La extrema derecha no gana porque mienta mejor, sino porque habla el idioma de una ciudadanía formada para consumir certezas, no para deliberar derechos.
Administrador Público
La publicación de los resultados de la Encuesta CASEN 2024, junto con los informes recientes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vuelve a instalar una paradoja que atraviesa hoy a la sociedad chilena: el país exhibe indicadores macroeconómicos relativamente estables mientras la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales se define por la fragilidad, el cansancio y la inseguridad. Chile crece —poco o moderadamente—, pero no logra traducir ese crecimiento en bienestar social ni en ciudadanía sustantiva.
Esta disociación no es meramente técnica. Es política. Y, más profundamente, es una crisis de racionalidad pública. La economía puede mostrar cifras “en azul” mientras la vida social se precariza, porque el modelo de desarrollo chileno ha sido capaz de ordenar balances, pero no de construir seguridad vital ni sentido de pertenencia democrática.
Crecimiento económico y precariedad estructural
El BID proyecta a Chile como un actor confiable en la transición energética y en los flujos de inversión regionales. Sin embargo, los datos que emergen desde la Encuesta de Bienestar Social (EBS) y la CASEN 2024 revelan una realidad menos optimista: el 74,1% de los hogares declara que no podría sostener su vida ante un shock económico inesperado, como una enfermedad grave o la pérdida del empleo.
Este dato no habla de pobreza clásica por ingresos, sino de fragilidad estructural pos estallido y postpandemia. La economía funciona, pero lo hace sobre una base social inestable, sostenida por endeudamiento, informalidad laboral y un mercado interno debilitado. Cerca de un 26% de la fuerza de trabajo se desempeña en condiciones precarias o informales, muchas veces vinculadas a plataformas digitales que externalizan el riesgo hacia los individuos. A ello se suma la estructura de empleabilidad que ofrece la micro y mediana empresa en Chile, que absorbe cerca del 65% de la fuerza laboral.
Al mismo tiempo, el crecimiento proyectado para 2026 —entre un 2% y un 3%— resulta insuficiente si no se altera la matriz distributiva. Como advertía Zygmunt Bauman, en las sociedades contemporáneas la promesa de seguridad fue reemplazada por una gestión permanente de la incertidumbre. El resultado es una población que consume, pero no se siente protegida; que trabaja, pero vive endeudada; que vota, pero no delibera.
Este escenario permite comprender el tránsito descrito por Byung-Chul Han desde la “sociedad disciplinaria” hacia la sociedad del cansancio. El sujeto ya no se siente oprimido por una autoridad externa, sino agotado por la autoexigencia constante de sobrevivir en un entorno competitivo, inestable y sin red de seguridad efectiva. En ese contexto, la ciudadanía social —aquella que Jürgen Habermas concebía como base material y deliberativa de la democracia— se vacía progresivamente.
La democracia chilena persiste como una democracia de baja intensidad: mantiene el procedimiento electoral, pero pierde densidad como experiencia colectiva. El ciudadano se transforma en usuario de servicios y en consumidor endeudado. La política deja de ser un espacio de deliberación sobre el bien común y se convierte en una administración técnica de carencias.
Inseguridad, castigo y soluciones simples
La CASEN 2024 muestra además un aumento sostenido de la percepción de inseguridad, particularmente en barrios populares atravesados por balaceras, narcotráfico y ausencia estatal, particularmente en presencia policial y control territorial. Este fenómeno no puede leerse solo como un problema policial, sino como una consecuencia directa de la erosión del tejido social y de la retirada del Estado en ámbitos clave de la prevención y la protección.
Cuando el Estado no puede garantizar salud, educación, pensiones, seguridad social o combate a las bandas delictuales organizadas, emerge una demanda sustitutiva: castigo. Aquí se vuelve central el aporte de George Lakoff. En contextos de fragilidad, el marco cognitivo del “Padre Estricto” se vuelve políticamente eficaz: orden, disciplina y sanción aparecen como respuestas inmediatas a problemas estructuralmente complejos.
No es que la ciudadanía se vuelva irracional. Como plantea Pablo Stefanoni, asistimos al auge de populismos de derecha que ofrecen soluciones simples a problemas complejos: endurecer penas, cerrar fronteras, identificar chivos expiatorios. Estas narrativas no niegan la democracia formal; la reconfiguran emocionalmente, desplazando el conflicto social hacia marcos morales de obediencia y culpa.
El perdón funcional y la posverdad
En este escenario, el uso político del perdón adquiere una función específica. Ese “padre, perdonalos, no saben lo que hacen”, analizado desde Hannah Arendt, deja de ser una reflexión ética para convertirse en un dispositivo funcional: se invita a la ciudadanía a perdonar la violencia estructural del sistema a cambio de una promesa de orden y libertad individual —emprender, competir, ‘ser tu propio jefe’.
Ese reencuadre moral no opera en el vacío: se vuelve verosímil cuando la institucionalidad judicial —tribunales, jueces y doctrinas de orden heredadas— tiende a traducir el conflicto social en control y disciplina más que en garantía efectiva de derechos. Casos de brutalidad policial, fallos judiciales indulgentes o defensas públicas que desplazan la responsabilidad hacia chivos expiatorios muestran cómo la posverdad opera como marco defensivo, amplificado por los algoritmos de redes sociales que no están diseñados para cuidar y promover la democracia. No se niegan los hechos; se relativizan, se contextualizan emocionalmente y se subordinan a un relato de persecución. La responsabilidad pública se disuelve en narrativa.
Este desplazamiento tiene efectos profundos: debilita la racionalidad pública y refuerza la percepción de que las élites no rinden cuentas, sino que se justifican. En contextos de desigualdad persistente, esta percepción alimenta aún más la adhesión a proyectos que prometen una gobernanza de orden inmediato.
Chile 2026: entre ciudadanía y desgaste
El dilema que enfrenta Chile hacia 2026 no es simplemente económico ni electoral. No se trata de crecer un poco más o administrar mejor el mismo modelo, sino de reconstruir ciudadanía social. Superar el neoliberalismo no equivale a cumplir metas macroeconómicas, sino a garantizar condiciones materiales que hagan posible la deliberación democrática.
Mientras el bienestar dependa de la caridad del mercado y no de derechos efectivos, el crecimiento seguirá conviviendo con la fragilidad. Y ese vacío seguirá siendo ocupado por populismos que ofrecen soluciones simples a problemas complejos.
La democracia chilena no está siendo derrocada; está siendo vaciada. Y cuando la democracia se vacía, no desaparece de inmediato: se transforma en un procedimiento sin contenido. Reconstruirla exige algo más que buenos números. Exige volver a poner la vida social, la seguridad vital y el cuidado de lo común en el centro del proyecto democrático.
“Sin ciudadanía social, no hay democracia que resista.”
