y del cual nadie quiere hacerse responsable. Dejando en un péndulo la vida y la integridad, no solo de todos los que cohabitan el mundo carcelario, sino también, a la familia de reclusos, gendarmes, profesionales y técnicos que se desempeñan en este recintos de opresión y experimento social.

La violencia no se ha detenido y tampoco ha disminuido, quedando en evidencia toda su perversión durante la crisis social que cruza nuestro país en la cual, lamentablemente, desde un enfoque punitivo, vemos cómo el gobierno actual del Presidente Piñera y su gabinete intenta resolver los problemas sociales y la deficiencia del manejo de la pandemia en penas de cárcel y castigo.

Hoy resulta importante revisar el tema penitenciario, ya que el sentido común, que nos hace pensar que en las cárceles están los antisociales de este país, se rompe cuando acá no solo se encarcela la pobreza sino también el hambre.

Ejemplo de la tortura que se presenta al interior de Gendarmería es la sufrida por el ex recluso y hoy activista en derechos humanos penitenciarios, Carlos Espínola Robles quien señala:

 “Antes de salir estuve 7 meses encerrado en una cárcel bajo el sonido incansable de una gotera. El daño físico que me dejó esta situación me acompañará toda la vida, a su vez el impacto en mi familia fue mayor”.

Para Espínola, la cárcel no distingue entre etnia, religión, orientación sexual, ahí simplemente las personas se transforman en elementos de experimentación sobre los cuerpos.

La Corte de Apelaciones de Santiago instruyó a Gendarmería el cierre del módulo Alfa Colina dos al constatar la vulneración a la constitución y al reglamento interno de la institución, caso llevado en ese entonces por el actual diputado Hugo Gutiérrez y Boris Paredes, en representación de Carlos Espínola Robles y otros internos.

Los antecedentes de violación a derechos humanos parte desde la creación de las cárceles en Chile son históricos, entregando material suficiente para un centro de memoria carcelaria en donde se documenten los atropellos a los derechos humanos al interior de los recintos de reinserción social. Sin embargo, llama la atención el desconocimiento de los otros poderes del Estado en torno a esta materia.

Frente a esto, en consulta a un alto representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual señala que “levantan la información, realizan la denuncia y Fiscalía en un gesto casi recurrente y deportivo hace escaso seguimiento a las miles de causas, presentadas por el organismo, priorizando al parecer, el cierre de la carpeta investigativa”, dando cuenta de la existencia de vicios en el sistema que deben ser erradicados, ya que ningún país democrático puede avanzar con torturas y más aún cuando se habla de crímenes que pueden ser sancionados en cualquier corte internacional.

Si bien, los cientistas sociales podemos afirmar que nadie soñó con ser parte de la cárcel, no podemos ignorar que vivimos en una sociedad que establece el camino para que ello se cumpla, la marginación, segregación, violencia y olvido de los sectores más vulnerados de nuestro país han pavimentado el camino para la concreción del delito, restarle responsabilidad a la sociedad de los presos de Chile sería una mirada miope para la solución.

Hoy al parecer todo espacio de reclutamiento social se ha transformado en el nuevo negocio de los empresarios, un negocio inescrupuloso, donde la vida pasa a segundo plano y el valor por el dinero fuese su eje principal. Esto nos puede abrir una puerta a la vulnerabilidad mayor, tal como pasó con la privatización de las carreteras, si bien los puntos de comparación en términos sociales no tiene justificaciones, acá el reparo está en el negocio y lucro por sobre las vidas, tal como las carreteras necesitaron más autos para lograr sus ganancias, incentivando la venta de ellos, la privatización requiere más presos para justificar sus cárceles, desde los constantes mensajes de criminalización del Gobierno de turno tienen, el sentido empresarial de abastecer las cárceles y obtiene buenos dividendos económicos.

Lo privatizado que tiene nuestra sociedad, ha dejado el valor de la vida por debajo del valor del dinero, las cárceles de Chile. Los atropellos son variados y al parecer la responsabilidad social que tenemos como país, queda encerrada al mismo momento que se entrega la sentencia, dejando en total desprotección social a reclusos, gendarmes, profesionales y técnicos que viven bajo el mismo techo.

La pandemia que azota nuestra región y sobre todo a nuestro país, ha dejado al descubierto las falencias que se instalan con la (in)justicia social y la falta de oportunidades que enfrentamos como sociedad, dejando a una parte mínima de la población colmada de privilegios y otra parte más bien observadores de los mismos, obligándolos a estos últimos a ser futura población penal.

En la actualidad la población recluida en sus distintas modalidades llega a un total de 38.834 personas, de las cuales 24.264 se encuentran en cárceles tradicionales y 14.570 en recintos concesionario, cifras entregadas en Gendarmería de Chile en su página oficial. Si a esta población sumamos las personas que trabajan directa o indirectamente con la población recluida, finalmente superamos las 50 mil personas, es decir más de 50 mil familias relacionadas directamente con la situación que se vive en las cárceles de Chile. Dato no menor para hacernos responsable no solo de la víctima y su necesidad de justicia, sino también del victimario.

Esto nos coloca frente a un nuevo desafío, podemos seguir avanzando en una sociedad que todo lo resuelve con la sanción penal y la privación de derechos y libertades, sin reconocer que llenando las cárceles no se han solucionado el problema principal para lo que fueron diseñadas.

Es posible que sigamos aumentando la población penal, sin hacer las distinciones correspondientes para asegurar que el delito cometido sea realmente sancionado, según lo que establece la Ley Penal y no la “ley sin límites” que se vive en los recintos penitenciarios, lo cual muchas veces transforma a los mismos funcionarios en víctimas y victimarios en el ejercicio de la profesión.

Hoy en tiempos de pandemia, resulta vital hacer un alto, detenernos en esta población penal y revisar las vulnerabilidades que se enfrentan a diario en los recintos. Las cárceles de Chile hoy tienen presos y vulnerados a gendarmes, profesionales, población penal y familia de los antes mencionados.

También parece relevante la creación de la Mesa de Derechos Humanos y Cárceles, impulsadas por Claudia Dides en representación de la Senadora Adriana Muñoz y Carlos Espínola por la red Libertad y Dignidad, en la cual también trabaja su agrupación, Libertad sin Cadenas.