Administrador Público
Chile no enfrenta hoy una crisis económica en el sentido clásico del término. La inflación, que llegó a bordear el 14 % tras la salida de la pandemia, ha sido contenida y hoy se ubica en torno al 3,4 %, uno de los principales logros macroeconómicos del último ciclo. No hay hiperinflación, no hay colapso productivo ni un desorden fiscal fuera de control. Sin embargo, este orden se ha construido a un costo social elevado. La economía muestra un desempleo cercano al 8,4 % y un empleo informal que alcanza aproximadamente al 26 % de los ocupados, lo que da cuenta de un mercado laboral frágil y de baja calidad. Lo que existe, entonces, no es una crisis abierta, sino algo más delicado: una recuperación frágil, levantada tras un ajuste duro que ya fue pagado por la ciudadanía y que hoy se sostiene, casi exclusivamente, en la demanda interna. Ese es el dato central que debería ordenar cualquier debate serio sobre el rumbo económico hacia 2026.
La Encuesta CASEN 2024 confirma con claridad los límites de esta recuperación. El 17,0 % de los hogares en Chile vive en situación de pobreza por ingresos, lo que equivale a 1.213.201 hogares. De ellos, 6,9 % se encuentra en pobreza extrema, es decir, cerca de 495 mil hogares que no logran cubrir siquiera una canasta básica de subsistencia. Dicho de otro modo, uno de cada seis hogares vive al límite, incluso en un escenario de inflación controlada y estabilidad macroeconómica.
Si se amplía la mirada, el cuadro es aún más exigente. La pobreza multidimensional —que mide carencias simultáneas en educación, salud, vivienda, trabajo y redes sociales— alcanza al 13,4 % de los hogares y al 17,7 % de las personas, lo que representa más de 3,4 millones de personas con privaciones reales en su vida cotidiana. Estos datos muestran una verdad incómoda: la estabilidad macroeconómica no se traduce automáticamente en bienestar social, y la vida sigue siendo frágil para una parte significativa del país.
En este contexto, la demanda interna aparece como el principal sostén del equilibrio económico. Según la CEPAL, en 2024 el crecimiento del PIB chileno fue de 2,3 %, y 1,8 puntos porcentuales de ese crecimiento provinieron del consumo privado. En 2025, el aporte del consumo bajó a 1,6 puntos, y para 2026 se proyecta en torno a 1,4 puntos, con un crecimiento total cercano al 2,3 %. La lectura es simple: Chile crece poco, pero crece gracias al consumo de los hogares. No por un boom exportador ni por una expansión acelerada de la inversión privada, sino por el mercado interno.
Ese mercado interno, sin embargo, no es robusto. La CASEN 2024 muestra que la mejora de ingresos observada desde 2022 se explica en buena medida por transferencias estatales y el aumento del salario mínimo, más que por una expansión sostenida del empleo formal y de calidad. El mercado laboral sigue siendo el eslabón más débil del modelo, y cualquier debilitamiento de la demanda interna impacta primero en el empleo precario.
De acuerdo con datos del INE, cerca del 26 % de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad, cifra que es aún mayor entre mujeres, jóvenes y trabajadores de baja calificación. Una parte relevante del empleo creado en la recuperación postpandemia corresponde a trabajo por cuenta propia de baja productividad, que existe, pero no asegura estabilidad ni protección social. En este escenario, reducir el consumo o el gasto público no “ajusta” la economía: precariza aún más el empleo y empuja a más personas hacia la informalidad o la cesantía.
Este dato es clave para comprender el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. Las PYMES concentran cerca del 65 % del empleo en Chile y dependen casi por completo del mercado interno. No acceden a financiamiento barato internacional, no exportan materias primas estratégicas y no pueden resistir caídas prolongadas del consumo. Su principal activo es que las personas tengan ingresos y gasten.
Aquí suele instalarse una confusión deliberada en el debate público. Hoy, las pequeñas y medianas empresas ya cuentan con una tasa reducida del Impuesto de Primera Categoría, que para el ejercicio 2025 fue rebajada transitoriamente al 12,5 %, como medida de apoyo a la recuperación. Las grandes empresas, en cambio, tributan al 27 %. Es decir, el alivio tributario para las PYMES ya existe. El problema central que enfrentan no es el impuesto, sino la debilidad de la demanda.
Por eso, una política que reduzca el gasto público, la inversión estatal o el empleo no “libera” a las PYMES: les quita clientes. Cada recorte se traduce en menos circulación de recursos en los territorios, menos ventas para el comercio local, menos contratos para servicios y, finalmente, más informalidad y mayor cesantía. El ajuste no se queda en el Excel fiscal: baja directamente al barrio.
Aquí cobra pleno sentido la advertencia desarrollada en el documento “Gobernar sin crisis: el riesgo de fabricar una crisis artificial II”. Ajustar cuando no hay crisis puede ser tan dañino como no ajustar cuando la crisis existe. Hoy, los datos muestran que la economía está ordenada, pero socialmente tensionada. Fabricar una crisis mediante shocks innecesarios no fortalecería la confianza ni aceleraría el crecimiento: trasladaría el ajuste a los hogares que ya pagaron el costo del control inflacionario.
La CASEN 2024 confirma que no existe colchón social para absorber un nuevo ciclo de contracción. Los hogares de menores ingresos no tienen ahorro significativo, enfrentan altos niveles de endeudamiento y dependen del empleo y del gasto público para sostener su consumo. Con más de 3,4 millones de personas en pobreza multidimensional y uno de cada seis hogares bajo la línea de pobreza por ingresos, el margen de error es mínimo.
Defender la demanda interna hoy no es inmovilismo ni populismo. Es prudencia económica basada en evidencia. En un país donde el desempleo bordea el 9,4 %, donde el 26 % del empleo es informal, donde las PYMES dependen del mercado interno y donde la recuperación sigue siendo frágil, debilitar deliberadamente el principal motor disponible es una apuesta de alto riesgo social, económico y político.
La estabilidad existe, pero es inestable. Y cuando se gobierna en equilibrio frágil, el empleo es la primera variable que se rompe. Lo demás viene después.
Fuentes consultadas:
- Encuesta CASEN 2024, Ministerio de Desarrollo Social y Familia
- Resultados de Ingresos, Pobreza por Ingresos, Pobreza Multidimensional y Pobreza Severa, CASEN 2024
